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Entre Ríos define junto a otras provincias la compensación que deberá pagar Nación tras el fallo de la Corte

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#EntreRíos #Coparticipación #Crisis

Los ministros de Economía y Fiscales de Estado de las provincias buscarán consensuar este martes, en un encuentro en Buenos Aires, el monto de compensación  tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional que ordenó a la administración de Mauricio Macri financiar el costo fiscal de las medidas de la Nación que redujeron los ingresos de las provincias. 

El ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se reunirán este martes en CABA con sus pares de otras provincias.

“ A partir del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada tomamos contacto los ministros de Economía y los fiscales de Estado, en principio de las 15 provincias que justamente acudimos a la Corte con ese reclamo pero seguramente se sumarán otras  también”, comentó Ballay y acotó que “fundamentalmente es para determinar la forma y poder exigir al gobierno nacional que cumpla con su fallo. La semana pasada trabajamos individualmente, vía comunicación con cada uno de los ministros, y definimos esta reunión mañana en la Comisión Federal de Impuestos”.

Luego el funcionario entrerriano señaló que “el fallo de la Corte es muy claro. No modifica la redacción de los decretos ni resoluciones que las provincias plantearon, sino que señala que el costo fiscal de dicha medida debe ser absorbido totalmente por el gobierno nacional” y acotó que “sólo  tiene efecto para estas 15 provincias y para el resto no, por eso nuestra dificultad en principio de poder determinar el monto exacto de la incidencia y esto es lo que vamos a trabajar este martes”.

Más adelante, menciónó: “La estimación que hicimos en su momento cuando la medida se publicó, en base a lo que el propio gobierno nacional estableció como costo fiscal de la medida eran de 1.650 millones de pesos  desde el momento de la decisión al 31 de diciembre. Sobre estos valores trabajamos fundamentalmente porque tomamos los parámetros que el propio gobierno nacional había estimado”.

“Lo que nosotros pedimos es que se cumpla con el fallo de la Corte y que se redistribuya a las provincias lo que les corresponde de un impuesto que es coparticipable”, insistió Ballay, al tiempo que comentó que, según versiones periodísticas, las provincias de Buenos Aires y Mendoza se van a sumar al reclamo.

Por su parte, Rodríguez Signes comentó que «la Corte Suprema en el caso Gobierno de Entre Ríos contra Estado Nacional por la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 567 dictó una medida cautelar, haciendo lugar a la pretensión de las provincias para que mientras se sustancia el juicio principal las provincias no vean menguada la coparticipación. Pero la Corte no determina una cifra concreta por la cual la provincia debe ser compensada, sino que establece una especie de consigna que es que el costo fiscal de las medidas adoptadas las asuma el Estado nacional con sus propios recursos sin afectar los recursos de coparticipación”.

Luego expresó: “Eso es lo que dice la sentencia y por lo tanto lo que hay que hacer es convertir esa consigna en una cifra determinada. Para ello hay dos formas: una es hacer un ejercicio y considerar como que no existen esos decretos para las provincias, y por lo tanto habría que determinar cuánto era la coparticipación antes de la entrada en vigencia de ellos y cuánto es actualmente. Esa diferencia sería el monto a compensar».

«La otra posibilidad es  tomar el mismo cálculo que hizo el Estado nacional que estimó el costo fiscal de las medidas en 34.000 millones de pesos y de ahí aplicar los índices de coparticipación de cada uno”, acotó el fiscal de Estado entrerriano.

Finalmente, sostuvo: “Nosotros estamos actualmente en una instancia de intentar determinar la suma a compensar para que la medida cautelar se cumpla, de acuerdo a lo ordenado por la Corte, y es por eso que este martes se realizará la reunión en la Comisión Federal de Impuestos.  El gobierno nacional tiene una actitud dilatoria que es hagamos una audiencia, debatamos ahí, de paso debatimos el sentido de las medidas. En ese aspecto consideramos que ex temporanea la posición del gobierno nacional”.

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#Reclamos: Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía en reclamo de fondos y obras

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Jefes comunales de diversas provincias, se movilizarán este martes hacia el Ministerio de Economía de la Nación. La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), tiene como objetivo exigir la restitución de recursos financieros y la reactivación de la obra pública en las localidades.

