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En lo que va de 2019, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) “destinó 850 millones de pesos para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que son 6.351 afiliados”, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt. La obra social “nunca abandonó a las instituciones ni dejó de cumplir con los pagos al conjunto de afiliados”, aseguró el funcionario.

En estos nueve meses de 2019, el Iosper “invirtió en salud de los afiliados con CUD una cifra muy significativa, que representó un enorme esfuerzo e inmenso sacrificio de la obra social dado el contexto económico del país, ya que hubo una fuerte inflación y una devaluación terrible del dólar, variables que afectaron directamente al monto de las prestaciones asistenciales y de los medicamentos, prótesis e insumos”, indicó el funcionario.

En ese sentido, detalló que en lo que va de 2019, la obra social de los trabajadores públicos entrerrianos “destinó 850 millones de pesos para personas con CUD, que son 6.351 afiliados”, y precisó que ese monto “representa el 15,5 por ciento del Presupuesto prestacional anual total de la obra social del 2019”.

Al respecto, precisó que desde enero a septiembre “en reintegros asistenciales se pagaron 302 millones de pesos; 190 millones de pesos en medicamentos (ya que de los 6.351 afiliados con CUD, 2.500 deben ser tratados farmacológicamente); 14 millones de pesos mensuales en internaciones en distintos sanatorios y clínicas de la provincia para 415 afiliados, que totaliza 145 millones de pesos; a escuelas especiales (para 175 afiliados) se abonó 30 millones de pesos; y 47 millones de pesos en prestaciones de kinesiología”.

En ese marco, el contador remarcó que hay una política de cuidado del afiliado con discapacidad y señaló que los problemas que poseen instituciones ajenas a la obra social no son por falta de inversión de Iosper, sino que son ajenos a la institución: “Es de público conocimiento que el Estado nacional hace meses que no manda las partidas de los programas de discapacidad por lo que muchas instituciones vinculadas a este tema vieron seriamente resentido en su economía y finanzas”.

Iosper “nunca abandonó a las instituciones ni dejó de cumplir con los pagos al conjunto de afiliados y, particularmente, a quienes poseen alguna discapacidad”, subrayó el gerente de Administración del organismo, quien aclaró que la emergencia que declaró la obra social no implicará el corte de prestaciones. “Cuando el gobierno nacional decretó la emergencia alimentaria no lo hizo para que la gente no coma sino para garantizar los recursos con los que cuenta enfocados en ese sentido y la emergencia prestacional que Iosper estableció (mediante la Resolución 1682) tiene como fin, como espíritu, garantizar las prestaciones de salud ante riesgo de vida de los 300.000 afiliados de la obra social, es decir, que tengan los medicamentos para sus patologías, las internaciones en clínicas y sanatorios, médicos que los atiendan, anestesistas, bioquímicos y las prótesis, lo que significa que los recursos están concentrados en estas seis prestaciones. Las demás prestaciones serán pagadas a medida que los recursos ingresen”, aclaró.

La emergencia “atraviesa a todo el sistema sanitario argentino, que está en serio riesgo”, dijo el contador, quien precisó que las nuevas patologías y métodos con las nuevas tecnologías “la obra social debe enfrentarlos con los mismos recursos presupuestados, que no se actualizan por el valor del dólar ni de la inflación, sino con el aporte personal y patronal de los empleados públicos que varían según los incrementos salariales de la masa de los trabajadores que fija el gobernador, mientras que el valor de las prestaciones asistenciales se mueven a un ritmo más acelerado por dos variables (devaluación e inflación) que no manejan ni el gobernador ni las autoridades del Iosper”.

Schmidt señaló que, “como dice el presidente del directorio Obrero de la Obra Social, Fernando Cañete, no hay que pensar en todo para todos, sino en todos”.