Las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, y de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presididas por Noelia Taborda y Andrea Zoff, respectivamente, continuarán este martes el debate sobre los proyectos de ley que buscan crear un Régimen de Consorcios Camineros en la provincia. El objetivo es unificar las tres iniciativas presentadas para lograr un dictamen consensuado.

En la reunión participó el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vítor; y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Juan Carlos Lallana y Hugo Reyes. También estuvo presente la diputada Julia Calleros, autora de uno de los proyectos, junto a los del exdiputado Vitor y el exdiputado Néstor Loggio.

La diputada Taborda destacó que el objetivo común es lograr una ley de consorcios para el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, considerados esenciales para la producción, la educación y la salud. “Los tres autores y todos los legisladores que estuvimos en la reunión queremos aportar los mejores nutrientes para que prospere lo que será una herramienta más para el gobierno, en articulación con los privados”, afirmó Taborda.

Durante el encuentro, los diputados abordaron aspectos administrativos y contables relacionados con los trabajos de mantenimiento y reparación vial que la futura norma asignaría a los consorcios camineros. Se prevé una nueva reunión la próxima semana para continuar con el tratamiento de la iniciativa. La legisladora Taborda enfatizó la intención de “seguir trabajando en comisión para que esta ley salga lo antes posible”.

Guillermo Michel, a través de una declaración en la plataforma X, denunció un «aumento encubierto de la tarifa eléctrica para la industria entrerriana» implementado mediante el Decreto 1137 del 29 de mayo de 2025, sin pasar por la legislatura provincial.

Según Michel, este decreto deroga una compensación del 4% sobre la importación básica facturado que beneficiaba a los usuarios industriales T2 y T3 desde el año 2004. El fundamento esgrimido en el decreto para esta medida, que implica un aumento en la tarifa eléctrica para el sector, es que «las políticas públicas de subsidios en materia de energía y en relación a las grandes actividades económicas productivas deben ser direccionadas a la ejecución de obras eléctricas».

El Decreto 1137/25 busca la «reafectación o reorganización de los recursos económicos que se destinaban a dicho programa, a obras eléctricas focalizadas bajo los programas o planos de obras que llevar adelante la Secretaría de Energía de la Provincia».

Sin embargo, Michel advierte que las áreas del gobierno provincial «omiten estudiar el marco normativo en profundidad», ya que los recursos económicos destinados a este subsidio productivo tienen como base normativa el artículo 63° de la Ley N° 8916 (Marco regulatorio Provincial), texto según el artículo 1° de la Ley 10.153. Dicho artículo dispone que «El Fondo Compensador de Tarifas será administrado por la Secretaría de Energía, y se utilizará para otorgar subsidios tarifarios explícitos, compensar tarifas a usuarios finales del sistema de electrificación rural, o subsidios directos de compensación de tarifa…».

Michel enfatiza que «un decreto del poder ejecutivo provincial no puede modificar el destino específico de un fondo creado por ley». Además, señala como «llamativo» que «intervinieron dos ministerios y dos secretarías y ninguna área jurídica de dichos organismos advirtió esto». Concluye que, si el gobierno desea modificar el destino de dicho fondo, «tiene que enviar una ley al congreso provincial».

Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.

“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) al abrir el debate.

Luego, precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.

En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”, señaló, antes de describir que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”, añadió.

Posteriormente, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) expresó su voto en general a favor de la iniciativa, pero en contra en la votación en particular, ya que se mostró en desacuerdo con la modificación del artículo 46.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) anunció el voto dividido dentro de su bloque, debido a la existencia de diversidad de miradas acerca del dictamen de comisión. Adhirió a las consideraciones de Lena sobre la trascendencia de esta herramienta, pero consideró que era necesario darle más tiempo de funcionamiento a “una institución joven”. Y señaló: “En este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un dictamen que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene hoy nuestra ley actual, lo cual nos parece una contradicción”, advirtió.

En lo sucesivo, Sergio Castrillón (Más para ER) hizo público su voto positivo, debido a la necesidad de mejorar las instituciones. Débora Todoni (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto por entender que “lejos de representar un avance para el sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional”.

Fabián Rogel (JxER) sostuvo: “Vamos sumando y perfeccionando derechos. Agradezco a los peronistas que acompañen en lo que ellos creen que es positivo”. Roque Fleitas (LLA) dijo que votaría a favor en general pero en contra en particular, porque quedan fuera de estos juicios una serie de delitos.

Homenajes

Fabián Rogel hizo referencia a la conmemoración de los fallecimientos de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen y el triunfo de Arturo Illia como presidente. Liliana Salinas (PCP) hizo un homenaje al general Francisco “Pancho” Ramírez, de cuyo fallecimiento se cumplirá un nuevo aniversario el 10 de julio.

Enrique Cresto (Más para ER) recordó a Juan Domingo Perón, fallecido el 1 de julio de 1974, así como también a Hipólito Yirigoyen. Lorena Arrozogaray (Más para ER) hizo referencia al 5 de julio, Día Internacional del Cooperativismo.

Al inicio de la sesión, con motivo de la celebración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional.