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#Agro: No habrá límite de toneladas diarias para exportación de maíz

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció que a partir del acuerdo alcanzado con la CAA, se sustituirá «el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado».

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

De esta manera, la cartera agropecuaria dejará sin efecto el límite fijado el lunes, cuando decidió levantar la suspensión del registro de exportaciones de maíz para los embarques previos al 1 de marzo próximo, tras alcanzar un acuerdo con el sector privado en el cual se impulsarán herramientas que aseguren el abastecimiento interno y el desacople del cereal de los precios internacionales.

El entendimiento se alcanzó en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, con los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En un comunicado, la cartera agropecuaria detalló que el acuerdo con el sector privado comprendió cuatro puntos, entre los que sobresale la decisión de «sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado».

También acordaron «consensuar» un entendimiento de largo plazo «con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa Precios Cuidados».

Al respecto, se habló como ejemplo de «la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz».

Adicionalmente, se comprometieron a «proveer de la herramienta del Fondo de Garantia (Fogar) a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo», como así también «proveer y fomentar la herramienta de warrant».

Al respecto, Basterra destacó que «estos encuentros permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional».

«Para el Gobierno nacional es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el Ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo», concluyó el ministro.

Por su parte, en representación del CAA, José Martins señaló que «lo primero que se debe destacar y celebrar es la voluntad de diálogo que es lo único que construye en este país: dialogar, proponer y llegar a acuerdos».

«Desde el sector privado hemos conformado una mesa intersectorial del maíz, con la representación de más de 32 entidades del sector, con quienes vamos a trabajar con el compromiso de encontrar herramientas que permitan desacoplar el buen momento que estamos atravesando en términos de precios internacionales, que es positivo porque es generación de divisas, pero también somos conscientes que esto impacta en los precios internos», señaló.

El 30 de diciembre, el Ministerio decidió suspender el registro de nuevas operaciones de ventas al exterior de maíz para embarques previos al 1 de marzo, para así asegurar el abastecimiento del mercado interno, indicó la cartera a su momento.

Esta restricción motivó el rechazo de gran parte del sector, al punto que tres de cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace – Coninagro no adhirió – convocaron a un cese de comercialización de granos, que comenzó este lunes y finalizará este miércoles.

Si bien la agrupación ruralista remarcó el alto acatamiento, representantes del transporte de granos pusieron en duda tal afirmación.

En diálogo con Télam, el vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos, Pablo Agolanti, aseguró que “no se siente” el cese de comercialización y que “la cantidad de camiones que llevan los granos a los puertos es la misma de siempre”.

“Lo que se está viendo por los arribos de los camiones a puertos es que la situación es normal para la fecha en la que estamos. Ayer ingresaron más de 3.000 camiones y se descargaron. Y hoy, por los turnos tomados, más de 3.600 camiones están llegando a puerto sin ningún tipo de problema”, indicó Agolanti.

Hasta el momento, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA) no comunicaron de manera oficial que se levante la medida de fuerza ante la eliminación del tope en el registro de exportaciones.

Por parte del Gobierno nacional, acompañaron a Basterra el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta; el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alós; el subsecretario de Coordinación Política de la cartera agropecuaria, Ariel Martínez; y la Subsecretaria de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, María Grosso.

Por el lado de los privados, estuvieron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el presidente de Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras; el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech; el coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Quiesa; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica.

Agro

#Creciente: Se decretó la emergencia agropecuaria para ganaderos y apicultores de islas y anegadizos

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El Gobierno de Entre Ríos declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario desde el 1º de agosto de este año y hasta el 31 de julio de 2027. La medida comprende a las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

Tal determinación se formalizó a través del decreto 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y sus ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y se sostiene en el evento de inundación por crecida de los ríos Paraná y Uruguay. En ese marco, se informó que el ministro Bernaudo inició las gestiones para la declaración de la emergencia ante el Poder Ejecutivo Nacional.

El decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para que disponga el diferimiento de los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2026 y 2027, al 31 de enero de 2028, para aquellos vencimientos que operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o desastre agropecuario.

Se establece además, para las y los productores comprendidos, un plan especial opcional de facilidades de pago para la cancelación de los anticipos. Dicho plan consistirá en hasta tres cuotas mensuales consecutivas y sin interés de financiación, venciendo la primera el 10 de marzo de 2028. Y se condonan las multas e intereses generados por el cumplimiento fuera de término ahí devengados, entre dichas fechas y la fecha de vencimiento de los anticipos del Impuesto Inmobiliario prorrogado.

En otro tramo de la norma se especifica que quedan eximidos del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural con vencimiento dentro del período declarado en emergencia y desastre agropecuario aquellos contribuyentes que se encuentre en situación de Desastre Agropecuario según los alcances de la ley provincial N° 10.836 y su modificatoria, la ley N° 11.070. El porcentaje de la exención dispuesto será el equivalente al porcentaje de perdida declarado en el certificado de desastre que en cada caso se otorgue a las y los productores damnificados.

Para quedar comprendidos en el alcance de la emergencia, las y los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos; firmada por un profesional de las ciencias agropecuarias matriculado, y certificada por una entidad pública o privada representativa o vinculada al sector afectado. Con tal instrumento, desde el Ministerio de Desarrollo Económico se confeccionarán los certificados necesarios para acceder a los beneficios previstos en el decreto.

Los argumentos

La determinación es resultado de la evaluación de la situación hídrica que se realizó en el ámbito de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Se consideró que el fenómeno de inundación afecta la capacidad productiva de la actividad ganadera y apícola en la zona de influencia de los ríos Paraná y Uruguay. Y se respalda en informes específicos de expertos ligados al Instituto Nacional de Agua (INA); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria; la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa); las direcciones de Hidráulica y Obras Sanitarias, Producción Animal; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y; Prefectura Naval Argentina.

