Connect with us

Nacionales

El ENACOM confirmó que los precios de Internet, Cable y Celulares no deben aumentar

Published

on

#ENACOM #DNU #Aumentos

Debido a consultas de los usuarios el ENACOM hizo saber que las empresas de Internet que hayan aplicado aumentos deberán devolver lo que cobraron de más, el precio que se debe mantener es el del 1 de julio. Cabe recordar que el Gobierno congeló las tarifas de telefonía, cable e internet hasta el 31 de diciembre y los declaró servicios esenciales, tal como informó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aclaró que las empresas que enviaron facturas con aumentos en el servicio de internet y telefonía deberán devolver el mes siguiente lo que cobraron de más ante la vigencia del congelamiento de tarifas.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional indicó que en las últimas horas «las empresas sacaron una comunicación confusa» respecto de las tarifas, «diciendo que si bien había un decreto, faltaba una reglamentación, pero no». «Las tarifas están congeladas desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre.

El último aumento se produjo en abril. Quiere decir que a partir de mayo la tarifa sigue igual y hasta el 31 de diciembre será la misma», puntualizó el vicepresidente del ENACOM.

En ese sentido, el dirigente de origen radical afirmó que si una empresa en la siguiente facturación aplica un porcentaje de aumento, «lo tienen que devolver el mes que viene» a través de una «nota de crédito».

Por otro lado, el titular del sindicato de jerárquicos de telecomunicaciones, Fabián Boccella, defendió este sábado la decisión del Gobierno y consideró que «lo que hay que hacer ahora es regular bien la actividad».

Según NA, evaluó que «si se desarrollan las redes, va a generar mayor empleo» y destacó la necesidad de contar con un plan «de acceso básico universal a un precio accesible, que es lo que va a definir la autoridad de aplicación».

«Al no estar regulada la industria, los privados que tienen la explotación de las licencias de telecomunicaciones, que son del Estado, siempre van a ir a la crema del negocio», apuntó y estimó que «no van a democratizar las telecomunicaciones».

Servicios esenciales 

Cabe recordar que el Gobierno congeló las tarifas de telefonía, cable e internet hasta el 31 de diciembre y los declaró servicios esenciales, tal como informó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Según explicó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, esta decisión se tomó para favorecer el acceso de la sociedad a ciertos derechos y servicios fundamentales, especialmente considerando la situación que se vive ante la pandemia del coronavirus.

Sánchez Malcom habló sobre el DNU a partir del cual se efectuará esta medida. «Básicamente declara el acceso a estas tecnologías como un derecho fundamental, respaldado por la declaración que hizo la ONU semanas atrás, porque se considera que estos servicios son una puerta de acceso a otros servicios y otros derechos que tenemos que garantizar».

De esta manera, señaló que esto favorece el alcance de las personas a la educación, a la telemedicina, al trabajo y a la producción, en tanto estén vinculados a la conectividad. Además, resaltó la importancia de esta medida durante la cuarentena, dado que permite comunicarse con seres queridos.

Sánchez Malcolm explicó en concreto qué es lo que se determinó. «Por un lado, se establece que estos servicios no puedan aumentar en todo lo que resta del año para no generar mayores restricciones a usuarios y consumidores de estos servicios», dijo. Y añadió: «También se incorporan herramientas regulatorias que tenía el Estado, y que fueron eliminadas por decreto por el gobierno anterior, que tienen que ver, no con un control de precios ni fijación de tarifas, sino que es un control de tope de aumentos».

La funcionaria subrayó que «el DNU establece la obligatoriedad de fijar una tarifa universal básica, que sea atractiva, completa y permita a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su nivel de acceso, que puedan contratar un servicio de calidad, a una tarifa única que van a poder brindar las operadoras».

La secretaria de Innovación Pública contó que esta medida se complementa con el acuerdo que hicieron con compañías de telefonía móvil, llamado «rating cero». Esta política es especialmente importante para el desarrollo de la educación porque permite que los usuarios accedan a ciertos contenidos y naveguen en plataformas digitales sin usar megas.

Las telcos alertan por el impacto

La fuerte solicitada que a  última hora del lunes distribuyó el sector de las telecomunicaciones en la Argentina en rechazo al decreto 690 por el cambio de reglas en la provisión de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga que pasan a ser servicios públicos, recordó el impacto negativo que el congelamiento de tarifas de telefonía fija tuvo en el sector durante los 15 años que duró esa medida.

Lo expresaron así. «La norma no deja de sorprender dado que siempre tuvimos diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para llevar alivio a quienes más lo necesiten.

