Con el objetivo de empezar las clases presenciales a partir del 1 de marzo, el Consejo General de Educación (CGE) trabaja en la elaboración de un diseño institucional y pedagógico bimodal y a través de la conformación de grupos para reducir la posibilidad de contagios.
En el marco del inicio del ciclo lectivo, pautado en la provincia para el lunes 1 de marzo, y con el objetivo puesto en las clases presenciales para todos los estudiantes entrerrianos, el Consejo General de Educación trabaja en un documento de orientación para la organización administrativa, pedagógica, institucional y curricular complementarias a las ya establecidas en el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales aprobado el año pasado y a través del cual se volvió a las aulas de manera gradual desde octubre.
Conformes a la evolución de la pandemia, el CGE está abocado a la planificación de diferentes formatos de organización de las clases y agrupamiento de los estudiantes para construir un nuevo espacio escolar, donde el cuidado de la salud continúe siendo una prioridad.
Uno de los aspectos puntuales es la conformación de grupos de 15 estudiantes como máximo, tratando de priorizar el agrupamiento por ciclos y espacios curriculares afines. En los casos de grupos numerosos se optará por un sistema bimodal entre presencialidad y virtualidad, alternando una semana cada uno. Además, el ingreso y egreso de estudiantes se deberá programar en diferentes horarios o por distintos accesos, si es que el edificio cuenta con ellos, como así también los recreos.
“Garantizar la presencialidad de nuestros estudiantes es prioritario”, aseguró el director general de escuelas de Entre Ríos, Martín Müller y agregó que “el proceso gradual de reanudación de clases presenciales debe ser definido en función de la dinámica inédita que impone el avance de la pandemia en términos sanitarios, así como también de los graves efectos y riesgos que representa para la población infantil y adolescente la no presencialidad, sin desconocer el esfuerzo enorme realizado por estudiantes, familias y docentes durante este tiempo para mantener la continuidad pedagógica”.
En ese sentido de progresividad, las diferentes direcciones del CGE trabajan en pautas generales y en cuestiones específicas para cada nivel y modalidad.
En todos los casos el uso de tapabocas será excluyente, como así también las medidas de higiene y seguridad establecidas en el protocolo vigente, implementado con éxito desde el regreso escalonado de la presencialidad en la provincia en octubre y que tuvo continuidad con las acciones de verano que actualmente se desarrollan en Centros de Educación Física de 14 departamentos.
“Estamos definiendo un plan minucioso de presencialidad de acuerdo a la diversidad de la provincia y de nuestras escuelas, que será puesto a consideración con los actores sindicales para encontrar los consensos necesarios”, aseguró Müller.
Inversión
Para garantizar la higiene y seguridad, el Gobierno de Entre Ríos invierte 260 millones de pesos desde el inicio de la pandemia con intervención de obras en 420 edificios escolares -finalizados y en ejecución- con el siguiente detalle: Plan Verano (125 millones de pesos en 244 escuelas); Programa 37 de reparaciones menores (43 millones de pesos en 168 escuelas); Programa de Mejoramiento de Educación Rural (16 millones de pesos en 8 escuelas) y las partidas regulares y extraordinarias de Bienes de Consumo para la compra de productos de limpieza, desinfección e higiene por 76 millones de pesos.
En esa línea de acción y para el reinicio de actividades en febrero, las direcciones departamentales de escuelas proveerán a las instituciones educativas de los recursos necesarios para la compra de insumos.
Continuidad en la presencialidad
Tras la aprobación de la Guía epidemiológica para el regreso seguro a las aulas por parte del Consejo Federal de Educación a principios de octubre pasado, Entre Ríos fue una de las primeras provincias del país en regresar a la presencialidad, el lunes 26 de ese mismo mes.
La decisión del gobierno provincial a través del trabajo articulado entre el CGE y los ministerios de Salud y Planeamiento durante el período de aislamiento y distanciamiento permitió contar con las condiciones necesarias para el pronto regreso de docentes y alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, en ciudades donde la situación sanitaria lo permitió.
En el transcurso de las siete semanas siguientes y en una progresión sostenida, Entre Ríos finalizó el ciclo lectivo 2020 con clases presenciales en 398 escuelas de los 17 departamentos, con 1582 docentes y 5421 estudiantes en las aulas.
Asimismo y en una continuidad de actividades, el lunes 14 de diciembre se iniciaron las acciones de verano en Entre Ríos bajo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para las actividades en pileta y campo. A mitad de enero se desarrollan acciones en 31 Centros de Educación Física y 3 complejos en 14 departamentos de la provincia, adonde concurren 3000 niños, jóvenes y adultos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.
La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un fallo a favor de la educación pública
Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.
El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:
El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.
Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.
Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.
El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.
El eje del reclamo: sumas no remunerativas
El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:
FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).
Conectividad (CPC).
Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.
Impacto en jubilados y aportes patronales
La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:
Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.
Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.
Un escenario de ruptura
Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».
Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.
El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.
La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.
En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.
Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.
El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.
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