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#ParitariasEntreRíos: Avanzan con un nuevo aumento para proteger los salarios ante la inflación

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El gobierno provincial, ATE y UPCN avanzan con un incremento del cinco por ciento en agosto y la decisión de mantener abierta la paritaria. También se adelantará el aumento de las asignaciones familiares al 1 de agosto. El aumento acumulado en lo que va del año supera el 76 por ciento.

El encuentro es parte de la continuidad de las negociaciones paritarias entre el gobierno de Entre Ríos y los gremios que representan a las y los trabajadores de la administración pública provincial. El objetivo es monitorear las consecuencias de la devaluación en la inflación.

Durante la reunión, el ministro de Economía, Hugo Ballay, agradeció a ATE y UPCN “el reconocimiento de la tarea que venimos haciendo en conjunto”, en referencia a los logros obtenidos para el personal del Estado tales como las recategorizaciones, pases a planta permanente, estabilidad, la Ley de Enfermería, las mejoras para las cocineras de los comedores escolares, entre otros avances que se dieron durante la gestión del gobernador Gustavo Bordet.

En ese marco, Ballay confirmó el compromiso del gobernador para que “los incrementos salariales estén por encima de la inflación”. Y recordó que llegamos a julio con un 68 por ciento de aumento contra un 60 por ciento de inflación. Además mencionó “otra decisión importante, que fue cambiar la base de cálculo, incorporando un cuarenta por ciento más para calcular los siguientes aumentos”.

Seguidamente, el titular de la cartera económica explicó que la propuesta concreta para esta reunión consiste en “incorporar un incremento del 5 por ciento en el mes de agosto sobre la nueva base de cálculo, que estamos en condiciones de liquidar el primero de septiembre”, y accedió al pedido de los gremios de “adelantar el incremento de las asignaciones familiares previstas para el 1º de septiembre y liquidarlo a partir del 1º de agosto, porque esto también es salario”.

“De esta manera, estaríamos alcanzando un incremento acumulado del 76 por ciento, en lo que va del año”, resaltó Ballay, y subrayó que “como gobierno también nos vemos obligados a ser responsables, evaluar el impacto de la devaluación en los recursos de la provincia para poder cumplir el acuerdo al que lleguemos”.

Las y los representantes de ATE y UPCN decidieron acompañar la propuesta del gobierno bajo la condición de la paritaria permanezca abierta para seguir analizando la situación inflacionaria en el plano nacional.

Presencias

La reunión estuvo presidida por el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías y la delegada Contable, Mónica Barbabianca.

La representación del gobierno estuvo encabezada por el ministro Ballay y participaron también la directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Sandra Vara, el director General de Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo.

Por parte de UPCN participaron la secretaria adjunta, Carina Domínguez; la secretaria gremial, Cristina Melgarejo y la secretaria de Comedores, Gladis Comas. En representación de ATE, estuvieron presentes el secretario General, Oscar Muntes, y la prosecretaria Mariana Lujan.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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