La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del servicio de telefonía fija durante 15 años», expresó la solicitada.

En 1999, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, las tarifas de telefonía fija de Telefónica y Telecom quedaron congeladas, no así las de los restantes prestadores que ofrecían servicios de telefonía al segmento corporativo, básicamente. El mercado se estaba desregulando y ya habían otras compañías que ingresaban en el negocio producto de la incipiente competencia.

El sector de las telecomunicaciones consideró que no era necesario avanzar con un DNU que pone en riesgo al sector

Pero con la crisis de 2001 y las consecuencias que esa debacle provocó en la sociedad, en 2002 quedaron congeladas las tarifas de telefonía fija de todas las compañías, más allá de si prestaban el servicio básico domiciliario, es decir, la telefonía al hogar, o si estaban concentradas en el mercado corporativo, inclusive el de larga distancia. En aquellos años se desreguló ese mercado y era posible elegir al operador más conveniente para realizar una llamada de larga distancia nacional o internacional. Algunos pocos millennials seguramente recuerden haber comprado una tarjeta para tal fin.

Demandas e inversiones

¿Qué produjo ese congelamiento de tarifas? Dos consecuencias distintas. Por un lado, esa situación motivó a Telefónica a recurrir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) para denunciar al país por haber cambiado las reglas de juego del sector. Demanda que retiró en 2009, para dar viabilidad a un memorandum

Por el otro, si bien el congelamiento inicial aplicado a la telefonía fija de Telefónica y Telecom tuvo consenso de parte de diversos actores del mercado porque las tarifas era caras, como ya había competencia los distintos prestadores que se sumaron al mercado comenzaron a vender por debajo de ese techo. Como había poca inflación las distintas compañías tenían un margen razonable y las inversiones se mantuvieron un tiempo.

La recuperación económica de la Argentina de esos primeros años, además, ayudó en esta situación, pero cuando se acercaba el final de la primera década del 2000 las cosas comenzaron a cambiar porque la macro argentina empezó a modificarse.

Pero el congelamiento tarifario de aquellos años se extendió en el tiempo, por ende hubo consecuencias de largo plazo en los servicios básicos como la telefonía, y también en los asociados, como la banda ancha que se brindaba por la tecnología ADSL: no se expandieron a la velocidad que merecían a lo largo del territorio, no mejoraron en calidad, y en muchos lugares eran demasiado caros para lo que se servía.

En otras palabras, no hubo nuevas inversiones para que el sector se expandiera mientras, en paralelo, los consumidores recibían un servicio caro para la calidad de la prestación que contrataban. La competencia, además, quedó desalentada.

Nacionales

#BancoNación: Anuncian el cierre de 60 sucursales en todo el país: buscan ahorrar más de$1.000 millones

Published

on

El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, en el marco de un proceso de reordenamiento y ajuste impulsado por el gobierno nacional. La medida, que forma parte del Plan Estratégico 2024-2027, apunta a reducir costos y optimizar la estructura de la entidad, con un ahorro estimado superior a los$1.000 millones anuales.

Según informó el banco, la cantidad de sucursales pasó de 769 a 709, y el ahorro mensual ya alcanza los$139 millones, cifra que se proyecta a$836 millones para lo que resta del año. Además, se está transformando el modelo de atención de 45 centros PyME, que ahora visitarán a los clientes en vez de recibirlos en sucursales, generando un ahorro adicional de$30 millones mensuales en alquileres.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, explicó que la readecuación también incluye la reducción de Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29, buscando una distribución más equitativa y eficiente de los recursos. La entidad remarcó que estas buscan “mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero, enfrentando los desafíos de la competencia y medidas mejorando la eficiencia y transparencia”.

¿Cuáles son las sucursales afectadas?

Si bien el Banco Nación no publicó oficialmente la lista completa de las 60 sucursales que cerrarán, tras ascendido que la provincia de La Pampa fue una de las primeras afectadas, con el cierre de nueve sucursales en Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. Esta decisión se tomó en respuesta a la suba de la alícuota de Ingresos Brutos en esa provincia.

El resto de los cierres se distribuye en distintas provincias, aunque hasta el momento no se difundió el listado completo. El banco indicó que la selección de sucursales responde a criterios de eficiencia, costos y presencia estratégica, y que se priorizará la atención digital y la visita a clientes en zonas donde se cierran puntos físicos.

Contexto y repercusiones

La medida se enmarca en la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el gobierno nacional, y busca llevar la cantidad de puntos de atención del Banco Nación a los niveles de 2015. Desde la entidad aseguran que la transformación permitirá “seguir reduciendo gastos” y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios, que cada vez utilizan más los canales digitales.

