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Iosper: La Emergencia Prestacional no pone en riesgo ninguna prestación de salud

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#IOSPER #Prestaciones #Emergencia

En lo que va de 2019, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) “destinó 850 millones de pesos para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que son 6.351 afiliados”, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt. La obra social “nunca abandonó a las instituciones ni dejó de cumplir con los pagos al conjunto de afiliados”, aseguró el funcionario.

En estos nueve meses de 2019, el Iosper “invirtió en salud de los afiliados con CUD una cifra muy significativa, que representó un enorme esfuerzo e inmenso sacrificio de la obra social dado el contexto económico del país, ya que hubo una fuerte inflación y una devaluación terrible del dólar, variables que afectaron directamente al monto de las prestaciones asistenciales y de los medicamentos, prótesis e insumos”, indicó el funcionario.

En ese sentido, detalló que en lo que va de 2019, la obra social de los trabajadores públicos entrerrianos “destinó 850 millones de pesos para personas con CUD, que son 6.351 afiliados”, y precisó que ese monto “representa el 15,5 por ciento del Presupuesto prestacional anual total de la obra social del 2019”.

Al respecto, precisó que desde enero a septiembre “en reintegros asistenciales se pagaron 302 millones de pesos; 190 millones de pesos en medicamentos (ya que de los 6.351 afiliados con CUD, 2.500 deben ser tratados farmacológicamente); 14 millones de pesos mensuales en internaciones en distintos sanatorios y clínicas de la provincia para 415 afiliados, que totaliza 145 millones de pesos; a escuelas especiales (para 175 afiliados) se abonó 30 millones de pesos; y 47 millones de pesos en prestaciones de kinesiología”.

En ese marco, el contador remarcó que hay una política de cuidado del afiliado con discapacidad y señaló que los problemas que poseen instituciones ajenas a la obra social no son por falta de inversión de Iosper, sino que son ajenos a la institución: “Es de público conocimiento que el Estado nacional hace meses que no manda las partidas de los programas de discapacidad por lo que muchas instituciones vinculadas a este tema vieron seriamente resentido en su economía y finanzas”.

Iosper “nunca abandonó a las instituciones ni dejó de cumplir con los pagos al conjunto de afiliados y, particularmente, a quienes poseen alguna discapacidad”, subrayó el gerente de Administración del organismo, quien aclaró que la emergencia que declaró la obra social no implicará el corte de prestaciones. “Cuando el gobierno nacional decretó la emergencia alimentaria no lo hizo para que la gente no coma sino para garantizar los recursos con los que cuenta enfocados en ese sentido y la emergencia prestacional que Iosper estableció (mediante la Resolución 1682) tiene como fin, como espíritu, garantizar las prestaciones de salud ante riesgo de vida de los 300.000 afiliados de la obra social, es decir, que tengan los medicamentos para sus patologías, las internaciones en clínicas y sanatorios, médicos que los atiendan, anestesistas, bioquímicos y las prótesis, lo que significa que los recursos están concentrados en estas seis prestaciones. Las demás prestaciones serán pagadas a medida que los recursos ingresen”, aclaró.

La emergencia “atraviesa a todo el sistema sanitario argentino, que está en serio riesgo”, dijo el contador, quien precisó que las nuevas patologías y métodos con las nuevas tecnologías “la obra social debe enfrentarlos con los mismos recursos presupuestados, que no se actualizan por el valor del dólar ni de la inflación, sino con el aporte personal y patronal de los empleados públicos que varían según los incrementos salariales de la masa de los trabajadores que fija el gobernador, mientras que el valor de las prestaciones asistenciales se mueven a un ritmo más acelerado por dos variables (devaluación e inflación) que no manejan ni el gobernador ni las autoridades del Iosper”.

Schmidt señaló que, “como dice el presidente del directorio Obrero de la Obra Social, Fernando Cañete, no hay que pensar en todo para todos, sino en todos”.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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