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En primer trimestre del año la provincia redujo la presión tributaria y mantuvo el equilibrio en sus cuentas públicas. Así lo reveló un informe del Centro de Estudio del Desarrollo Macroeconómico (Cedma). También destaca el nivel de la deuda de la provincia es el más bajo de los últimos15 años.

Actualmente la deuda provincial representa solamente el 38 por ciento de los ingresos totales. Se trata del nivel más bajo en los últimos 15 años, de acuerdo a los datos publicados por la Contaduría General del Gobierno de Entre Ríos.

Entre los impuestos que se redujeron en esta etapa se encuentra la baja del 50 por ciento del único impuesto provincial sobre la factura eléctrica, el que se destina al Fondo de Desarrollo Energético. Este impuesto representaba entre el 13 por ciento y el 18 por ciento de cada boleta de la luz que se paga en la provincia.

En el análisis se resalta que la recaudación e ingresos de la provincia han sido afectados categóricamente por varios factores. Uno de ellos es el contexto económico desfavorable, que perjudica las principales variables macroeconómicas. Otro factor es que la gestión provincial se ha comprometido en la reducción de la presión tributaria, cuyos efectos son sustantivos.

En ese marco, el informe concluye que “en una coyuntura atravesada por la crisis económica y la aplicación de políticas de reducción de la presión fiscal, debe reconocerse como meritorio la capacidad del Estado provincial de sostener equilibradas y superavitarias las arcas de la provincia”.

Equilibrio fiscal

En el primer trimestre del año, la diferencia del total de ingresos y gastos arrojó un superávit financiero, es decir un saldo positivo, de 32.1 millones de pesos. Desde el 2016 al 2019, la gestión del gobernador Gustavo Bordet ha culminado los ejercicios del primer trimestre del año indefectiblemente con superávit. Incluso en 2018 el superávit se incrementó más de un 300 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Aún así, de enero a marzo de este año los gastos corrientes -necesarios para el normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general- ascendieron a 25.839 millones de pesos. Esto significó un aumento del 43% en relación al primer trimestre 2018.

El incremento obedece principalmente al aumento en las prestaciones de seguridad social -pensiones, jubilaciones, asistencia sanitaria, seguro escolar, indemnizaciones, entre otras-, que fue el rubro de gastos que mayor aumento sufrió. El incremento del rubro fue de más de 1.900 millones de pesos, que en términos porcentuales significaron un 48,67 por ciento más en comparación al mismo periodo del año pasado.

Desendeudamiento y mayores ingresos

Por otra parte, desde el año 2018 nuestra provincia ha logrado un sendero de desendeudamiento fiscal, logrando este año el 38 por ciento deuda pública sobre ingresos totales -el más bajo en los últimos 15 años. En el corriente año, en función de las altas tasas que registra el mercado financiero, la provincia no ha tomado ningún tipo de financiamiento, repitiendo su conducta de sensatez y racionalidad del año 2018.

En los meses de enero a marzo de este año los ingresos totales ascendieron a 25.871 millones de pesos, aumentando un 35.5 por ciento en relación al primer trimestre 2018. El incremento obedece, principalmente, al aumento en la recaudación de impuestos provinciales -un 34,09 por ciento en relación a 2018.

También hay que señalar en este sentido, el incremento de ingresos provenientes de los impuestos nacionales coparticipados a la provincia -un 41.22 por ciento más en comparación al mismo periodo del año anterior. De los mismos, 96,65 por ciento corresponden a rentas generales, es decir a recursos que la provincia dispone libremente para su utilización; y 3,35 por ciento a rentas afectadas -que poseen algún tipo de destino específico determinados por Leyes Nacionales.

Menor presión tributaria

La política de reducir progresivamente la presión tributaria, a la que se ha comprometido la actual gestión, se relaciona en parte con el último Consenso Fiscal entre Jurisdicciones Provinciales y el Gobierno Nacional. De esta forma, con la eliminación y disminución de impuestos, se produce una  transferencia de recursos impositivos de la provincia, a favor del sector privado. Lo que redunda en una mejora en la competitividad de las empresas entrerrianas en medio de un contexto recesivo.

Entre las estrategias de disminución de presión impositiva se efectivizó una baja en las facturas del servicio eléctrico al reducir en un 50 por ciento el impuesto provincial que se destina al Fondo de Desarrollo Energético. Este impuesto representaba entre el 13 por ciento y el 18 por ciento de cada boleta de la luz que se paga en la provincia.

Por otra parte,  97,8 por ciento de los contribuyentes locales de la provincia en el rubro agropecuario quedaron exentos totalmente del impuesto a los ingresos brutos por haber sido categorizadas como micro y pequeñas empresas. Lo mismo ocurre con el 95,4 por ciento de las empresas en el rubro industrial de Entre Ríos. Para el 2020, se prevé que el 100 por ciento de las empresas de estos sectores queden exentos del pago de ingresos brutos.

En el caso del sector comercial, el 98,7 por ciento de los contribuyentes quedó en condiciones de acceder a las menores alícuotas, cumplimentando los parámetros de buena conducta que establece la nueva ley. De este último rubro, actualmente el 75 por ciento cumple esos parámetros y está en condiciones de tributar al 3,5 por ciento (lo que antes era del 4 o 4,5 por ciento).

A su vez, a partir de enero de 2018 se inició una reducción en la alícuota de los aportes patronales correspondientes a la Ley 4.035 -en función a la categoría de cada contribuyente-,  beneficiando a 794 empresas con la reducción de esta alícuota. A esto debe sumarse la eliminación de las “alícuotas extraterritoriales” (IIBB/sellos), con lo cual más de 7 mil contribuyentes de otras provincias que antes tributaban el 5 por ciento, por lo que vendían en Entre Ríos, a partir de 2018 lo hacen al 2por ciento, 1,5 por ciento o 1 por ciento.