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El juez de Faltas de Hernandarias, Cristian Melnik, comentó los procedimientos del juzgado durante el aislamiento social obligatorio decretado por la pandemia, explicó las competencias locales a diferencia de la Justicia Federal y valoró la compactación de motos que se hizo en la localidad para dar lugar a la actual terminal de ómnibus.
Melnik reseñó que en el Juzgado de Faltas hubo un receso de un mes cuando se decretó la cuarentena obligatoria. Luego rehabilitaron actividades a fines de abril, de manera limitada.
Operativos de tránsito
En cuanto a las actuaciones del juzgado, explicó que aumentó “la retención preventiva de vehículos, de personas que habían violado la cuarentena en su momento, en horarios no permitidos y por causas que no estaban justificadas”. Esos operativos desembocaron en el Juzgado “para que los particulares pudieran ejercer su correspondiente derecho a rescate para hacerse de su vehículo nuevamente”.
El magistrado aclaró que “hay que distinguir entre las actuaciones que se inician por violación de la cuarentena y por infracciones de tránsito. En las de tránsito el juzgado de Faltas tiene competencia para entender, juzgar y sancionar la infracción, y restituir el vehículo una vez cumplidos todos los requisitos”.
En cambio, recordó que las actuaciones por violar la cuarentena son elevadas a las Justicia Federal.
“Las retenciones son preventivas: medidas cautelares que la autoridad de constatación hace en el momento para evitar un mal mayor”, remarcó Melnik.
Vehículos no recuperados
El juez admitió que “lamentablemente fueron quedando y acumulando” los vehículos secuestrados en otros momentos “que ya no fueron retirados, por un transcurso de tiempo muy largo, en el cual los costos se fueron incrementando, los titulares no pudieron hacerse de los papeles para regularizar y recuperarlo”.
También mencionó “la experiencia de una compactación de motos” que no habían sido retiradas, “que fue un trámite muy satisfactorio porque desalojamos las instalaciones de donde actualmente funciona la terminal de ómnibus”.
“Es un programa nacional que se encarga de coordinar los municipios con empresas compactadoras para solventar los gastos de esa compactación”, contó Melnik y resaltó que el trámite requiere coordinación ente distintos estamentos de gobierno.
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