La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y los sindicatos AMET y UDA acudieron este lunes a la Justicia para iniciar acciones legales contra la Ley de Emergencia del gobierno provincial, que afecta directamente el salario de trabajadores y trabajadoras tanto en actividad como jubilados.

Concretamente, los sindicatos presentaron un planteo de inconstitucionalidad -una presentación de más de 50 fojas que ingresó al Juzgado de Familia Número  3- y una medida cautelar innovativa para  lograr que se suspenda la aplicación de la ley mientras se analiza la  cuestión de fondo. Así lo precisaron hoy los dirigentes sindicales en una conferencia de prensa virtual, encabezada por el Secretario general de AGMER, Marcelo Pagani; Oscar Muntes, de ATE; Mirta Raya de UDA y Andres Bessell, de AMET. Por AGMER estuvieron también Ana Delaloye y Alberto Díaz.

Estamos  atravesando una  situación difícil, no sólo por  el contexto de pandemia y cuarentena, sino que tenemos  esta ley, aprobada por  la Legislatura de Entre Ríos y promulgada el 8 de julio por el Ejecutivo, que atenta contra muchos derechos de los  y las trabajadores”, manifestó Marcelo Pagani.

Luego repasó los “números inaceptables” que AMGER ha venido difundiendo y que muestran que algo más del 64% de los recursos que el Estado piensa recaudar con esta ley es aportado por trabajadores y jubilados, mientras que bancos y financieras aportan poco más del 15%, el agronegocio pone 7% y laboratorios y farmacias el 12%.

“Hemos sido claros al plantear nuestro posicionamiento con respecto a esta Ley. No desconocemos que necesitamos un Estado potente y con recursos, pero el aporte no puede salir de los trabajadores. Por eso estamos planteando la inconstitucionalidad de esta ley, que avanza sobre el art. 14 de la Constitución Nacional, sobre el Art. 82 de la Constitución Provincial y sobre las leyes de paritaria docente”, precisó Pagani.

En tanto, la medida cautelar innovativa que también se presentó este lunes, busca lograr un fallo favorable que, en primera instancia, suspenda la aplicación de la Ley. Al respecto, las entidades sindicales confían en que las novedades sobre este punto deberían producirse en una semana, no más.

Tras dar detalles de los argumentos en los que se funda la presentación judicial, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, afirmó: “No creemos que estos sean los ámbitos de debate de la política, sino que deben serlo las mesas de consenso y debates amplios entre los sectores, pero nos han llevado a esta situación”. En ese sentido, recordó que de buena fe y con muchas expectativas, los sindicatos se sumaron al “diálogo social” al que invitó el Gobierno provincial el 5 de mayo. “Por eso la sorpresa cuando aparece esta ley”, explicó.

En la misma línea, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, reseñó que la Ley de Emergencia “fue muy sorpresiva para nosotros, en esta realidad que estamos vivienda, con la pérdida del poder aquisitivo del salario, la situación de pandemia que atraviesa el mundo, y las consecuencias de las políticas neoliberales que nos han llevado a este momento”. Y subrayó: “Nos preocupa el momento y la forma. No hubo debate y no podemos estar en la calle que es nuestro lugar, nuestra herramienta de lucha”.

El dirigente estatal marcó además que tanto en el Estado Nacional como en la provincia de Buenos Aires, comenzaron las negociaciones paritarias y no salió ninguna ley de emergencia, poniendo de relieve la diferencia con la opción del gobernador Bordet, “que eligió el camino más corto, que es seguir ajustando a los trabajadores” para obtener recursos.

La discusión de los recursos y el Estado

“Creemos en el Estado como articulados de la economía y sabemos que debe tener recursos. Estamos lejos de los planteos neoliberales en esta cuestión. Pero esos recursos hay que buscarlos de los sectores concentrados de la economía que aún con pandemia la siguen juntando a pala ancha”, manifestó Pagani.

Respecto de los recursos que el Estado necesita, los referentes sindicales coincidieron en marcar la necesidad de avanzar en una reforma tributaria. “Es un planteo que hemos hecho históricamente”, dijo Pagani. Y consideró: “Hay que ver cómo se resuelve la pospandemia. Si finalmente tenemos un capitalismo más duro, donde es el capital financiero el que lleva adelante los grandes negocios, o si realmente aparece un esquema distinto, que proponga una provincia y un país más justo”.

En tanto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, coincidió: “Seguramente en la pospandemia vamos a estar discutiendo el Estado que queremos. No vamos a dejar la calle nunca”.