El cierre de sucursales generó preocupación en varias localidades, especialmente en zonas rurales y del interior, donde el banco cumple un rol clave en la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios.

Continue Reading

Nacionales

#RecursosCoparticipables: Gobernadores impulsan una ley para redistribuir impuestos y fortalecer el federalismo

Published

on

En una reunión realizada este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias argentinas acordaron impulsar un proyecto de ley conjunto para redistribuir impuestos y mejorar la asignación de fondos nacionales. El encuentro contó con la presencia de mandatarios de diferentes espacios políticos, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), así como representantes de otras 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El principal objetivo de la iniciativa es eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), permitiendo que esos recursos sean destinados según las prioridades de cada jurisdicción. Además, los gobernadores solicitaron que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548.

En el comunicado difundido tras la reunión, los mandatarios provinciales aseguraron que la sanción de esta ley “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y, complementariamente, generará más federalismo”. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: «Hoy todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordamos la presentación de un proyecto de ley para coparticipar directamente recursos que nos pertenecen, sin afectar las finanzas nacionales. Son fondos imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones».

La reunión se dio en un contexto de baja recaudación y reclamos de las provincias por la caída de las transferencias automáticas y discrecionales desde Nación. Según datos citados por Infobae, la recaudación nacional cayó un 18% interanual en mayo, afectando especialmente a los impuestos coparticipables, lo que motivó a los gobernadores a buscar alternativas para garantizar los recursos necesarios para sus gestiones.

Durante el encuentro, el Gobierno nacional presentó una contrapropuesta a los pedidos originales de fondos, aunque las negociaciones continuarán en mesas de trabajo. La discusión se da en la antesala de la primera reunión formal del Consejo de Mayo, donde las provincias estarán representadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La iniciativa de los gobernadores busca fortalecer el federalismo y garantizar una distribución más equitativa de los recursos, en un contexto de crisis económica que afecta tanto a la Nación como a las provincias.

Continue Reading

Nacionales

#Hidrovía: Entre Ríos propone una profundidad de 34 pies para los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo en la futura licitación de la Hidrovía

Published

on

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este martes en la ciudad de Rosario de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Hidrovía, donde propuso una profundidad de 34 pies para el tramo que comprende los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, zonas donde se ubican los principales puertos entrerrianos.

“La Hidrovía, especialmente en el tramo inferior del Paraná, debe contar con doble acceso y circulación a través del canal Martín García, el Paraná Bravo y el Paraná Guazú hasta la bifurcación, y desde allí continuar”, afirmó Rodríguez Signes, quien también subrayó la necesidad de “una profundidad homogénea en todo el sistema de navegación”.

Durante su exposición, el funcionario indicó que la provincia trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral para sortear las limitaciones técnicas del sistema Bravo-Guazú-Talavera. “Somos conscientes de las limitaciones que presenta el sistema (…) y por eso estamos trabajando con especialistas de gran experiencia en la materia”, explicó.

Asimismo, el fiscal de Estado remarcó el interés de la provincia en acompañar el proceso en todas sus fases, incluyendo la evaluación de esquemas de financiamiento. “Estamos analizando cómo la actividad de nuestros puertos contribuye al sostenimiento del sistema”, precisó.

Rodríguez Signes también destacó que los aspectos ambientales serán abordados en coordinación con el resto de las provincias del Litoral. “Todas las provincias (…) han puesto a disposición sus capacidades de coordinación para abordar de manera conjunta estos temas complejos”, dijo, y adelantó que se trabaja en un mecanismo de acuerdos para que las cuestiones ambientales no representen un freno para la licitación.

Visión de las organizaciones ambientales

Distintas organizaciones ambientales de Entre Ríos han manifestado reparos frente al dragado de los ríos en el marco de la Hidrovía. Entre ellas, el Foro Ecologista de Paraná y la Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista, advierten sobre los impactos acumulativos de las obras de profundización y rectificación del cauce.

Según estas entidades, el dragado permanente del río Paraná en zonas sensibles puede provocar alteraciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, erosión de márgenes e impacto sobre humedales. También sostienen que los estudios de impacto ambiental deben ser previos, exhaustivos y contar con participación ciudadana efectiva.

Además, cuestionan que no siempre se respeta el enfoque de cuenca ni los principios de precaución y equidad intergeneracional consagrados por la legislación ambiental vigente. En este sentido, piden que cualquier intervención en el río se someta a procesos de evaluación ambiental estratégica y consulta pública con enfoque regional.

Continue Reading

Tendencias