El mandatario entrerriano expresó además que el acuerdo surge de “una escucha profunda de la sociedad y en especial del movimiento feminista”, y que se trata de “una política concertada que nos requiere a todos los actores de la sociedad, no sólo al Estado, pensando y actuando para el bienestar de las próximas generaciones”.

Por último, el mandatario valoró los “pasos que logramos dar en Entre Ríos”, entre los que mencionó “la jerarquización de las políticas de género”, entre las que mencionó la sanción de la Ley de Paridad que “viene a reivindicar el rol de las mujeres en la vida social y política de la sociedad entrerriana”, y el envío a la Legislatura del proyecto ley de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género que “permitirá actualizar la legislación vigente para brindar respuestas acertadas y eficaces ante casos de violencia”.

Un acuerdo federal

El documento suscripto este mediodía por el gobierno nacional y las provincias establece un “compromiso con el fin de generar un gran acuerdo federal que permita construir una Argentina Unida contra las violencias por motivos de género”.

“El objetivo es crear una respuesta contundente y coordinada a través de la implementación de políticas públicas integrales y eficaces a nivel nacional, provincial y municipal”, sostiene el texto que apunta a “priorizar en nuestras agendas públicas y políticas todas las acciones necesarias dirigidas a erradicar las violencias de género”. Para ello, “el primer camino es el fortalecimiento de las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio”.

Asimismo, “para lograr la transformación cultural que se requiere, necesitamos avanzar fundamentalmente en políticas de prevención de las violencias”, explica el acuerdo que llama a articular las acciones “entre las distintas agencias estatales y con las organizaciones sociales, comunitarias y de la sociedad civil”. “El cambio necesario es imposible sin la fuerza del Estado, pero con acciones estatales solamente no alcanza”, resalta.

Además, las autoridades firmantes coinciden que “ante la urgencia y ante la violencia consumada, necesitamos garantizar los dispositivos y herramientas adecuadas para una asistencia integral para todas las personas que atraviesan esa situación. Asistencia y protección inmediata en casos de alto riesgo”, y a “poner todo nuestro esfuerzo para coordinar políticas, equipos de trabajo y recursos para que cada mujer que necesite ayuda, encuentre un Estado presente y cercano: nacional, provincial o municipal”.

“Estos esfuerzos deben sumarse a los que los poderes judiciales indefectiblemente deben llevar adelante, transformando aquellas estructuras y prácticas deficitarias para estar a la altura de lo que la sociedad les exige”, continúa el texto suscripto.

Entre los puntos que explicita el acuerdo que firmaron el gobierno nacional y los gobernadores constan:

1. Integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios creado por Decreto N° 123/2021;

2. adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación;

3. adherir al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG) creado por Resolución del Ministerio De Las Mujeres, Géneros Y Diversidad N° 48/21;

4. promover que el Poder Judicial de cada provincia avance con las transformaciones necesarias para la incorporación de la perspectiva de género a su funcionamiento, realice las capacitaciones que corresponda para actualizar sus prácticas y que, en particular, establezca mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género;

5. fortalecer las áreas de género provinciales y promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género; y mejorar los mecanismos de coordinación y criterios de actuación conjunta entre la provincia y los municipios, en especial en casos de alto riesgo;

6. fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad, a arbitrar todos los medios necesarios para la protección de las personas en situación de violencia por motivos de género en dichos casos y a adherir a los procedimientos y modalidades de restricción del uso de armas de fuego de dotación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad;

7. garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género, incluyendo el registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones, en articulación con los organismos competentes en la materia;

8. coordinar y trabajar de manera conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.