La convocatoria surge tras un diagnóstico compartido sobre el deterioro de las finanzas locales. Los intendentes presentarán un documento oficial que detalla la caída de los ingresos en los distritos y el impacto negativo que esto genera en la gestión diaria de cada comunidad.

Puntos centrales del reclamo

El petitorio que se entregará en la sede ministerial incluye tres ejes fundamentales:

  • Coparticipación: Recomposición de los fondos y revisión de la caída de transferencias nacionales.

  • Obra Pública: Reactivación de proyectos paralizados que son considerados clave para el desarrollo económico local.

  • Insumos: Revisión del precio de los combustibles, cuyo costo afecta directamente la prestación de servicios municipales básicos.

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#Hidrovía: Benetti denunció que el dragado del río Paraná sin estudios ambientales generaría un «ecocidio»

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En el marco de la jornada de concientización ambiental realizada en el puerto de Villa Hernandarias, el ambientalista Pablo Benetti advirtió sobre los riesgos de la nueva licitación para el dragado de la Hidrovía. Benetti, integrante del colectivo «Remar Contracorriente» y del Foro por la Recuperación del Río Paraná, participó de la travesía náutica que busca visibilizar el rechazo a la profundización del calado del río sin los controles pertinentes.

El referente explicó que el pliego licitatorio del Gobierno Nacional prevé la entrega de la soberanía del río por un plazo de 25 años a empresas extranjeras. Según Benetti, la intención de llevar el calado a 44 pies desde Rosario hasta la desembocadura representaría un grave peligro para el ecosistema: «Eso generaría un verdadero ecocidio. Imagínense, hay que profundizar más de 3 metros lo que está ya calado hoy por 600 metros de ancho. Se llevaría gran parte del caudal que tenemos».

Asimismo, el ambientalista denunció que el proyecto se intenta llevar adelante violando leyes nacionales al no contar con un análisis previo de las consecuencias en el entorno. «Se están violando varias leyes nacionales con esta licitación. No se presentó un estudio de impacto ambiental que es necesario para poder aprobar obras de semejante envergadura», aseguró Benetti, quien además subrayó que la Argentina posee la capacidad técnica para realizar estas tareas de forma estatal a través de sus propios astilleros y dragas.

Acompañado por alumnos de escuelas locales que recibieron a los remeros con una bandera de 50 metros, Benetti destacó la importancia de la soberanía sobre lo que se transporta, mencionando que el 80% de las exportaciones argentinas salen por esta vía. En este sentido, alertó que la falta de control nacional facilita problemáticas como el narcotráfico, señalando que la vigilancia de los cargamentos debe quedar en manos del Estado argentino.

Finalmente, el referente se mostró optimista respecto al impacto de estas movilizaciones en la opinión pública y los estamentos judiciales. Recordó que el año pasado se logró frenar un proceso similar y reafirmó el compromiso del grupo con la defensa del recurso natural: «Tenemos todas las herramientas para poder frenar esto y creemos que es posible. No vamos a bajar los brazos hasta lograrlo».

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#ReformaLaboral: El sindicato de capitanes evalúa un paro de 48 horas que podría frenar las exportaciones

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El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo analiza lanzar una medida de fuerza por 48 horas debido a la falta de avances en las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales. Esta acción, que cuenta con el apoyo de otros gremios del sector, amenaza con paralizar el transporte de granos y las exportaciones en toda la hidrovía.

En Villa Hernandarias, la situación se sigue con especial atención, ya que la localidad es un punto estratégico para la actividad fluvial. Tanto el Centro de Patrones como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuentan con sedes propias en la ciudad. Además, una gran parte de la población local trabaja en la marina mercante y se encuentra afiliada a estos y otros sindicatos relacionados con el sector.

La disputa gremial surge tras el estancamiento de las discusiones salariales. Los representantes de los trabajadores señalaron que, de no recibir una propuesta satisfactoria, el cese de actividades será inminente. El paro afectaría principalmente a los remolcadores y barcazas que transportan la producción agrícola hacia los puertos de salida.

El conflicto no solo involucra a los capitanes. Trabajadores de la zona que integran diferentes categorías de la marina mercante se mantienen en estado de alerta. Las delegaciones locales de los sindicatos indicaron que la medida busca recomponer el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación actual.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Secretaría de Trabajo convoquen a una nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto y evitar el freno total de las operaciones comerciales en el río.

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