El gobernador Gustavo Bordet calificó a la situación generada por la segunda ola de la pandemia como «sumamente crítica” y adelantó que «vamos a tomar medidas de postergación de vencimientos tributarios o de exención de tributos» para los sectores afectados por las restricciones.
El mandatario provincial valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de destinar “66.500 millones de pesos para paliar la situación de los sectores que resulten afectados por la pandemia”, y sostuvo que se trata fundamentalmente de “los sectores de servicios, operadores turísticos, hoteles, gastronomía y algunas otras actividades”.
“La industria y el agro no detienen sus actividades, tampoco la construcción. Entonces se focaliza la ayuda justamente en quienes tienen este tipo de inconvenientes producidos por las medidas restrictivas», explicó.
Además resaltó que «el ATP va a volver a cubrir parte de los salarios de quienes resulten afectados y desde la provincia vamos a tomar medidas de postergación de vencimientos tributarios o de exención de tributos en el caso de que estén cerrados los locales por efecto de este tipo de pandemia». Agregó que «los municipios también siempre toman medidas similares».
Por otra parte se refirió a los controles para el cumplimiento de las medidas establecidas en el nuevo DNU y adelante que desde la provincia se trabaja “con las fuerzas de seguridad para que no haya circulación innecesaria de personas”. “También vamos a controlarlo con las intendencias, a través de los cuerpos de inspectores municipales”, puntualizó.
Sin embargo, Bordet insistió con la necesidad de que “cada uno cumpla con las normas de autocuidado y aislamiento». «Si todos cumplimos con lo que tenemos que hacer, evidentemente los contagios se reducen, y no se producen los relajamientos que luego traen aparejados picos elevados», subrayó.
Responsabilidad de gobierno
“Estamos atravesando quizás el momento más crítico desde que comenzó la pandemia”, expresó el mandatario y recordó que la segunda ola “ha pasado en todo el mundo”. “Ocurrió en los países del norte y aquí, con la llegada del otoño y el invierno que se aproxima, también tiene su correlato», describió.
En ese marco, Bordet se refirió a las nuevas restricciones que se implementaron a nivel nacional y provincial, que «nacen de la “responsabilidad de gobierno”, para “proteger la salud de la población”, y “evitar que se produzcan decesos o fatalidades porque el sistema sanitario no pueda responder».
Luego Bordet recordó que desde que comenzó la pandemia, «preparamos el sistema sanitario en todos los niveles, desde los hospitales hasta el de prevención en los centros de salud». «Esto nos permitió, además de duplicar camas de terapia intensiva e intermedia, formar nuevos médicos terapistas, trabajar en equipamiento para que cuando se llegue a una situación crítica como ésta nos encuentre bien estructurados».
No obstante «hoy nos preocupa el número de contagios y el número de ocupación de camas, y si no se toman medidas anticipadas luego tendremos que lamentar un colapso del sistema sanitario», explicó.
Medidas integrales
Por otra parte, el mandatario habló del nuevo DNU del Presidente y resaltó que «se tomó esta decisión en todo el país porque las medidas focalizadas no dan resultados”. En ese sentido “hay que tomar medidas integrales”, “en todo el país”, y “nosotros por supuesto adherimos, porque lo que pase en AMBA automáticamente va a pasar en Entre Ríos, ya que nos separa muy poca distancia».
“Entiendo la situación de cansancio que muchas personas tienen a esta altura”, reconoció Bordet, pero recordó que «el cansancio en los médicos, en las enfermeras, es mucho mayor”, ya que “están expuestos todos los días al virus”. Frente a ello “no tenemos otra alternativa que implementar estas medidas para evitar la circulación de personas porque es la única forma de disminuir los contagios”.
Tras recordar que los contagios se multiplicaron “por más de 10” en dos meses, y que la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica en “82 por ciento de ocupación”, dijo que “suenan las luces de alerta y tenemos que tomar este tipo de decisiones». Además, puntualizó: “Son nueve días”, y “va a permitir bajar los contagios, que el sistema de salud pueda estabilizarse y seguir progresiva y paulatinamente con todas las actividades».
