El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, participó este miércoles de una nueva reunión de la Mesa Provincial de Primera Infancia, convocada por la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso. El encuentro, que se llevó adelante en el salón auditorio San Martín del Consejo General de Educación (CGE), contó también con la presencia de la titular de este organismo, Alicia Fregonese; autoridades de distintas áreas del Poder Ejecutivo y la diputada Carolina Streitenberger, quien preside la comisión de Desarrollo Social de la Cámara baja.

La Mesa Provincial de Primera Infancia tiene la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños durante sus primeros años de vida, así como el bienestar de sus familias y comunidades. Para ello, coordina y articula políticas públicas en la materia. Durante la reunión se dio continuidad a la presentación y socialización del diagnóstico, problemáticas, acciones y políticas públicas en materia de primera infancia implementadas por cada organismo.

“Es un tema que traspasa las fronteras territoriales, que al gobernador Rogelio Frigerio le preocupa desde el minuto uno y le pide a todas las áreas que se involucren. Somos parte de la Mesa y estamos para acompañar, apuntalar a través de las leyes, ya sea con adhesiones a normas nacionales o con nuevas ideas”, manifestó Hein luego del encuentro.

Acerca de las exposiciones que en esta ocasión hicieron los representantes de los distintos organismos que intervienen en la Mesa Provincial de Primera Infancia, el presidente de la Cámara baja consideró que “son datos fríos, que muestra la cruda realidad” y destacó que “esta es la manera de trabajar, a través de las áreas involucradas, en equipo y en forma ministerial”.

“Me voy con una línea de trabajo muy clara y con un panorama de la realidad de la provincia en todo su territorio y con las particularidades de cada lugar. Sabemos que la realidad de Paraná puede llegar a ser distinta a la de Feliciano, a la de Concordia o a la de Crespo. Por eso es importante plantear en la Mesa estas realidades y ver cómo se actúa en consecuencia”, finalizó.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este martes por la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos y decidió firmar un nuevo dictamen de mayoría para la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura presentada por el Poder Ejecutivo, luego de que se decidiera que el dictamen anterior volviera a comisión.

“Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”, explicó Lena acerca de los motivos por los cuales se decidió volver a tratar la iniciativa en comisión.

Acerca de la integración del Consejo, la diputada dijo que no hay cambios en cuanto a la representación, ya que está establecida en la Constitución, pero sí se modifica cómo van a ser elegidos esos representantes y quiénes van a participar de esa elección.

“Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, indicó la legisladora. En ese sentido mencionó cambios como la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia por parte de los concursantes a un cargo judicial y la simplificación del llamado “banco de casos”. A su entender, ambos temas tienen como consecuencia la paralización actual de concursos.

Por otro lado, especificó que hay dos modificaciones a ley vigente que considera muy importantes. Una de ellas es la incorporación de los concursos anticipados, que “recién se van a dar una vez que se cubran los concursos vacantes, para que cuando se dé el caso de un juez, un fiscal o un defensor que se esté por jubilar, exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento”.

Otra de las reformas que destacó es la creación de la Escuela Judicial, que tiene el objetivo de equiparar “a todos los aspirantes a cargos”, es decir, a los abogados que trabajan en forma privada con quienes ejercen funciones judiciales.

Finalmente, se mantiene la veda para concursar por cargos en diferentes localidades, pero se da la posibilidad de que si una persona gana un concurso, luego pueda postularse para uno de mayor jerarquía.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este martes la tercera sesión especial del 146° periodo legislativo, presidida por Gustavo Hein, durante la cual los legisladores sancionaron por unanimidad el proyecto de ley, remitido por el Senado, que regula las actividades vinculadas a los metales no ferrosos. Además, se aprobó un proyecto de ley que autoriza a la Provincia a aceptar la donación de un inmueble en Los Conquistadores para la construcción de una Escuela de Nivel Inicial. También se aprobaron proyectos de resolución y de declaración.

El diputado Marcelo López (Juntos por Entre Ríos), como presidente de la comisión de Legislación General, se refirió a la norma que prevé dotar a la Policía de herramientas para prevenir delitos que se cometen con los metales no ferrosos, es decir, aquellos que no tienen alto contenido de hierro: “Este proyecto crea un marco regulatorio para el acopio, la reducción, la fabricación, la fundición, la compraventa, los desarmaderos y depósitos de estos materiales, sean éstos adquiridos a título oneroso o gratuito”.

López describió que el texto legal “establece un registro que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y tiende a brindar una herramienta al Poder Ejecutivo provincial, a la fuerza de seguridad y a la propia Justicia para controlar las actividades que tienen que ver con el manejo de estos materiales”. Luego precisó que “existe un vacío legal que permite actuar a quienes se dedican a actividades delictivas en el manejo de estos metales, como por ejemplo la sustracción de cables y placas, y que dificulta determinar su trazabilidad”.

Agregó el legislador que esta ley posibilitará la inspección del tránsito, al tiempo que mencionó que el Ministerio de Seguridad valoró la iniciativa y entendió que podría contribuir a la prevención de delitos, como ya ocurre en otras provincias.

Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a esta propuesta. “Pedimos que, a la hora de establecer en el registro la autorización de determinado emprendimiento, se solicite un certificado de aptitud ambiental. Una vía para hacerlo es la reglamentación de esta ley. Si no fuera así, presentaremos un proyecto de ley para hacerlo”, sostuvo.