Presidida por el vicepresidente primero del Cuerpo, Aldo Ballestena, sesionó hoy la Cámara de Senadores. El encuentro, que comenzó a las 20:18 se inició con el izamiento de los pabellones que presiden el recinto. La bandera nacional fue elevada por el senador Francisco Morchio, mientras que hizo lo propio con la entrerriana el senador Daniel Olano, representantes de Gualeguay e Islas, en ese orden. Estuvieron presentes 16 senadores.
Se inició el trabajo con la lectura de los asuntos entrados y de inmediato se pasó a los despachos de comisión, los que fueron, en bloque, pasados a la comisión de labor parlamentaria para ser incluidos en el orden del día de la próxima sesión.
No al cobro de plus médico
La senadora Nancy Miranda pidió el ingreso, fuera de lista, del expediente referido a la prohibición del cobro del denominado, plus médico. La legisladora señaló que el mismo cuenta con despacho de comisión.
Por pedido del presidente del Bloque de Senadores oficialistas, Ángel Giano, apoyado por su par de Cambiemos, Raymundo Kisser, se trató este tema en primer lugar. Giano pidió el tratamiento sobre tablas, lo que fue aprobado por unanimidad.
El senador Giano explicó que oportunamente esta iniciativa de Daniel Ruberto fue acompañada por la unanimidad de los diputados que la trataron. Agregó que “son los gremios lo que reciben en forma permanente denuncias sobre una práctica que está fuera de todo convenio establecido entre profesionales y obras sociales”.
“Naturalmente y más en este día en que se recuerda a Eva Perón, que tanto hizo por los trabajadores, consideramos que debemos aprobarlo, porque el cobra de plus constituye un hecho ilícito”, enfatizó el legislador de Concordia.
Añadió que “será una herramienta importante no solo para los trabajadores sino también para las obras sociales”. Consideró que será para defender al trabajador.
Opinó que “hay violación de un pacto hecho entre el profesional y la obra social, que ya tienen acordado un arancel, y el que cobra un plus, viola este compromiso”. Sumó argumentos observando que si se cobra un plus, hay un pago en negro, lo que generaría una evasión que debe ser perseguida por ATER o AFIP.
El senador dijo que avanzar en la prohibición, poner un poder de policía, que trabajará con las organizaciones de los trabajadores, permitirá aplicar sanciones “a los que violan hasta la confianza de sus propias federaciones”.
“Damos un elemento para impedir que el cobro ocurra, con una herramienta y se fortalece la posición del Estado”, agregó. También mencionó las reuniones mantenidas con gremios y autoridades del Ejecutivo.
Por su parte el senador Raymundo Kisser, apoyando la iniciativa, dijo que hay cuestiones que aclarar, porque “no debemos ser ingenuos. Es un texto que tiende a moralizar las prestaciones, pero el problema que se da es sumamente complejo. Hay ausencia de un plan de salud, que ha generado muchísimos problemas en obras sociales, que no pueden afrontar mayores aranceles”.
“Hay una realidad, un descontrol, un desbajarajuste generalizado”, puntualizó. Mencionó la aparición del uso de la aparatología médica, la que según su opinión, “está fuera de control”. El senador de Paraná dijo que para el uso de la aparatología, para evitar abusos, se puede tomar el ejemplo de Israel.
Hizo hincapié en este uso y afirmó que se puede hacer un despilfarro, en el abuso de la aplicación de aparatología. “Otro tema es que se debe apoyar el uso de genéricos”, argumentó.
Reclamó que el Ejecutivo Nacional discuta con todos los sectores un plan integral de salud. “Tenemos dudas en cuanto a la aplicación, queremos pensar que esto disminuirá el abuso”, lanzó ante sus pares, e hizo votos para que los actores del sistema vayan logrando terminar con un acto inmoral que ha motivado el reclamo de los gremios.
El proyecto, ante la ruidosa aprobación de los gremios, fue aprobado por unanimidad.
El proyecto
El proyecto de ley prohíbe “en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos el cobro de plus a toda persona física y/o jurídica como retribución por los servicios prestados por los profesionales del arte de curar y las ramas anexas”.
Cabe mencionar que en el recinto estuvieron presentes trabajadores de diversos gremios que expresaron su apoyo a la iniciativa que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto determina que “la prohibición favorece a los afiliados beneficiarios de las leyes nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661 y de la Ley Provincial Nº 5326/73 y sus modificatorias, siempre que el pago supere los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución”.
La prohibición comprende a las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico y tratamiento y cualquier otra que se encuentre cubierta por las citadas leyes o convenios.
El proyecto se encontraba en la Cámara Alta desde mediados de 2015. Posteriormente, en diciembre de ese año, se originó otra iniciativa que recibió media sanción y se encuentra con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Legisladores oficialistas de ambas Cámaras acordaron avanzar con el proyecto originado en la Cámara Baja.
Cabe mencionar que hace un mes hubo un encuentro en el que numerosos gremios dieron un fuerte apoyo a la iniciativa que hoy trató el Senado. En la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) hubo dirigentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), de la Federación de Obreros de la Industria del Papel, del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), entre otros.
En esa ocasión estuvieron el Senador de Concordia, Ángel Giano y el diputado Ruberto.
El proyecto surgió ante el reclamo constante de los beneficiarios del servicio de salud, por denuncias realizadas ante las distintas obras sociales del cobro indebido de los profesionales de la salud de un plus adicional para brindarles atención médica.
Eso llevó a las obras sociales a actuar de manera conjunta y solicitar al Estado que tome medidas al respecto, que protejan al más débil -en este caso, el beneficiario- que en situaciones de extrema necesidad debe abonar una suma de dinero extra al profesional que ya es contratado por la obra social, acordando un precio por prestación pero que sirviéndose de una situación delicada obtiene rédito económico a su favor.
Se inició el trabajo con la lectura de los asuntos entrados y de inmediato se pasó a los despachos de comisión, los que fueron, en bloque, pasados a la comisión de labor parlamentaria para ser incluidos en el orden del día de la próxima sesión.
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