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Política

Cáceres también muestra reparos al «Voto Electrónico»

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jose caceresEl texto enviado a los medios comienza «El lunes pasado asistí al lanzamiento del Foro Provincial de la Reforma Electoral. Fue una muy buena actividad, con amplia convocatoria y representativa concurrencia. Apuesto a que sea un espacio en donde el aporte de ideas de toda la comunidad de como resultado la mejor legislación posible.»

Ahora bien, reflexionando en clave política cabe decir que el tema de la Reforma Electoral está instalado en el centro de la agenda y esto se debe en gran parte al impulso que le da el gobierno nacional con la complicidad de los grandes medios, particularmente de los gráficos, que en cada elección cuestionan “la lentitud” del recuento porque al parecer no pueden ser categóricos en sus primeras planas. Así, el eje de la Reforma es la implementación del voto electrónico en todo el país.

Es evidente que comparto la idea en general de mejorar el sistema electoral, pero ante las iniciativas actuales cabe preguntarse dos cuestiones: a) ¿Es tan bueno el voto electrónico como dicen? ¿Existió problemas en donde se aplicó, cuáles son los cuestionamientos?; y b) ¿El voto electrónico soluciona todos los problemas del sistema político? ¿No hay otras cuestiones que discutir, otros temas que abordar para mejorar el sistema electoral? Les daré mi opinión:

a) ¿Es tan bueno el voto electrónico?:

El Gobierno Nacional parece confiar ciegamente en que la implementación del voto electrónico solucionará por si solo todos los problemas que existen en el sistema político. Es la vedette, la figura excluyente, de la reforma que propone Macri. Detrás del voto electrónico está la idea de la “modernización” de la política, el dejar atrás “la vieja política” y los distintos eslóganes tan frecuentemente usados por el PRO en sus campañas electorales.

El sistema implementado en Salta, que luego se implementó en CABA y ahora se quiere nacionalizar, otorga un comprobante de papel para el votante, siendo la urna electrónica una impresora de la voluntad electoral, pudiendo el votante revisar su voto antes de meterlo a la urna, y hasta ahí todo bien. Pero lo real es que el recuento de voto y la transmisión definitiva de la voluntad electoral de la urna electrónica al centro de cómputos son efectuadas por la urna electrónica.

Si bien es cierto que existe un consenso general acerca de que el sistema de lista sábana debe ser cambiado, también es cierto que el voto electrónico recibe críticas a nivel mundial. El caso más resonante de rechazo al voto electrónico fue la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 2009 que manifestó que la utilización de urnas electrónicas en las elecciones es inconstitucional ya que contradice principios elementales de la Constitución de Alemania. El máximo tribunal alemán sostuvo que el sistema no les da garantías a los ciudadanos ya que no pueden controlar de manera confiable y sin conocimientos técnicos especiales la veracidad de los resultados electorales y la legitimidad de los procedimientos.

De acuerdo a las bondades que anuncia el PRO y la promesa de futuro que tendría el voto electrónico, deberíamos suponer que se impone en todo el mundo, que es impulsado por las democracias occidentales más “avanzadas”, o más longevas para hablar con propiedad. Pero la realidad dice que la marcha hacia el voto electrónico tuvo sus frenos. Luego de un periodo de auge a finales de los ’90 se ha ido reduciendo la cantidad de países que lo implementan al punto de retornar varios de ellos al sistema de votación convencional, por lo general, a lo que conocemos aquí como Boleta Única de Papel, como el sistema que se usa en la provincia de Santa Fe. Holanda, uno de los pioneros, decidió volver al voto con papel. Irlanda gastó millones de Euros en adquirir los equipos y nunca llegó a utilizarlos. Varios Estados de los EE.UU. (en donde los problemas relacionados con el voto electrónico pusieron un gran manto de duda en la elección de George W. Bush una década atrás) también han descartado el uso de máquinas de votación. Este panorama se repite en todo el mundo. “Actualmente sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de Estados Unidos”, dice una nota de El Diario La Nación del año pasado. Sólo siete países en el mundo tienen voto electrónico a nivel nacional, es muy poco.

Otro efecto negativo del voto electrónico es la dispersión electoral y el debilitamiento de los partidos. Priorizar las figuras por encima de un proyecto erosiona las estructuras partidarias. En Brasil hemos visto en el escandaloso juicio político a Dilma las distorsiones que provoca al sistema político, la fragmentación y la consecuente falta de gobernabilidad que puede generar.

El voto electrónico no está exento de denuncias por fraude, tal como lo está el sistema actual. Son públicas las denuncias que hablan de la posibilidad de violar los sistemas, situación que no se soluciona con solo imprimir un comprobante. La falta de garantías está denunciada en casi todos los fallos de la Justicia que lo prohíben. De hecho, el año pasado, hubo denuncias de fraude en Salta (voto única electrónica), Tucumán (lista sábana) y Santa Fe (boleta única de papel), así que tenemos denuncias para todos los sistemas. La filtración y manipulación del sistema y del resultado consecuentemente es un problema real que no tiene respuestas que despejen por completo las dudas, y esto sucede en todos los países en que se aplica. Otra cuestión que preocupa es la posibilidad de que se conozca el voto del ciudadano (que constitucionalmente es secreto). La propiedad y calidad del software son puntos relevantes para controlar. La posibilidad de acceso universal al código fuente del software es central para garantizar seguridad y transparencia. Repito, la mayoría de los entendidos en informática denuncian la alta posibilidad de vulnerabilidad que tienen los sistemas de voto electrónico. Personalmente consulté a un especialista de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, particularmente del Laboratorio de Investigación GUGLER, y creo que deberían ser convocados a debatir sobre el particular.

