En el marco de la jornada de concientización ambiental realizada en el puerto de Villa Hernandarias, el ambientalista Pablo Benetti advirtió sobre los riesgos de la nueva licitación para el dragado de la Hidrovía. Benetti, integrante del colectivo «Remar Contracorriente» y del Foro por la Recuperación del Río Paraná, participó de la travesía náutica que busca visibilizar el rechazo a la profundización del calado del río sin los controles pertinentes.

El referente explicó que el pliego licitatorio del Gobierno Nacional prevé la entrega de la soberanía del río por un plazo de 25 años a empresas extranjeras. Según Benetti, la intención de llevar el calado a 44 pies desde Rosario hasta la desembocadura representaría un grave peligro para el ecosistema: «Eso generaría un verdadero ecocidio. Imagínense, hay que profundizar más de 3 metros lo que está ya calado hoy por 600 metros de ancho. Se llevaría gran parte del caudal que tenemos».

Asimismo, el ambientalista denunció que el proyecto se intenta llevar adelante violando leyes nacionales al no contar con un análisis previo de las consecuencias en el entorno. «Se están violando varias leyes nacionales con esta licitación. No se presentó un estudio de impacto ambiental que es necesario para poder aprobar obras de semejante envergadura», aseguró Benetti, quien además subrayó que la Argentina posee la capacidad técnica para realizar estas tareas de forma estatal a través de sus propios astilleros y dragas.

Acompañado por alumnos de escuelas locales que recibieron a los remeros con una bandera de 50 metros, Benetti destacó la importancia de la soberanía sobre lo que se transporta, mencionando que el 80% de las exportaciones argentinas salen por esta vía. En este sentido, alertó que la falta de control nacional facilita problemáticas como el narcotráfico, señalando que la vigilancia de los cargamentos debe quedar en manos del Estado argentino.

Finalmente, el referente se mostró optimista respecto al impacto de estas movilizaciones en la opinión pública y los estamentos judiciales. Recordó que el año pasado se logró frenar un proceso similar y reafirmó el compromiso del grupo con la defensa del recurso natural: «Tenemos todas las herramientas para poder frenar esto y creemos que es posible. No vamos a bajar los brazos hasta lograrlo».

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo analiza lanzar una medida de fuerza por 48 horas debido a la falta de avances en las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales. Esta acción, que cuenta con el apoyo de otros gremios del sector, amenaza con paralizar el transporte de granos y las exportaciones en toda la hidrovía.

En Villa Hernandarias, la situación se sigue con especial atención, ya que la localidad es un punto estratégico para la actividad fluvial. Tanto el Centro de Patrones como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuentan con sedes propias en la ciudad. Además, una gran parte de la población local trabaja en la marina mercante y se encuentra afiliada a estos y otros sindicatos relacionados con el sector.

La disputa gremial surge tras el estancamiento de las discusiones salariales. Los representantes de los trabajadores señalaron que, de no recibir una propuesta satisfactoria, el cese de actividades será inminente. El paro afectaría principalmente a los remolcadores y barcazas que transportan la producción agrícola hacia los puertos de salida.

El conflicto no solo involucra a los capitanes. Trabajadores de la zona que integran diferentes categorías de la marina mercante se mantienen en estado de alerta. Las delegaciones locales de los sindicatos indicaron que la medida busca recomponer el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación actual.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Secretaría de Trabajo convoquen a una nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto y evitar el freno total de las operaciones comerciales en el río.

El Gobierno nacional resolvió restituir la normativa vigente en distintos organismos luego del rechazo del Congreso a cinco decretos delegados que habían impulsado modificaciones profundas en entes públicos y en materia laboral.

A través de los DNU 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , así como las reformas planteadas para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) , entre otros. También se retrotrajo la medida que restringía el derecho a huelga en la Marina Mercante y la desregulación del cabotaje marítimo.

Entre los puntos alcanzados se encuentran:

• La vuelta atrás con el decreto que transformaba al INTI y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en dependencias de otros ministerios.
• La suspensión de la disolución de la Vialidad Nacional y organismos de control vial.
• La restitución del carácter descentralizado del BNDG , que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación.
• La anulación de la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
• El freno a la desregulación del cabotaje que habilitaba la operación de buques y tripulaciones extranjeras.

Según justificó el Ejecutivo, la medida busca “no comprometer la continuidad operativa de la administración pública nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”