El gobernador Gustavo Bordet trató cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación, control de pesca y normativas en el marco del covid 19, con el director de Prefectura de Región Centro, prefecto General Rogelio Pellegrino, y el jefe de Prefectura de Paraná, prefecto Principal Julio Santana.
Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el primer mandatario entrerriano se reunió con los referentes de Prefectura en la Casa Gris.
Al término del encuentro, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, comentó que «el gobernador planteó como eje de los temas, los controles conjuntos que hacemos los Estados nacional y provincial con motivo de la pandemia, y especialmente en todo lo que es la navegación, la prevención de que no existan reuniones no autorizadas que a veces se hacen en las islas».
Detalló luego que «se abordó la temática de las islas entrerrianas que están frente a Rosario. Allí hay mucho tránsito de embarcaciones y hubo un compromiso de labor compartida que de hecho ya se viene haciendo pero que vamos a fortalecer en los próximos meses porque estamos todavía en pandemia y en muchos casos el verano y las altas temperaturas propician que se hagan encuentros masivos que no debieran existir en territorio de las islas».
«Dialogamos sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la navegación, con el rol de Prefectura y con el trabajo compartido con las autoridades provinciales», continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que indicó que «si tuviéramos que trazar un diagnóstico de cómo actuó la población entrerriana, tendríamos que decir que lo hizo con mucha responsabilidad porque los casos de las personas que no respetan las normas de restricción o de distanciamiento son las menos. Lo que ocurre es que son los que provocan mayor necesidad de trabajo tanto de las fuerzas de seguridad provinciales como nacionales».
Por su parte, Pellegrino comentó que dialogaron sobre «el control de fiestas clandestinas, aglomeraciones de personas y cuidados en torno al distanciamiento, además de la capacidad máxima que hoy tienen las embarcaciones hasta el momento restringida al 50 por ciento de personas a bordo».
«Hay que hacer un trabajo en conjunto entre la Prefectura, que en este caso representa al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia de Entre Ríos, además de todos los Estados municipales», sostuvo.
«Cada persona tiene su cuota de responsabilidad. Todos debemos ser responsables para cuidar al otro. Prefectura trata de evitar las aglomeraciones y las fiestas clandestinas por lo cual se patrulla permanentemente el río y las zonas, y de esa manera buscar que el Estado esté lo más presente posible», remarcó.
En cuanto a Paraná, Santana mencionó que el viernes pasado salió una resolución en la que el municipio permite que «las embarcaciones naveguen en su capacidad total». En ese marco, recomendó que «las embarcaciones que tienen cabinas cerradas, se ventile previo encendido de motores, verificar los elementos de seguridad, documentación y evitar que se exceda la capacidad de personas permitida para cada embarcación».
Por último, dijo que «se sigue trabajando dentro de los lineamientos que dispuso a través del Ministerio de Seguridad, en conjunto con lo que el gobernador Bordet solicita».
También participó del encuentro el encargado de Relaciones Institucionales de la Dirección de Región Centro, ayudante de Segunda Sebastián Ábalos.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su rechazo a la reducción de lugares de representación en el Consejo General de Educación (CGE) dispuesta por el Decreto Nº 1831/25 y reclamó que se mantenga la actual cantidad de cargos y que se fije, de manera expresa, la fecha de los comicios para renovar a las y los representantes docentes.
Según informó el sindicato, el gobierno provincial convocó a elecciones, pero en el anexo del decreto recorta espacios en distintos órganos del CGE. Entre los ejemplos señalados, se reduce de 5 a 4 la representación en el Jurado de Concursos de Nivel Primario y Secundario, y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Si bien el ajuste alcanza tanto a representantes electos por el voto docente como a los designados por el Poder Ejecutivo, AGMER advierte que la medida “resiente las tareas” del organismo colegiado.
El gremio remarcó que el CGE ya funciona “a contrarreloj” con la estructura vigente y que el sistema educativo entrerriano se distingue por el ingreso y la carrera docente transparentes, vía concursos públicos, emisión periódica de credenciales y garantías de estabilidad. En ese contexto, consideró que la reducción de cargos introduce “piedras en el camino” que terminan banalizando la gestión educativa.
AGMER confirmó, además, que ya realizó sus internas y definió su propuesta de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Gustavo Blanc (Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes plebiscitados por voto directo de afiliadas y afiliados.
El comunicado está firmado por la Comisión Directiva Central de AGMER y por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE. El sindicato insistió en dos pedidos concretos:
Mantener sin cambios la cantidad de cargos de representación en el CGE.
Estipular de manera explícita la fecha de los comicios para este año.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.