Otro tema para debatir es: ¿quien administra el sistema? Si es el Estado o una empresa privada. Quisiera que sea el Estado, obviamente. Ahora aquí fue mediante una empresa privada, así fue en Salta y CABA (Grupo MSA). Ellos dicen que están dadas las garantías. Pero, ¿Quién hizo los controles, son públicas las auditorías, cuán transparentes son?

En conclusión, son muy pocos los países que implementan el voto electrónico. Existen serios y fundados planteos relativos a su posibilidad de manipulación y vulneración. Tienen objeciones judiciales en los países por violar derechos constitucionales como la capacidad de control por parte de los ciudadanos del escrutinio y el secreto del voto. Igualmente existen denuncias de fraude en muchos lugares. Es un panorama muy distinto a lo que describe el Gobierno Nacional. No creo que se deba descartar de plano el voto electrónico al igual que cualquier sistema electoral, pero considero que se debe atender a todos estos cuestionamientos a la hora de definir una implementación.

b) ¿El voto electrónico es la única reforma necesaria?:

También me inquieta la simplificación que se hace desde el Gobierno Nacional respecto al contenido de la Reforma. Un mejor sistema electoral requiere de muchas y diversas reformas, al menos discutirlas, y no puede ser reducido al voto electrónico.

Hay mucho más para debatir, y espero que lo hagamos, al menos nosotros acá en Entre Ríos con la autonomía que naturalmente tenemos. Por ejemplo lo respectivo a calendarios electorales y fechas de elecciones. El gobierno nacional quiere unificar los calendarios electorales de la Nación y las provincias. Ahora, ¿eso profundiza o elimina el federalismo? Lo cierto es que son dos elecciones distintas, en que elegimos por dirigentes de distintos órdenes y en nuestra provincia existe la potestad que brinda la Constitución de legislar sobre la unificación o no. Son atendibles los argumentos respecto de que el año pasado votamos muchas veces, pero desde una mirada política, para nuestra democracia ¿sirve votar menos? En Entre Ríos hemos separados las elecciones provinciales de las nacionales y las hemos hecho en conjunto, y no veo beneficios perceptibles como para decir que es mejor que sean juntas.

Lo mismo considero respecto a cambios en las campañas electorales. Debemos debatir el sistema de espacios públicos y sobre todo el financiamiento de las campañas, algo de lo que no he escuchado nada en estos últimos meses. Igualmente debemos pensar en reformas en la Ley de Partidos Políticos, relativos al régimen interno, la elección de los candidatos, el rol de los partidos, en especial el financiamiento de los mismos, etc. Si pensamos que los partidos son la base del sistema democrático, ¿el voto electrónico fortalece o debilita a los partidos políticos en Argentina?

A la par de todas las reformas es imperioso mejorar el control del sistema electoral, sobre todo el régimen de violaciones a las normas electorales, que casi siempre quedan impunes. Y así el listado de temas podría seguir y seguir.

c) Conclusiones:

Como militante político estoy convencido de que la Reforma Electoral debe poner su mirada en muchos temas. Reducir todo el debate al voto electrónico puede impedir hacer cambios que el sistema político necesita.

Reitero que no descarto ningún sistema, pero debemos debatir con seriedad y profundidad del voto electrónico, mirar las experiencias en los países en donde se aplica, los cuestionamientos judiciales y las críticas que se le formulan desde la teoría política, el derecho, la informática, etc. No debemos cerrarnos, debemos explorar alternativas al sistema de elección actual que no se reduzcan al voto electrónico. En fin, hay mucho para debatir y eso debemos hacer desde todos los partidos políticos, universidades, organismos del Estado involucrados, ONGs entendidas en la temática y ciudadanos en general.

jose caceres

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#Diputados: La Cámara baja aprobó el proyecto que modifica la Ley de Juicio por Jurados

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Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.

“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) al abrir el debate.

Luego, precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.

En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”, señaló, antes de describir que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”, añadió.

Posteriormente, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) expresó su voto en general a favor de la iniciativa, pero en contra en la votación en particular, ya que se mostró en desacuerdo con la modificación del artículo 46.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) anunció el voto dividido dentro de su bloque, debido a la existencia de diversidad de miradas acerca del dictamen de comisión. Adhirió a las consideraciones de Lena sobre la trascendencia de esta herramienta, pero consideró que era necesario darle más tiempo de funcionamiento a “una institución joven”. Y señaló: “En este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un dictamen que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene hoy nuestra ley actual, lo cual nos parece una contradicción”, advirtió.

