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El Instituto Becario garantizará la escolaridad de estudiantes de zonas rurales a través de un sistema de becas

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El Instituto Becario y el Consejo General de Educación pondrán en marcha un nuevo Programa de Becas Rurales que entrará en vigencia el ciclo lectivo 2019 y cuyo apoyo económico permitirá a los estudiantes continuar insertos en el sistema educativo.

El sistema continuará mejorando la eficiencia y transparencia en la inversión, garantizará la continuidad de los puestos de trabajo y dará un paso más en el ordenamiento general. Iniciará en 2019 con el mismo número de alumnos con que se cerrará el presente calendario educativo.

Equipos técnicos del Instituto Autárquico Becario Provincial y del Consejo General de Educación vienen avanzando en un manuscrito que dará vida al nuevo Sistema de Becas Rurales de Transporte, que dará continuidad a lo que se conoce actualmente como Transporte Escolar Rural.

Después de reuniones con prestadores del servicio, Directores Departamentales de Escuela y funcionarios provinciales, se conocieron detalles de la nueva propuesta para garantizar la escolaridad de más de 10.700 niños, para optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el acceso a la educación en todo el territorio provincial.

Entre sus principales objetivos se destaca “apoyar económicamente a estudiantes de zonas rurales”, que necesitan el acompañamiento del Estado, para seguir en el sistema educativo, otorgando una asignación mensual variable, dependiendo del trayecto a realizar, considerando la distancia entre el domicilio y la escuela. El Programa de Beca Rural es para estudiantes del nivel primario y secundario con residencia en dicha zona que concurran a escuelas rurales.

Habrá consideraciones especiales para situaciones como las Escuelas con orientación técnica o agrotécnica, que reciben alumnos de distintos puntos. De la misma manera, en localidades donde no existen vacantes.

La Beca 

El programa de Beca Rural vigente comprenderá a partir del año 2019 a los estudiantes que se encuentran actualmente transportados bajo el sistema de Transporte Escolar Rural.

Los alumnos deberán cumplir con los requisitos establecidos para obtener el beneficio de forma automática. Deberá acreditar domicilio en zona rural y concurrir a un establecimiento educativo con asiento en zona rural.

Como todos los aspirantes a una beca provincial, los solicitantes tendrán que completar un formulario, el cual deberán presentar con toda la documentación requerida antes de la finalización del ciclo escolar 2018.

Los formularios nominados fueron enviados a cada Institución Educativa con los datos de cada alumno que al día de la fecha usa transporte escolar rural. Cada presentación será evaluada, tanto la situación académica como socioeconómica del grupo familiar. Dicha evaluación recibirá análisis similar al Programa de Beca Rural vigente.

Es importante recalcar que existirá un cupo de becas a otorgar en el Programa. También se realizarán controles para certificar que el beneficiado usa el medio de transporte escolar, con documentación rubricada por padres, autoridad educativa y servicio de transporte escolar. Las becas serán abonadas durante 9 meses desde el mes de marzo.

Este beneficio no será incompatible con otras becas del Instituto, como así tampoco de otros organismos educativos.

Transparencia y ordenamiento

El nuevo sistema permitirá que cada alumno tenga el beneficio que le permita asistir a su escuela. También concederá transparencia al beneficio otorgado por el Estado, brindando equidad e igualdad entre los beneficiarios.

Por otra parte, dará un ordenamiento en procesos administrativos dentro del Organismo; optimizando los recursos económicos, y logrando proyectar con mayor exactitud.

Método de pago

Una de las primeras consultas que surgieron en las diferentes reuniones con los prestadores del servicio fue el método de pago.

A partir de distintos análisis de factibilidad y de aportes realizados por los mismos transportistas, se trabaja para cerrar una opción que permitirá que el depósito se realice mediante una tarjeta del Banco de Entre Ríos que pertenecerá a la escuela. Esta tarjeta será administrada por los directores Departamentales de Escuelas, quienes abononarán a la correspondiente empresa de transporte lo que se acredita en concepto de becas.

Cabe señalar que dicha tarjeta no estará habilitada para la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos; y solo se permitirá el uso en el rubro transporte.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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