En particular y en lo que respecta a la producción ganadera, se informó que se han ocasionado importantes perjuicios económicos y productivos, derivados, entre otros factores, de la disminución de la productividad, la reducción del precio obtenido por ventas forzosas de hacienda, los mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento de campos receptores, así como las dificultades operativas y sanitarias asociadas al retiro y reubicación de los animales, estimándose una afectación superior al 50 por ciento de la capacidad productiva. Acerca de la apicultura se describen afectaciones sobre los apiarios emplazados en las zonas de humedales, islas y franjas costeras, incluyendo pérdidas directas, dificultades para el retiro y reubicación de las colmenas y consecuencias productivas, sanitarias y económicas derivadas de la inundación.

Otro punto considerado para tomar la medida es que mediante el decreto 2660, del 29 de agosto de 2026, ya se ha declarado el estado de emergencia hídrica en la totalidad del territorio entrerriano; a fin de implementar acciones conducentes para la prevención, mitigación de efectos y daños que se pudieren suscitar o se produzcan sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas, en razón del escenario hidrometeorológico extraordinario identificado como fenómeno de El Niño.

En consecuencia, y ante la gravedad de los daños informados, de carácter excepcional, se concluye que estos afectarán de manera significativa el desempeño económico de los productores ganaderos y apícolas en el área impactada y que por su magnitud dificultarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crediticias a los actores involucrados, resultando procedente dictar un instrumento legal que formalice la entrega de certificaciones oficiales a los productores afectados.

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#Hernandarias será sede de una jornada de capacitación sobre manejo de cultivos

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Productores y técnicos agrícolas de Villa Hernandarias y la región se reunirán para participar de una charla informativa sobre manejo de cultivos. La actividad propone un espacio de encuentro, actualización e intercambio de conocimientos acerca de los principales desafíos de la producción agrícola actual.
El encuentro está destinado a productores, profesionales del sector y a todas aquellas personas interesadas en la temática. Durante la jornada, los asistentes podrán informarse, despejar dudas y compartir experiencias de trabajo junto a profesionales de la zona.
La propuesta busca fortalecer el desarrollo productivo local mediante el debate de herramientas de gestión y técnicas agrícolas. Los interesados en obtener más información o realizar la inscripción previa pueden comunicarse al teléfono +54 9 3435 30-4850.

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#Entre Ríos La provincia impulsa acciones para la conservación de los suelos

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En el Día Nacional de la Conservación del Suelo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca pone en valor las acciones que lleva adelante para promover el manejo sustentable de este recurso estratégico para la producción agropecuaria.

Cada 7 de julio se conmemora el Día Nacional de la Conservación del Suelo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de preservar uno de los recursos naturales más valiosos para la producción, la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas. La fecha fue instituida mediante el Decreto Nacional Nº 1.574/1963, en homenaje al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, considerado pionero en la conservación de suelos y promotor de prácticas destinadas a prevenir su degradación. A través de la Dirección de Recursos Naturales, el gobierno provincial reafirmó su compromiso con la implementación de políticas públicas que promueven el manejo sustentable del suelo y fortalecen la producción agropecuaria entrerriana.

El suelo constituye mucho más que la base de la producción agropecuaria. Es un recurso natural esencial para la vida, cuya conservación resulta indispensable para sostener la productividad, preservar la biodiversidad, proteger el patrimonio ambiental y garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. Frente a los procesos de degradación y erosión que afectan a distintas regiones del país, su manejo responsable representa uno de los principales desafíos para la producción agropecuaria. En este sentido, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, destacó que «la conservación del suelo constituye una política estratégica para el desarrollo productivo de Entre Ríos. Cuidar este recurso es preservar el potencial de nuestra provincia y acompañar a los productores en la construcción de sistemas cada vez más eficientes y sustentables».

Entre Ríos posee una reconocida trayectoria en materia de conservación de suelos. A través de la Ley Provincial N° 8.318, modificada posteriormente por la Ley N° 10.650, la provincia impulsa la ejecución de prácticas y obras destinadas a prevenir y controlar los procesos erosivos, promoviendo un manejo adecuado del recurso mediante incentivos para los productores. La normativa contempla beneficios de hasta un 70 por ciento de descuento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural durante ocho años para quienes implementen planes conservacionistas aprobados por la autoridad de aplicación. Entre las prácticas promovidas se encuentran la elaboración de Planes Conservacionistas de la Producción Agropecuaria, la sistematización y manejo de terrazas, la ejecución de obras de drenaje sostenible y la implantación de pasturas permanentes, acciones que contribuyen a disminuir la erosión, mejorar el aprovechamiento del agua y conservar la fertilidad de los suelos.

Estas herramientas no sólo generan beneficios económicos para los establecimientos agropecuarios, sino que también fortalecen la sustentabilidad de los sistemas productivos, preservando un recurso que forma parte de la identidad productiva, social y ambiental de Entre Ríos.

Desde la Dirección General de Recursos Naturales y Fiscalización recordaron que los productores interesados en acceder a los beneficios previstos por la normativa vigente pueden presentar, a través de un ingeniero agrónomo habilitado, proyectos de conservación de suelos para su evaluación y aprobación.

Quienes deseen obtener mayor información o asesoramiento pueden comunicarse con la Dirección General de Recursos Naturales y Fiscalización mediante el correo electrónico recursosuelos@gmail.com o al teléfono (0343) 4227398.

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