Con la rúbrica del Decreto 3460, el gobernador Gustavo Bordet aprobó el Plan de Facilidades de Pagos para cancelar deudas generadas en el plazo de vigencia de las medidas previstas por el decreto N° 506/20 y su respectiva prórroga.
En el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, este decreto establecía la suspensión de cortes de servicios domiciliarios por redes.
Esta medida apunta a evitar la acumulación de deuda por parte de los usos que ameritan esta especial protección y que se tome muy gravosa la regularización de su situación con las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Paralelamente, faculta al Ministerio de Producción para que en el marco de sus competencias dicte y arbitre las medidas conducentes a efectos que los órganos técnicos competentes procedan con el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias, de carácter transitorio para la efectiva implementación de lo dispuesto en el decreto N° 506/20 MP y sus prórrogas.
El Plan de Facilidades de Pagos aprobado comprende Ios periodos facturados y pendientes de pago cuyos vencimientos hayan operado entre el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Este plazo será extendido excepcionalmente por Resolución deI Ministro de Producción a aquellos usuarios cuya actividad hubiera continuado resentida de forma significativa por la emergencia sanitaria, con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021.
Por otra parte, se establece que para la continuidad y vigencia del Plan de Facilidades de Pagos será condición necesaria para los usuarios mantener aI día el pago de las facturas corrientes que se vayan emitiendo.
También se dispone que aquellos usuarios de las categorías Residenciales y No Residenciales que no estuvieron incluidos en el Artículo N° 2 de la resolución ministerial N°213 MP de 2020, pero que fueron comprendidos por el beneficio de suspensión de cortes en la prestación de servicios, también podrán solicitar la adhesión al Plan de Facilidades de Pagos.
Antecedentes
Esta decisión del Ejecutivo provincial surge de la oportuna adhesión de la provincia al Decreto de Necesidad y Urgencia 311 por el cual se suspendían los cortes de suministro de servicios públicos o esenciales a sectores residenciales y no residenciales afectados por la pandemia.
La provincia adhiere a ese DNU por el decreto 506 y por el mismo se pone como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción en todo lo inherente a la suspensión del corte de servicios, fundamentalmente eléctrico, ya que en Entre Ríos la distribución es provincial.
Entre otras competencias, tenía que generar las condiciones necesarias para brindar un plan de facilidades de regularización de la deuda acontecida en el marco de esa suspensión de corte de ese servicio.
Este decreto que firma Bordet viene a cerrar ese circuito que se inició con la suspensión de los cortes y lo viene a completar generando el plan de facilidades de pago de los usuarios que se acogieron a ese beneficio con las distribuidoras de energía existentes en la provincia, que son Enersa y las distintas cooperativas.
Asimismo, la Norma ratifica que aquellos sectores residenciales y productivos afectados por la pandemia, acceden a un plan de facilidades de pago extendido en el plazo, ya que se puede abonar en hasta 60 cuotas, sino que, y además, cuenta con una tasa de interés subsidiada que es de alrededor del 50 % de la tasa activa del Banco Nación.
O sea, que permite a los titulares un plazo accesible de 5 años para regularizar la situación y mantengan el suministro sin ningún tipo de situación punitiva o de exigencia desmedida del distribuidor y con una tasa sumamente conveniente.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su rechazo a la reducción de lugares de representación en el Consejo General de Educación (CGE) dispuesta por el Decreto Nº 1831/25 y reclamó que se mantenga la actual cantidad de cargos y que se fije, de manera expresa, la fecha de los comicios para renovar a las y los representantes docentes.
Según informó el sindicato, el gobierno provincial convocó a elecciones, pero en el anexo del decreto recorta espacios en distintos órganos del CGE. Entre los ejemplos señalados, se reduce de 5 a 4 la representación en el Jurado de Concursos de Nivel Primario y Secundario, y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Si bien el ajuste alcanza tanto a representantes electos por el voto docente como a los designados por el Poder Ejecutivo, AGMER advierte que la medida “resiente las tareas” del organismo colegiado.
El gremio remarcó que el CGE ya funciona “a contrarreloj” con la estructura vigente y que el sistema educativo entrerriano se distingue por el ingreso y la carrera docente transparentes, vía concursos públicos, emisión periódica de credenciales y garantías de estabilidad. En ese contexto, consideró que la reducción de cargos introduce “piedras en el camino” que terminan banalizando la gestión educativa.
AGMER confirmó, además, que ya realizó sus internas y definió su propuesta de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Gustavo Blanc (Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes plebiscitados por voto directo de afiliadas y afiliados.
El comunicado está firmado por la Comisión Directiva Central de AGMER y por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE. El sindicato insistió en dos pedidos concretos:
Mantener sin cambios la cantidad de cargos de representación en el CGE.
Estipular de manera explícita la fecha de los comicios para este año.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.
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