En lo sucesivo, Sergio Castrillón (Más para ER) hizo público su voto positivo, debido a la necesidad de mejorar las instituciones. Débora Todoni (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto por entender que “lejos de representar un avance para el sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional”.

Fabián Rogel (JxER) sostuvo: “Vamos sumando y perfeccionando derechos. Agradezco a los peronistas que acompañen en lo que ellos creen que es positivo”. Roque Fleitas (LLA) dijo que votaría a favor en general pero en contra en particular, porque quedan fuera de estos juicios una serie de delitos.

Homenajes

Fabián Rogel hizo referencia a la conmemoración de los fallecimientos de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen y el triunfo de Arturo Illia como presidente. Liliana Salinas (PCP) hizo un homenaje al general Francisco “Pancho” Ramírez, de cuyo fallecimiento se cumplirá un nuevo aniversario el 10 de julio.

Enrique Cresto (Más para ER) recordó a Juan Domingo Perón, fallecido el 1 de julio de 1974, así como también a Hipólito Yirigoyen. Lorena Arrozogaray (Más para ER) hizo referencia al 5 de julio, Día Internacional del Cooperativismo.

Al inicio de la sesión, con motivo de la celebración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

 

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#Diputados: En comisión debatieron una modificación del Código Procesal Laboral

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La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este martes por la mañana para debatir un proyecto de ley que propone introducir una modificación al Código Procesal Laboral de la Provincia, presentado por la diputada María Elena Romero. Como invitados, participaron Pablo Tanger, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) Sección Paraná, y José Daniel Ruiz, director del Instituto del Derecho de Trabajo del CAER.

Luego del encuentro, la autora explicó que se busca cambiar el inciso a del artículo 125º del llamado Rito Laboral, con el objetivo de proteger a micro, pequeñas y medianas empresas. “Cuando un empleador es condenado porque ha perdido un juicio laboral y, como sucede muchas veces, se trata de sentencias arbitrarias o que no son justas, es necesario acudir en segunda instancia a la Cámara Laboral. Frecuentemente, el empleador se ve desfavorecido, porque para poder apelar necesita realizar el depósito de montos de dinero que no siempre tiene o deben embargar sus bienes”, indicó.

En ese sentido, precisó sobre su iniciativa: “En mi proyecto, agrego un seguro de caución, de manera que un tercero, que sería una aseguradora, dé la garantía suficiente como para que el empleador pueda apelar”.

“Si bien los grandes empleadores son los que cuentan con este seguro de caución, hago una excepción para que los microemprendedores o empleadores de personas que trabajan en casas particulares, tengan que depositar solamente el 40% del monto para poder apelar”, señaló Romero. “Si no ayudamos al empleador, vamos perdiendo cada vez más la posibilidad de que haya trabajo. Nunca se va a desproteger al trabajador”, agregó.

Acerca de la continuidad del debate, la diputada comentó: “Cuando presenté este proyecto el año pasado, desconocíamos que hay propuestas de una reforma integral del Código Procesal Laboral. Más allá de eso, mi propuesta es un disparador que debemos seguir trabajando con el aporte de cada uno de los bloques”.

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#Diputados: Trataron proyectos sobre energías renovables y seguridad en rutas

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Este martes por la tarde se reunieron en conjunto las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, que preside Noelia Taborda, y de Energía, que encabeza Jorge Maier, para abordar un proyecto de este último que propone que las nuevas obras públicas en la provincia incorporen fuentes renovables de energía en al menos un 10% de sus espacios comunes, siempre que ello sea técnica y económicamente viable.

La iniciativa de Maier prevé incorporar el artículo 7º ter a la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas. Taborda indicó que dicho cambio implicaría “incorporar energías renovables y sustentables, que son acordes al cuidado del ambiente, en barrios que se realicen en distintas localidades de la provincia o en instituciones escolares, por ejemplo”.

La legisladora informó que durante el encuentro se acordó continuar con el tratamiento en comisiones de esta propuesta, en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener dictamen lo antes posible.

Seguridad en rutas

Las comisiones de Comunicaciones y Transporte y de Obras Públicas y Planeamiento, que presiden Andrea Zoff y Noelia Taborda respectivamente, trataron en conjunto un proyecto de ley de Liliana Salinas para disponer medidas de seguridad y protección en paradas de transporte público en rutas provinciales.

“Se trata de la instalación de garitas en las rutas provinciales, pero también en los trayectos de las rutas nacionales por Entre Ríos. Esto lleva un costo bastante importante, porque no en todos lados existe una calzada para que pueda parar el transporte público. Vamos a seguir en diálogo en reuniones de comisión y también con Vialidad provincial y con la Secretaría de Transporte para presentarles este proyecto”, comentó la diputada Taborda.

Según la legisladora, esta propuesta beneficiaría a los usuarios habituales del transporte público de la provincia, como los docentes y estudiantes, que en días fríos y lluviosos esperan el colectivo en condiciones precarias.

Además, Noelia Taborda comentó que se prevé la posibilidad de celebrar convenios con empresas para que se ocupen del mantenimiento de estas garitas y puedan difundir publicidad en esos lugares.

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