Con la rúbrica del Decreto 3460, el gobernador Gustavo Bordet aprobó el Plan de Facilidades de Pagos para cancelar deudas generadas en el plazo de vigencia de las medidas previstas por el decreto N° 506/20 y su respectiva prórroga.
En el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, este decreto establecía la suspensión de cortes de servicios domiciliarios por redes.
Esta medida apunta a evitar la acumulación de deuda por parte de los usos que ameritan esta especial protección y que se tome muy gravosa la regularización de su situación con las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Paralelamente, faculta al Ministerio de Producción para que en el marco de sus competencias dicte y arbitre las medidas conducentes a efectos que los órganos técnicos competentes procedan con el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias, de carácter transitorio para la efectiva implementación de lo dispuesto en el decreto N° 506/20 MP y sus prórrogas.
El Plan de Facilidades de Pagos aprobado comprende Ios periodos facturados y pendientes de pago cuyos vencimientos hayan operado entre el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Este plazo será extendido excepcionalmente por Resolución deI Ministro de Producción a aquellos usuarios cuya actividad hubiera continuado resentida de forma significativa por la emergencia sanitaria, con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021.
Por otra parte, se establece que para la continuidad y vigencia del Plan de Facilidades de Pagos será condición necesaria para los usuarios mantener aI día el pago de las facturas corrientes que se vayan emitiendo.
También se dispone que aquellos usuarios de las categorías Residenciales y No Residenciales que no estuvieron incluidos en el Artículo N° 2 de la resolución ministerial N°213 MP de 2020, pero que fueron comprendidos por el beneficio de suspensión de cortes en la prestación de servicios, también podrán solicitar la adhesión al Plan de Facilidades de Pagos.
Antecedentes
Esta decisión del Ejecutivo provincial surge de la oportuna adhesión de la provincia al Decreto de Necesidad y Urgencia 311 por el cual se suspendían los cortes de suministro de servicios públicos o esenciales a sectores residenciales y no residenciales afectados por la pandemia.
La provincia adhiere a ese DNU por el decreto 506 y por el mismo se pone como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción en todo lo inherente a la suspensión del corte de servicios, fundamentalmente eléctrico, ya que en Entre Ríos la distribución es provincial.
Entre otras competencias, tenía que generar las condiciones necesarias para brindar un plan de facilidades de regularización de la deuda acontecida en el marco de esa suspensión de corte de ese servicio.
Este decreto que firma Bordet viene a cerrar ese circuito que se inició con la suspensión de los cortes y lo viene a completar generando el plan de facilidades de pago de los usuarios que se acogieron a ese beneficio con las distribuidoras de energía existentes en la provincia, que son Enersa y las distintas cooperativas.
Asimismo, la Norma ratifica que aquellos sectores residenciales y productivos afectados por la pandemia, acceden a un plan de facilidades de pago extendido en el plazo, ya que se puede abonar en hasta 60 cuotas, sino que, y además, cuenta con una tasa de interés subsidiada que es de alrededor del 50 % de la tasa activa del Banco Nación.
O sea, que permite a los titulares un plazo accesible de 5 años para regularizar la situación y mantengan el suministro sin ningún tipo de situación punitiva o de exigencia desmedida del distribuidor y con una tasa sumamente conveniente.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) definió la realización de un paro total de actividades con movilización provincial para este miércoles 29 de julio. La medida de fuerza de los docentes alcanzará a las instituciones educativas de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y a todos los establecimientos del territorio entrerriano.
La convocatoria gremial se llevará a cabo en rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza el Poder Legislativo. Bajo la consigna «La Ley 8732 no se toca», la entidad sindical ratificó la postura de defender el sistema de jubilaciones de los trabajadores de la educación.
Concentración en la Caja y marcha a la Casa de Gobierno
El esquema de la jornada de protesta contempla la concentración de las delegaciones de los distintos departamentos en la capital provincial:
Punto de encuentro: Los manifestantes se concentrarán a las 9:30 frente a la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Movilización y permanencia: La columna de trabajadores marchará hacia la Casa de Gobierno. Los docentes mantendrán una permanencia en el lugar durante el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados.