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su rechazo a la reducción de lugares de representación en el Consejo General de Educación (CGE) dispuesta por el Decreto Nº 1831/25 y reclamó que se mantenga la actual cantidad de cargos y que se fije, de manera expresa, la fecha de los comicios para renovar a las y los representantes docentes.
Según informó el sindicato, el gobierno provincial convocó a elecciones, pero en el anexo del decreto recorta espacios en distintos órganos del CGE. Entre los ejemplos señalados, se reduce de 5 a 4 la representación en el Jurado de Concursos de Nivel Primario y Secundario, y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Si bien el ajuste alcanza tanto a representantes electos por el voto docente como a los designados por el Poder Ejecutivo, AGMER advierte que la medida “resiente las tareas” del organismo colegiado.
El gremio remarcó que el CGE ya funciona “a contrarreloj” con la estructura vigente y que el sistema educativo entrerriano se distingue por el ingreso y la carrera docente transparentes, vía concursos públicos, emisión periódica de credenciales y garantías de estabilidad. En ese contexto, consideró que la reducción de cargos introduce “piedras en el camino” que terminan banalizando la gestión educativa.
AGMER confirmó, además, que ya realizó sus internas y definió su propuesta de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Gustavo Blanc (Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes plebiscitados por voto directo de afiliadas y afiliados.
El comunicado está firmado por la Comisión Directiva Central de AGMER y por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE. El sindicato insistió en dos pedidos concretos:
Mantener sin cambios la cantidad de cargos de representación en el CGE.
Estipular de manera explícita la fecha de los comicios para este año.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió la circular N° 16 y anticipó que descontará el día a los docentes que no presten servicios durante el paro nacional convocado para este martes 14, en reclamo de paritaria nacional y una nueva ley de financiamiento educativo. La medida alcanza también el miércoles 15, día en que se realizará un relevamiento de asistencia.
Según la información publicada por Entre Ríos Ahora , el organismo provincial dispuso un “relevamiento de prestación de servicios” que deberá completarse mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). El registro tendrá carácter de declaración jurada y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas.
Educación indicó que “los haberes serán abonados solo respecto de los días efectivamente trabajados”, conforme a la carga de asistencia ya los datos surgidos del relevamiento. En caso de no completar el formulario en el plazo fijado, se presumirá que no hubo prestación de servicios en el establecimiento educativo.
El procedimiento se basa en la resolución N° 2.771/2024, publicada el 25 de septiembre de 2024, que implementó declaraciones juradas mensuales para relevar la asistencia del personal docente y no docente en escuelas públicas y privadas. Esa normativa establece:
Frecuencia mensual del relevamiento, con fechas comunicadas por SAGE con al menos 24 horas de antelación.
Prevalencia de la declaración jurada en caso de disparidad con los datos del sistema, con las consecuencias legales correspondientes ante falsedad.
Un canal para informar inconvenientes u omisiones por vía jerárquica dentro de las 48 horas de finalizado el plazo.
El CGE fundó la medida en la necesidad de contar con datos precisos para la gestión de recursos humanos y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas, en línea con la Ley Provincial de Educación N° 9.890.
Los gremios estatales entrerrianos (UPCN y ATE) reclaman al Gobierno provincial la convocatoria inmediata a la mesa paritaria para definir la pauta salarial del último trimestre de 2025, compromiso que debía cumplirse en la última semana de septiembre y aún no ocurrió. En julio, tras tres reuniones, se había acordado una suma fija de $50.000 para activos durante julio-septiembre y $25.000 para jubilados, con revisión prevista para fin de septiembre.
«Estamos en tiempo de descuento para la convocatoria. Es urgente dar una señal clara a los trabajadores», advirtió Carina Domínguez (UPCN), quien cuestionó la «virtual congelación» salarial en un contexto de inversiones en otros sectores.
En tanto, Oscar Muntes (ATE) sostuvo que el Gobierno “dilata” también el instructivo de recategorizaciones —que impacta en salarios— y advirtió que, si no hay propuesta, “vamos a plantear un escenario de conflicto”. Ambos dirigentes remarcaron que los acuerdos deben respetarse y reclamaron evitar que la convocatoria llegue “sobre el cierre de liquidación”, lo que impide un debate real.
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