El gobernador Gustavo Bordet trató cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación, control de pesca y normativas en el marco del covid 19, con el director de Prefectura de Región Centro, prefecto General Rogelio Pellegrino, y el jefe de Prefectura de Paraná, prefecto Principal Julio Santana.
Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el primer mandatario entrerriano se reunió con los referentes de Prefectura en la Casa Gris.
Al término del encuentro, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, comentó que «el gobernador planteó como eje de los temas, los controles conjuntos que hacemos los Estados nacional y provincial con motivo de la pandemia, y especialmente en todo lo que es la navegación, la prevención de que no existan reuniones no autorizadas que a veces se hacen en las islas».
Detalló luego que «se abordó la temática de las islas entrerrianas que están frente a Rosario. Allí hay mucho tránsito de embarcaciones y hubo un compromiso de labor compartida que de hecho ya se viene haciendo pero que vamos a fortalecer en los próximos meses porque estamos todavía en pandemia y en muchos casos el verano y las altas temperaturas propician que se hagan encuentros masivos que no debieran existir en territorio de las islas».
«Dialogamos sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la navegación, con el rol de Prefectura y con el trabajo compartido con las autoridades provinciales», continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que indicó que «si tuviéramos que trazar un diagnóstico de cómo actuó la población entrerriana, tendríamos que decir que lo hizo con mucha responsabilidad porque los casos de las personas que no respetan las normas de restricción o de distanciamiento son las menos. Lo que ocurre es que son los que provocan mayor necesidad de trabajo tanto de las fuerzas de seguridad provinciales como nacionales».
Por su parte, Pellegrino comentó que dialogaron sobre «el control de fiestas clandestinas, aglomeraciones de personas y cuidados en torno al distanciamiento, además de la capacidad máxima que hoy tienen las embarcaciones hasta el momento restringida al 50 por ciento de personas a bordo».
«Hay que hacer un trabajo en conjunto entre la Prefectura, que en este caso representa al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia de Entre Ríos, además de todos los Estados municipales», sostuvo.
«Cada persona tiene su cuota de responsabilidad. Todos debemos ser responsables para cuidar al otro. Prefectura trata de evitar las aglomeraciones y las fiestas clandestinas por lo cual se patrulla permanentemente el río y las zonas, y de esa manera buscar que el Estado esté lo más presente posible», remarcó.
En cuanto a Paraná, Santana mencionó que el viernes pasado salió una resolución en la que el municipio permite que «las embarcaciones naveguen en su capacidad total». En ese marco, recomendó que «las embarcaciones que tienen cabinas cerradas, se ventile previo encendido de motores, verificar los elementos de seguridad, documentación y evitar que se exceda la capacidad de personas permitida para cada embarcación».
Por último, dijo que «se sigue trabajando dentro de los lineamientos que dispuso a través del Ministerio de Seguridad, en conjunto con lo que el gobernador Bordet solicita».
También participó del encuentro el encargado de Relaciones Institucionales de la Dirección de Región Centro, ayudante de Segunda Sebastián Ábalos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.
La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un fallo a favor de la educación pública
Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.
El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:
El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.
Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.
Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.
El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.
El eje del reclamo: sumas no remunerativas
El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:
FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).
Conectividad (CPC).
Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.
Impacto en jubilados y aportes patronales
La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:
Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.
Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.
Un escenario de ruptura
Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».
Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.
El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.
La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.
En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.
Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.
El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.