Ante la inflación, el Gobierno fijó un tope en el precio de la garrafa para el consumidor final. El envase de 10 kilos tendrá un precio de $ 87,78, que al sumarle el 10,5% de IVA, son $97 para la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP). En todos los casos, el precio máximo de referencia rige para todo el país, y no incluye el servicio de envío a domicilio.
La medida fue establecida a través de una resolución de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Los precios máximos se establecieron también para la garrafa de 12 y 15 kilos, que costarán 116,4 y 145,5 pesos.
El texto oficial también estableció un tope de precio para los fraccionadores y los distribuidores para los tres envases. “Es un mercado muy complicado: hay muchos especuladores y hay reventa, una práctica que termina complicando al consumidor”, aseguraron fuentes del Ministerio de Energía y Minería.
Y esta situación de reventa afecta a los sectores de clase baja, ya que deben utilizar garrafa porque no tienen acceso a la red de gas. En algunas localidades, la garrafa de 10 kilos se consigue por $140, un 44 % más.
Luego de las subas en las tarifas de gas, el Gobierno aclaró que la garrafa social se sigue otorgando sin cambios de precios para los beneficiarios del Plan Hogar: se subsidian $77 de los $97 que sale la garrafa de 10 kilos.
Son beneficiarios de este plan aquellas personas cuyas viviendas no están conectadas a la red de gas natural y tienen ingresos mensuales menores a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil o a tres si habita un discapacitado.
Para la recepción de las denuncias, el organismo que se encarga de defender los derechos de los usuarios cuenta con una línea gratuita que es el 0800-4448256 y funciona de 8 a 20.
«Si se trata de algún llamado desde el interior los ponemos en contacto con el organismo municipal de la zona, porque los municipios también colaboran con nosotros con las inspecciones», aclaró el titular de la repartición.
Respecto de las sanciones en caso de eventuales incumplimiento de la resolución, Albornoz explicó que la facultad para aplicarlas corresponde al gobierno nacional: «Nosotros hacemos las actas de constatación y si hay infracciones las informamos al organismo nacional de Defensa del Consumidor».