Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.

“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) al abrir el debate.

Luego, precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.

En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”, señaló, antes de describir que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”, añadió.

Posteriormente, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) expresó su voto en general a favor de la iniciativa, pero en contra en la votación en particular, ya que se mostró en desacuerdo con la modificación del artículo 46.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) anunció el voto dividido dentro de su bloque, debido a la existencia de diversidad de miradas acerca del dictamen de comisión. Adhirió a las consideraciones de Lena sobre la trascendencia de esta herramienta, pero consideró que era necesario darle más tiempo de funcionamiento a “una institución joven”. Y señaló: “En este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un dictamen que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene hoy nuestra ley actual, lo cual nos parece una contradicción”, advirtió.

En lo sucesivo, Sergio Castrillón (Más para ER) hizo público su voto positivo, debido a la necesidad de mejorar las instituciones. Débora Todoni (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto por entender que “lejos de representar un avance para el sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional”.

Fabián Rogel (JxER) sostuvo: “Vamos sumando y perfeccionando derechos. Agradezco a los peronistas que acompañen en lo que ellos creen que es positivo”. Roque Fleitas (LLA) dijo que votaría a favor en general pero en contra en particular, porque quedan fuera de estos juicios una serie de delitos.

Homenajes

Fabián Rogel hizo referencia a la conmemoración de los fallecimientos de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen y el triunfo de Arturo Illia como presidente. Liliana Salinas (PCP) hizo un homenaje al general Francisco “Pancho” Ramírez, de cuyo fallecimiento se cumplirá un nuevo aniversario el 10 de julio.

Enrique Cresto (Más para ER) recordó a Juan Domingo Perón, fallecido el 1 de julio de 1974, así como también a Hipólito Yirigoyen. Lorena Arrozogaray (Más para ER) hizo referencia al 5 de julio, Día Internacional del Cooperativismo.

Al inicio de la sesión, con motivo de la celebración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este martes por la mañana para debatir un proyecto de ley que propone introducir una modificación al Código Procesal Laboral de la Provincia, presentado por la diputada María Elena Romero. Como invitados, participaron Pablo Tanger, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) Sección Paraná, y José Daniel Ruiz, director del Instituto del Derecho de Trabajo del CAER.

Luego del encuentro, la autora explicó que se busca cambiar el inciso a del artículo 125º del llamado Rito Laboral, con el objetivo de proteger a micro, pequeñas y medianas empresas. “Cuando un empleador es condenado porque ha perdido un juicio laboral y, como sucede muchas veces, se trata de sentencias arbitrarias o que no son justas, es necesario acudir en segunda instancia a la Cámara Laboral. Frecuentemente, el empleador se ve desfavorecido, porque para poder apelar necesita realizar el depósito de montos de dinero que no siempre tiene o deben embargar sus bienes”, indicó.

En ese sentido, precisó sobre su iniciativa: “En mi proyecto, agrego un seguro de caución, de manera que un tercero, que sería una aseguradora, dé la garantía suficiente como para que el empleador pueda apelar”.

“Si bien los grandes empleadores son los que cuentan con este seguro de caución, hago una excepción para que los microemprendedores o empleadores de personas que trabajan en casas particulares, tengan que depositar solamente el 40% del monto para poder apelar”, señaló Romero. “Si no ayudamos al empleador, vamos perdiendo cada vez más la posibilidad de que haya trabajo. Nunca se va a desproteger al trabajador”, agregó.

Acerca de la continuidad del debate, la diputada comentó: “Cuando presenté este proyecto el año pasado, desconocíamos que hay propuestas de una reforma integral del Código Procesal Laboral. Más allá de eso, mi propuesta es un disparador que debemos seguir trabajando con el aporte de cada uno de los bloques”.

Este martes por la tarde se reunieron en conjunto las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, que preside Noelia Taborda, y de Energía, que encabeza Jorge Maier, para abordar un proyecto de este último que propone que las nuevas obras públicas en la provincia incorporen fuentes renovables de energía en al menos un 10% de sus espacios comunes, siempre que ello sea técnica y económicamente viable.

La iniciativa de Maier prevé incorporar el artículo 7º ter a la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas. Taborda indicó que dicho cambio implicaría “incorporar energías renovables y sustentables, que son acordes al cuidado del ambiente, en barrios que se realicen en distintas localidades de la provincia o en instituciones escolares, por ejemplo”.

La legisladora informó que durante el encuentro se acordó continuar con el tratamiento en comisiones de esta propuesta, en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener dictamen lo antes posible.

Seguridad en rutas

Las comisiones de Comunicaciones y Transporte y de Obras Públicas y Planeamiento, que presiden Andrea Zoff y Noelia Taborda respectivamente, trataron en conjunto un proyecto de ley de Liliana Salinas para disponer medidas de seguridad y protección en paradas de transporte público en rutas provinciales.

“Se trata de la instalación de garitas en las rutas provinciales, pero también en los trayectos de las rutas nacionales por Entre Ríos. Esto lleva un costo bastante importante, porque no en todos lados existe una calzada para que pueda parar el transporte público. Vamos a seguir en diálogo en reuniones de comisión y también con Vialidad provincial y con la Secretaría de Transporte para presentarles este proyecto”, comentó la diputada Taborda.

Según la legisladora, esta propuesta beneficiaría a los usuarios habituales del transporte público de la provincia, como los docentes y estudiantes, que en días fríos y lluviosos esperan el colectivo en condiciones precarias.

Además, Noelia Taborda comentó que se prevé la posibilidad de celebrar convenios con empresas para que se ocupen del mantenimiento de estas garitas y puedan difundir publicidad en esos lugares.