El sindicato docente fundamentó la protesta al sostener que la jubilación constituye un derecho adquirido y no un castigo para los trabajadores. La jornada se enmarca en las actividades institucionales del gremio al cumplir 45 años de trayectoria sindical en la provincia.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para el próximo lunes 20 de julio. La medida de fuerza afectará a las instituciones educativas de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y todo el territorio provincial. Los dirigentes del sindicato confirmaron que la decisión gremial determinará el no inicio del ciclo lectivo tras la finalización del receso escolar de invierno.
Los representantes del sindicato tomaron la determinación luego de realizar un plenario general para debatir la situación del sector. La conducción de Agmer justificó la huelga ante lo que consideraron una decisión arbitraria por parte del Gobierno provincial para dar por finalizada la negociación paritaria.
Rechazo al decreto y reclamo de recomposición salarial
La comisión directiva de la entidad gremial rechazó de forma unánime la última oferta económica del Poder Ejecutivo por considerarla insuficiente para cubrir el costo de vida actual. Asimismo, los docentes cuestionaron la decisión de la administración provincial de aplicar el incremento salarial de forma unilateral a través de un decreto administrativo, clausurando los ámbitos de negociación colectiva.
A través de un comunicado oficial, el sindicato docente exigió la apertura de instancias de diálogo reales para acordar una recomposición que mitigue el impacto de la inflación sobre los sueldos del sector. Los referentes gremiales manifestaron su rechazo a cualquier medida de ajuste sobre el presupuesto de la educación pública entrerriana y reclamaron la urgente asignación de salarios dignos para los trabajadores activos y jubilados.
De abril a la fecha, 206 establecimientos firmaron los convenios de adhesión al nuevo programa Sumar +. A partir de ello, los efectores están en condiciones de facturar prestaciones reportadas mediante la historia clínica electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud.
Tras la aprobación, en diciembre pasado, del convenio marco para la implementación del nuevo programa Sumar + mediante el decreto Nº 3.762, la Dirección de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud inició el proceso de firma de convenios de adhesión con hospitales, centros regionales de referencia y centros de atención primaria. La firma de estos convenios permite a los establecimientos informar las prestaciones del plan de servicios de salud que son financiadas por el programa.
Desde la cartera sanitaria se propuso la adhesión de 299 establecimientos y se los habilitó para incorporarse al programa. A tres meses del inicio del proceso, 206 ya se encuentran activos y cuentan con la autorización correspondiente para reportar prestaciones al programa Sumar +. Uno de los principales requisitos para hacerlo es utilizar los módulos de historia clínica electrónica (HCE) de la plataforma Salud Digital de Entre Ríos (Sader).
«Sumar + es un plan de salud del Estado nacional que busca fortalecer la atención médica gratuita para todas las personas que no tienen obra social ni prepaga, a través del financiamiento público basado en resultados, donde se transfieren recursos a hospitales y centros de atención primaria. Su objetivo es garantizar que todos tengan el mismo acceso a una salud de calidad», indicó el director de Estrategias Sanitarias, Gustavo Ramírez El referente precisó que «los fondos recibidos por los efectores se destinan exclusivamente a la compra de equipamiento médico, insumos y mejoras edilicias».
Esta herramienta de gestión tiene como antecedentes los programas Sumar y Nacer, cuya instrumentación se desarrolló a lo largo de 18 años, por lo cual se requirió reunir la documentación de cada efector para armar sus nuevos legajos y darle forma a cada uno de los compromisos de gestión.
Cabe citar que el programa establece un plan de Servicios de Salud que garantiza prestaciones gratuitas organizadas por etapas de la vida: Maternidad e Infancia (que comprende controles prenatales, atención del recién nacido, vacunas obligatorias y seguimiento del crecimiento); Adolescencia (contempla consultas clínicas periódicas, salud bucal, visual y talleres de prevención o salud reproductiva); y Adultos (incluye chequeos clínicos anuales, prevención y detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y tamizajes preventivos clave, como los de cáncer de cuello uterino, mama y colorrectal).