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Nacionales

Por 180 días continuaría intervenido el SOMU

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El juez Canicoba Corral decidió extender la intervención del Sindicato Obreros Marítimos Unidos por 180 días más. El argumento judicial se basa en que “aún no están dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes”. Este gremio marítimo es el que más trabajadores tiene en Hernandarias.

La intervención, que comenzó en febrero del 2016, representa un grave atropello a los derechos de los trabajadores y sobre la autonomía sindical. Cabe destacar que la elecciones internas se encontraban programadas para diciembre de éste año. Sin bien algunos dirigentes eran escépticos frente al escenario que propuso la intervención, existían expectativas de poder normalizar la vida institucional del SOMU. Con éste fallo, en contra de los marítimos, le proceso electoral se patearía para febrero del 2018.

El cercenamiento de derechos implicó una serie de acontecimientos que solo perjudican a los trabajadores. Agrupaciones, como la Juan Ocampo, han denunciado que la intervención al gremio solo sirve para impulsar  la flexibilización laboral en el sector. Un claro ejemplo es el cierre paritario a la baja que acordaron los interventores a espaldas de los afiliados del gremio.

Por otro lado la ex interventora y actual candidata a senadora nacional por Cambiemos, Galdys González, fue denunciada junto a su marido Manuel Mosca, por el presunto desvío de fondos de la mutual del SOMU para financiar parte de su campaña electoral. Cabe señalar que Mosca es el titular de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

El fallo de Canicoba Corral desnuda la complicidad de la corporación judicial con el Gobierno para ir contra las garantías que preservan los derechos sociales de los trabajadores. La intervención en el SOMU sienta un penosos y dramático antecedente en la vida democrática del país.

Nacionales

#Retenciones: La Región Centro sigue reclamando la baja de retenciones

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Ministros de la Región Centro, que integran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se reunieron en Leones, Córdoba, durante las 52ª Jornadas Trigueras Nacionales, para insistir en la necesidad de reducir las retenciones a las exportaciones del agro como medida para incentivar la producción. El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, fue el representante del gobierno entrerriano, destacando el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio para sumar competitividad a la producción desde el inicio de su gestión.

Bernaudo, acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Ho, y el presidente del Ente Región Centro, Jorge Chemes, participó en el Gabinete Productivo de la Región Centro y la 11ª Mesa Nacional del Trigo. En estos espacios, se planteó la urgencia de atender las demandas de orden fiscal, logístico y de infraestructura que necesitan las tres provincias para acelerar su desarrollo desde el campo y sus industrias. «Se planteó la importancia de dar curso, y con velocidad, a las demandas de orden fiscal, logístico y de infraestructura que necesitan Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para acelerar su desarrollo desde el campo y sus industrias», afirmó Bernaudo.

Durante las jornadas, dirigentes de todo el país debatieron temas clave para el sector triguero, incluyendo la mejora de la Ley de Semillas, la diferenciación del cereal por calidad y la lucha contra la informalidad en el mercado harinero. Las deliberaciones contaron con la presencia, además de Bernaudo, del ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, y del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

En el documento final del encuentro, se destaca el compromiso de construir una política de Estado y empresaria de largo plazo para el sector, buscando un alto impacto en la sociedad, tanto en lo urbano como en lo rural. Asimismo, se resalta la importancia de consolidar la marca País TrigAR, incentivar la producción para la campaña 2025/2026 y avanzar en un Plan Agroindustrial.

El informe subraya la necesidad de fortalecer las instituciones de investigación, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y las universidades, así como mejorar los procesos de trazabilidad y transparencia en el sector. La participación de Entre Ríos en estas jornadas y el énfasis en la reducción de retenciones reflejan el compromiso del gobierno provincial con el impulso de la producción agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

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Agro

#RegiónCentro: Reclamo por la baja de retenciones de los gobernadores a Milei

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Se llevó adelante un encuentro entre los gobernadores de la Región Centro, se reunieron en Rosario para abordar una de las cuestiones más apremiantes del sector agropecuario: las retenciones. Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos se unieron para enviar un fuerte mensaje al gobierno nacional, exigiendo la reducción de estas cargas impositivas que, según ellos, están poniendo en riesgo la sostenibilidad del campo argentino. Las mesas de enlace que integran las instituciones representantes del agro vienen sosteniendo el reclamo ante los problemas que arrastran y ven que se agavarán en este 2025.

Durante la conferencia de prensa, los gobernadores alertaron sobre la crisis que atraviesa el sector agropecuario debido a la combinación de factores como la caída de precios internacionales, las adversidades climáticas y la presión fiscal. «Si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir», advirtió Llaryora, destacando que las retenciones son una de las principales barreras para los productores. Pullaro enfatizó que, en el marco de la promesa del gobierno de reducir impuestos, «el próximo impuesto que debe bajar tiene que estar directamente asociado al campo y tienen que ser las retenciones».

Los gobernadores también acordaron destinar el 100% de los recursos provenientes del impuesto inmobiliario rural a infraestructura para el agro, buscando aliviar la carga fiscal que pesa sobre los productores. Frigerio subrayó que la presión fiscal nacional supera el 66%, mientras que las provincias apenas alcanzan el 5%, lo que justifica la necesidad de acciones urgentes para preservar el motor de desarrollo del país.

Con esta reunión confirmaron el compromiso que tienen con el sector desde los gobiernos de la Región Centro y conformaron una mesa de emergencia para monitorear la crisis del sector agropecuario y trabajar conjuntamente con las entidades del campo. Con esta iniciativa, los gobernadores buscan asegurar el futuro del agro argentino, que es fundamental para la economía nacional.

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Nacionales

#EntreRíos: Reclama en la Corte Suprema por 175 millones de dólares que la Nación adeuda por Salto Grande

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La provincia vuelve a recurrir a la Justicia para que Nación salde una deuda que asciende a los 175 millones de dólares, derivados de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

En línea con las presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, las primeras en la historia de Entre Ríos, el Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

La nueva presentación del Gobierno de Entre Ríos ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es «recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande» y, al mismo tiempo, «modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales», explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ofreció una conferencia de prensa este jueves junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata. Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según indicó el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es «la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá», lo cual ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación «no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999». De este modo, el precio no genera excedentes y «si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo», agregó.

Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige «que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999».

Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda «por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares», amplió el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como «fundamental». Zapata subrayó que «se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos».

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