En el marco de las disposiciones establecidas por el gobierno nacional para reducir los contagios, el gobierno de la provincia determinó que la administración pública trabaje de manera virtual entre el 22 y el 30 de mayo. Quedan exceptuados el personal de salud, seguridad y de comedores.
También se invita a aplicar medidas similares a las autoridades de los poderes Judicial y Legislativo, municipios, comunas y a las autoridades de las empresas y sociedades del Estado.
A través del decreto N° 1112/21 firmado este viernes por el gobernador, Gustavo Bordet, en base al análisis de la situación epidemiológica que elabora el Ministerio de Salud, y a fin de reducir la circulación y la aglomeración de personas, se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal de la administración central y descentralizada. La medida será desde el sábado 22 de mayo de 2021y el domingo 30 de mayo de 2021 inclusive.
La norma establece además excepciones para el personal del Ministerio de Salud, de la Policía de Entre Ríos, del Servicio Penitenciario, de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias incluyendo al personal de la Dirección de Comedores, al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, y al de los registros públicos dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Para ello las autoridades de cada jurisdicción organizarán al personal declarado esencial, los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables. La medida no afectará la percepción de haberes, para lo cual los responsables de cada área deberán determinar, a través de resoluciones, las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales en forma remota.
Por otra parte, se suspenderán los plazos administrativos en el mismo período excepto “los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas, los concernientes a las operaciones de crédito público, a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción, les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia”.
El decreto consigna entre sus fundamentos que actualmente los Departamentos Colón, Concordia, Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay y Villaguay, se encuentran definidos en el nivel de riesgo epidemiológico alto, ya que superan los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias nacionales en cuanto a la razón de casos y/o la incidencia; mientras que los departamentos de Federal y Victoria encuadran en el nivel de riesgo epidemiológico medio.
Por otra parte, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional indica que cada jurisdicción deberá implementar estrategias específicas y adaptadas a la realidad local en relación con la prevención, atención, monitoreo y control de su situación epidemiológica y deberá identificar las actividades de mayor riesgo de contagio, según la evaluación de riesgos, teniendo en consideración los parámetros de alto, medio y bajo riesgo epidemiológico y sanitario y de alarma epidemiológica y Sanitaria.
En ese marco, las medidas dispuestas a través del decreto “tienen por objeto reducir la circulación, contener la transmisión y reducir la mortalidad y la morbilidad por COVID-19; buscando también mantener la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial y así disminuir el riesgo de sobrecarga de los servicios de salud”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su rechazo a la reducción de lugares de representación en el Consejo General de Educación (CGE) dispuesta por el Decreto Nº 1831/25 y reclamó que se mantenga la actual cantidad de cargos y que se fije, de manera expresa, la fecha de los comicios para renovar a las y los representantes docentes.
Según informó el sindicato, el gobierno provincial convocó a elecciones, pero en el anexo del decreto recorta espacios en distintos órganos del CGE. Entre los ejemplos señalados, se reduce de 5 a 4 la representación en el Jurado de Concursos de Nivel Primario y Secundario, y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Si bien el ajuste alcanza tanto a representantes electos por el voto docente como a los designados por el Poder Ejecutivo, AGMER advierte que la medida “resiente las tareas” del organismo colegiado.
El gremio remarcó que el CGE ya funciona “a contrarreloj” con la estructura vigente y que el sistema educativo entrerriano se distingue por el ingreso y la carrera docente transparentes, vía concursos públicos, emisión periódica de credenciales y garantías de estabilidad. En ese contexto, consideró que la reducción de cargos introduce “piedras en el camino” que terminan banalizando la gestión educativa.
AGMER confirmó, además, que ya realizó sus internas y definió su propuesta de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Gustavo Blanc (Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes plebiscitados por voto directo de afiliadas y afiliados.
El comunicado está firmado por la Comisión Directiva Central de AGMER y por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE. El sindicato insistió en dos pedidos concretos:
Mantener sin cambios la cantidad de cargos de representación en el CGE.
Estipular de manera explícita la fecha de los comicios para este año.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.
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