Esta normativa (que, además, modifica el “Régimen Unificado de Licencias e Inasistencias” y sus procedimientos) obvió totalmente no sólo los debates en el seno de la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente conformada por el CGE con participación de AGMER, sino que pasó por alto discutir en ese ámbito un borrador de este Decreto.

Su lectura expone una serie preocupante de modificaciones, aplicadas en una sucesión inaceptable de baches, contradicciones e inconsistencias:

– Entre los considerandos afirma que esta reforma agilizará gestiones ante las ART. A renglón seguido declara que va a actuar sólo sobre Licencias de “Corto” y “Largo Tratamiento” (Artículo 12°, incisos a y b del Régimen Unificado de Licencias).

– A su vez, la Cláusula Primera del Convenio adjunto fija sólo como su único objeto a las Licencias de “Largo Tratamiento”.

– El gobierno no menciona cómo confeccionará a partir de ahora las estadísticas que nunca produjo, ni qué acciones dispondrá sobre prevenciones a la salud, ambas cuestiones mencionadas para justificar el decreto.

– Tampoco señala cómo reducirá el “elevado registro de trámites inherentes a las licencias” que menciona.

– No expone cómo será la designación de los médicos auditores, ni qué horarios van a cumplir ni las incompatibilidades que supone serlo.

– El decreto da facultades sancionatorias a los futuros médicos auditores, supone que serán mejores profesionales que los médicos particulares controlados y no prevé ninguna acción en caso de que no sea así, para cuando haya connivencia entre ambos.

– No menciona las enfermedades laborales, de esta forma no queda claro si estos médicos las denunciarán o sí la aplicación del Decreto sólo favorecerá a que sigan siendo encuadradas como enfermedades particulares.

– Tampoco hay información sobre si los médicos auditores incorporarán a sus controles las condiciones en las que trabajamos, en las que nos trasladamos y las preocupacionales.

– Desconocemos cuándo se hizo el “relevamiento territorial” y qué criterios se utilizaron para asignar un médico por Departamento para territorios tan dispares como San Salvador, Islas y Gualeguay, o cuatro para el Departamento Paraná en el que trabajar 10.000 docentes.

Exigimos su derogación inmediata y que la cuestión sea tratada en la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente, convocada por el CGE desde noviembre de 2018 y enmarcada en la Comisión Paritaria de Condiciones Laborales.

En este sentido, como AGMER recordamos que hemos presentado diversas iniciativas a lo largo de nuestra historia para la implementación de “Médicos escolares” pero desde una perspectiva de prevención de la salud, que atienda las enfermedades laborales y las contradicciones del sistema ante la presión de las corporaciones médicas.