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El gobierno entrerriano duplicó el aporte destinado a programas alimentarios

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El gobernador Gustavo Bordet anunció que se duplicó el monto de las partidas para los beneficiarios de programas alimentarios. Fue durante una visita a la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 23 Amparo Maternal, de Paraná. La inversión mensual alcanzará los 12 millones de pesos.

“Este incremento es un esfuerzo que realizamos desde el gobierno provincial, entendiendo que hay muchas dificultades en este momento; hay miles de familias que tienen problemas alimentarios, una necesidad básica para la condición de cualquier ser humano. Por eso estamos presentes como Estado”, dijo el mandatario.

En ese marco, comentó que el aumento de la Tarjeta Social abarca a 50.000 titulares y es de un 100 por ciento; pero también se aumenta la tarjeta de Riesgo Nutricional, en un 50 por ciento, y la de Celiaquía el 30 por ciento. Además se incrementaron el 30 por ciento de partidas destinadas a los 50 comedores de los hogares para adultos mayores.

Durante la visita a la sede de la unidad educativa, que es dirigida por la ONG Patronato de Señoras de Paraná, Bordet entregó un aporte de 150.000 pesos a la presidenta de la comisión directiva Eloísa Guastavino, para terminar el cerramiento del patio.

Según señaló el mandatario, su visita tiene que ver con «tomar contacto con las instituciones; lo hacemos en todo el territorio de la provincia ya que uno tiene una dimensión diferente cuando le cuentan cómo funciona la institución detrás de un escritorio, a que si está en el lugar, si lo recorre, si habla con sus directivos, docentes, la comunidad educativa y los chicos”.

También dijo que fue para interiorizarse sobre cuestiones que hacen falta y para “seguir trabajando para mejorar la calidad educativa, porque esta es una institución que alberga chicos de entre 2 y 5 años, una etapa de la vida que resulta clave, primero para tener una buena alimentación que permita superar condiciones de desnutrición o de obesidad infantil; y por otro lado en esta etapa es fundamental que nuestros chicos puedan acceder a la educación preparatoria para ingresar al sistema formal a partir de la escuela primaria”.

“El trabajar articuladamente entre organismos como Educación, Copnaf, Desarrollo Social y Salud hace que estos derechos estén garantizados.
“Hoy estamos aquí en esta institución donde hay una matrícula de 130 chicos que están en esta etapa de formación, y también para manifestarles a quienes trabajan aquí el apoyo de nuestra gestión y el reconocimiento por la labor prestada, que muchas veces no se visualiza”, subrayó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, destacó «el esfuerzo de la provincia, porque estos eran programas que articulamos con Nación, donde hay un porcentaje que pone la provincia, pero se invirtió la proporción a raíz de los aumentos de los que también se hace cargo la provincia”.

En ese marco, comentó que el aumento de la Tarjeta Social abarca a 50.000 titulares y es de un 100 por ciento; pero también se aumenta la tarjeta de Riesgo Nutricional, en un 50 por ciento, pasando de 400 a 600 pesos; y la de Celiaquía el 30 por ciento, de 700 a 900 pesos.

En tanto, la directora de la unidad educativa, Mariela Lind, indicó que «este año cumplimos 100 años de trayectoria y de labor ininterrumpida, donde diariamente se realiza un trabajo silencioso gracias a la ayuda y el aporte de diversos organismos”.

“Estamos cumpliendo todo poniendo como eje central a los niños y sobre todo con acento en aquellos que sufren la vulneración de derechos», dijo y añadió que “son 130 niños con los cuales trabajamos juntamente con las familias, con centros de salud y diversos organismos, donde implementamos programa de educación alimentaria, sexual, para la salud y emocional”.

Origen de los aportes

La Nación, por segundo año consecutivo, no aumenta las partidas presupuestarias del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal” (tarjeta social) en Entre Ríos. La provincia afronta el 60 por ciento de la totalidad de las prestaciones por tarjeta social, a partir del nuevo esquema.

En la visita, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; la presidenta del Consejo General de Eduación, Marta Landó; y la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira.

En el funcionamiento de esta ONG, que se denomina Patronato de Señoras de Paraná, trabajan en forma articulada el CGE; el Ministerio de Desarrollo Social y el Copnaf y los chicos reciben todos los días, sin vacaciones, el desayuno y almuerzo. Los docentes y autoridades dependen del CGE y del Copnaf.

El Amparo Maternal

La institución cuenta con siete salas y 21 trabajadores que se encargan de la atención y dictado de clases (personal docente, profesionales y personal administrativo y de servicios).

Asisten diariamente, de 7 a 13, alrededor de 130 niños y niñas, de entre 2 y 5 años cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, en su mayoría con trabajos precarios.

En el amparo se les brinda desayuno, colación, y almuerzo, los cuales se encuentran supervisados por una nutricionista que colabora con la institución ad honorem. También se brindan actividades pedagógicas y el dictado de clases de informática y de educación física.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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