#Entre Ríos #Ley #JuicioporJuradosEn una jornada histórica, el Proyecto del Ejecutivo de Juicio por Jurado tuvo sanción definitiva, por unanimidad, en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que vino con media sanción del Senado, fue tratada sobre tablas con acuerdo de todos los bloques.
El gobernador Gustavo Bordet valoró el trabajo legislativo: “Las instituciones democráticas han ido buscando la forma en los ciudadanos encuentren una participación real dentro de los tres poderes del Estado, es decir, en la República”, sostuvo.
“Valoro enormemente el acuerdo unánime de los legisladores entrerrianos para sancionar la ley de juicio por jurados. Hoy nuestra provincia no sólo podrá contar con una mirada doctrinaria en un proceso judicial sino con el aporte del sentido común que los ciudadanos tienen sobre una visión de un determinado hecho o acto”, sostuvo el gobernador Bordet, al término de la sesión.
“El juicio por jurados acerca el Poder Judicial a la participación ciudadana, que en los últimos años ha venido cobrando cada vez más espacio”, agregó.
“Las instituciones democráticas han ido buscando la forma en que los ciudadanos encuentren una participación real dentro de los tres poderes del Estado, es decir, en la República. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes es un precepto constitucional, ha ido desde su incorporación en 1853 adaptándose a las demandas que la sociedad tiene y que requiere la democracia”, indicó el gobernador.
“Mi reconocimiento a todos quienes trabajaron desde los la justicia, la legislatura y el poder ejecutivo para acordar este mecanismo de participación que en nuestras democracias modernas es determinante”, subrayó.
En tanto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró la sanción: «Estamos siendo una de las provincias argentinas que avanza hacia el juzgamiento de los delitos más graves por doce ciudadanos, mitad varones y mitad mujeres, que decidirán si una persona es culpable o inocente luego de que pase por sus sentidos todas las pruebas y que las partes argumenten y un juez técnico dirija ese debate».
«Es un sistema que viene funcionando en siete provincias argentinas con muchísima legitimidad, aceptación de parte de la gente y consideramos que es un muy buen sistema de participación ciudadana en las decisiones que toman nuestros tribunales», agregó.
«Hay un gran apoyo a esta Ley y se celebra que todos los bloques políticos que tienen esta representación parlamentaria, tanto en el Senado como en Diputados, aprobaron con aplausos esta ley», resaltó la ministra Romero.
Por su parte, el vocal de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Ángel Giorgio, señaló: “Es un avance muy importante, un momento muy trascendente para nuestro sistema judicial. Hace muchos años que vengo diciendo que las pruebas deben convencer al hombre común, no hace falta ser un erudito ni tener determinada ciencia para entender las pruebas”.
“Los jueces somos ciudadanos comunes, dotados de conocimientos jurídicos. Creo que este paso, con la intervención que va a tener el ciudadano, va a ser importante en el entendimiento de los hechos que son los que dominan el juicio; por eso veo importante esta participación ciudadana. Tengo esperanzas de que vamos a tener veredictos de calidad”, argumentó el vocal del STJ.
“Como todas las reformas y procesos de cambio llevan su tiempo, su parte traumática, pero es cuestión de tiempo, de trabajo constante y de aleccionar, incluso creo que ya hay un proyecto ley para instruir a los jurados como funcionamiento. Será una tarea docente y todos tenemos que aprender”, agregó Giorgio.
Presencias en el debate
Presenciaron la sesión el presidente del STJ, Emilio Castillón; la vicepresidenta, Susana Medina de Rizzo; los vocales Martín Carbonel, Miguel Ángel Giorgio y Ramón Salduna. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; y su par de Mendoza, Marcelo Dagostino.
Además, el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Gabriela López Arango; el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Alfredo Pérez Galimberti, el vicepresidente, Andrés Harfuch; por el instituto el Instituto de Derecho Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados, Julio Federik, Marciano Martínez y Miguel Ángel Cullen. La presidenta de la Asociación VIDAER, Carla Cusimano. Los senadores Roque Ferrari y Raymundo Kisser y el juez Elbio Garzón, entre otros prestigiosos abogados y representantes del Poder Judicial.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su rechazo a la reducción de lugares de representación en el Consejo General de Educación (CGE) dispuesta por el Decreto Nº 1831/25 y reclamó que se mantenga la actual cantidad de cargos y que se fije, de manera expresa, la fecha de los comicios para renovar a las y los representantes docentes.
Según informó el sindicato, el gobierno provincial convocó a elecciones, pero en el anexo del decreto recorta espacios en distintos órganos del CGE. Entre los ejemplos señalados, se reduce de 5 a 4 la representación en el Jurado de Concursos de Nivel Primario y Secundario, y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Si bien el ajuste alcanza tanto a representantes electos por el voto docente como a los designados por el Poder Ejecutivo, AGMER advierte que la medida “resiente las tareas” del organismo colegiado.
El gremio remarcó que el CGE ya funciona “a contrarreloj” con la estructura vigente y que el sistema educativo entrerriano se distingue por el ingreso y la carrera docente transparentes, vía concursos públicos, emisión periódica de credenciales y garantías de estabilidad. En ese contexto, consideró que la reducción de cargos introduce “piedras en el camino” que terminan banalizando la gestión educativa.
AGMER confirmó, además, que ya realizó sus internas y definió su propuesta de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Gustavo Blanc (Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes plebiscitados por voto directo de afiliadas y afiliados.
El comunicado está firmado por la Comisión Directiva Central de AGMER y por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE. El sindicato insistió en dos pedidos concretos:
Mantener sin cambios la cantidad de cargos de representación en el CGE.
Estipular de manera explícita la fecha de los comicios para este año.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.
Sociales3 meses ago
Sociales3 meses ago
Deportes4 meses ago
Deportes4 meses ago
Sociales1 mes ago
Sociales1 mes ago
Deportes4 meses ago