El anuncio tuvo lugar este martes durante el primer encuentro paritario entre los representantes del gobierno y los gremios ATE y UPCN, en el que se acordó un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de febrero que permitirá contar con el número necesario de miembros paritarios para realizar una propuesta salarial.

Durante la reunión de hoy el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, hizo saber que se prorrogó el pago del monto fijo a cuenta de la recomposición salarial que se liquidará en el mes de febrero. Se trata de una inversión de 650 millones por mes. También beneficiará a jubilados.

Los agentes que perciben hasta 35.000 pesos continuarán cobrando otros 4.000 pesos; mientras que aquellos cuyo sueldo es hasta 55.000 cobrarán otros 3.500 pesos, y aquellos que cobran hasta 120.000 seguirán sumando 3.000 pesos en enero. Son 83.000 los trabajadores públicos que continuarán este mes cobrando la suma fija. Los jubilados también la seguirán percibiendo de acuerdo al porcentaje de movilidad que corresponda.

Para ocupar los cargos vacantes de la planta permanente el gobierno respondió positivamente el pedido de los gremios y se elaborará un instructivo para comenzar el proceso en los próximos 45 días.

En cuanto a la implementación del régimen jurídico básico se iniciará desde la semana próxima un trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización para fortalecer las capacidades estatales, mediante proyectos abocados a la profesionalización y jerarquización del empleo público.

Además se ratificó que el mínimo de los contratos de obra es de 27.000 pesos desde enero y se duplicó el monto de los viáticos, es decir los gastos de movilidad de los agentes que deban trasladarse dentro o fuera de la provincia por motivos inherentes a sus funciones.

Por último, se propuso continuar con las paritarias sectoriales, fundamentalmente en salud, y planes de viviendas para los agentes de la administración pública en diferentes puntos de la provincia.

Participaron del encuentro en la sede de la Secretaría de Trabajo, el secretario de Hacienda; Gustavo Labriola; el secretario de Trabajo, Angel Zacarías, el director de Trabajo, Pablo Pagnone, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda, Sandra Vara, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo.

Representaron a los gremios el secretario general de Ate, Oscar Muntes; y el secretario adjunto, Horacio Rizzi, y por Upcn, la secretaria gremial, Carina Dominguez y vocal, Maria Cristina Melgarejo.

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el primer mandatario entrerriano se reunió con los referentes de Prefectura en la Casa Gris.

Al término del encuentro, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, comentó que «el gobernador planteó como eje de los temas, los controles conjuntos que hacemos los Estados nacional y provincial con motivo de la pandemia, y especialmente en todo lo que es la navegación, la prevención de que no existan reuniones no autorizadas que a veces se hacen en las islas».

Detalló luego que «se abordó la temática de las islas entrerrianas que están frente a Rosario. Allí hay mucho tránsito de embarcaciones y hubo un compromiso de labor compartida que de hecho ya se viene haciendo pero que vamos a fortalecer en los próximos meses porque estamos todavía en pandemia y en muchos casos el verano y las altas temperaturas propician que se hagan encuentros masivos que no debieran existir en territorio de las islas».

«Dialogamos sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la navegación, con el rol de Prefectura y con el trabajo compartido con las autoridades provinciales», continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que indicó que «si tuviéramos que trazar un diagnóstico de cómo actuó la población entrerriana, tendríamos que decir que lo hizo con mucha responsabilidad porque los casos de las personas que no respetan las normas de restricción o de distanciamiento son las menos. Lo que ocurre es que son los que provocan mayor necesidad de trabajo tanto de las fuerzas de seguridad provinciales como nacionales».

Por su parte, Pellegrino comentó que dialogaron sobre «el control de fiestas clandestinas, aglomeraciones de personas y cuidados en torno al distanciamiento, además de la capacidad máxima que hoy tienen las embarcaciones hasta el momento restringida al 50 por ciento de personas a bordo».

«Hay que hacer un trabajo en conjunto entre la Prefectura, que en este caso representa al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia de Entre Ríos, además de todos los Estados municipales», sostuvo.

«Cada persona tiene su cuota de responsabilidad. Todos debemos ser responsables para cuidar al otro. Prefectura trata de evitar las aglomeraciones y las fiestas clandestinas por lo cual se patrulla permanentemente el río y las zonas, y de esa manera buscar que el Estado esté lo más presente posible», remarcó.

En cuanto a Paraná, Santana mencionó que el viernes pasado salió una resolución en la que el municipio permite que «las embarcaciones naveguen en su capacidad total». En ese marco, recomendó que «las embarcaciones que tienen cabinas cerradas, se ventile previo encendido de motores, verificar los elementos de seguridad, documentación y evitar que se exceda la capacidad de personas permitida para cada embarcación».

Por último, dijo que «se sigue trabajando dentro de los lineamientos que dispuso a través del Ministerio de Seguridad, en conjunto con lo que el gobernador Bordet solicita».

También participó del encuentro el encargado de Relaciones Institucionales de la Dirección de Región Centro, ayudante de Segunda Sebastián Ábalos.

La Federación Económica de Entre Ríos, a través de un comunicado, expresó su “preocupación por la decisión del Ejecutivo Nacional de posponer la prohibición de despidos de personal de las empresa, como así también la continuidad hasta fin de año de la doble indemnización.

La entidad empresaria asegura que “que ninguna Pyme realiza una reducción de empleados por motivos infundados, ya que quienes ocupan dichos puestos de trabajo son empleados que, durante años, la empresa capacitó a fin de especializarlos en la tarea que realizan”. En este sentido, subrayaron que despedir un empleado para una pyme representa una situación traumática, de reestructuración y adecuación de su proceso productivo para amoldarse a la nueva disponibilidad de personal y por sobre todas las cosas es una muestra de la enorme crisis que atraviesan los distintos sectores, quienes ya venían mostrando síntomas durante los últimos años los cuales se vieron profundizados a partir de la Pandemia.

“Es por ello que desde la FEDER consideramos que estas medidas solo contribuyen a empeorar el futuro de muchas Pymes, las cuales pelean desde hace tiempo para subsistir frente al escenario que presenta la economía Argentina. Consideramos que la mejor forma de salvaguardar el empleo es a través de medidas tendientes a generar nuevas fuentes de trabajo, las mismas deben apuntar a oxigenar la economía de las Pymes en aspectos claves como son la reducción de la presión tributaria, creación de líneas de créditos a tasas razonables y otras series de medidas que ya hemos expuestos en distintos comunicados presentados al gobernador Gustavo Bordet”, expresaron enfáticamente.

De allí que la entidad manifiesta que “desde la Federación Económica de Entre Ríos consideramos que, la única manera de superar este difícil escenario que se nos presenta es a través de un trabajo en conjunto que permita encontrar soluciones para todos los sectores que, día a día, realizan sus tareas con el fin de alcanzar el bienestar para quienes habitamos este bendito país”.