Empresas, en su mayoría del sector agropecuario con alto nivel de facturación, se declaraban exentas del pago de impuestos. El ajuste significa una omisión de impuestos por al menos 16 millones de pesos en lo referido a ingresos brutos solo de capital.

En el marco de las políticas de control fiscal signadas en el plan de gestión que continúa llevando adelante la Administradora Tributaria Provincial (ATER), se dieron a conocer los resultados de una serie de procedimientos efectuados sobre 70 empresas de alta facturación del sector agropecuario provincial. Mediante el cruzamiento de datos, se detectaron sumas superiores a los 1600 millones de pesos de facturación correspondientes a agropecuarias que se valían de exenciones que no les correspondían.

Durante 2016, a través de la resolución 445/16 de la ATER, se dispuso un régimen de empadronamiento para el otorgamiento o renovación de la exención en el impuesto a los ingresos brutos para el sector de referencia. Basado en lo dispuesto en el artículo 194 inciso k del Código Fiscal, referido a las exenciones, este nuevo esquema le permitió a la ATER establecer a quienes efectivamente les corresponde el beneficio de exención y a quienes no.

El titular de la ATER, Sergio Granetto, remarcó las acciones de fiscalización entorno a un proceso de seguimiento permanente a los grandes contribuyentes: «Estamos trabajando metódicamente para ampliar la base tributaria, reducir los nichos de evasión y elusión, en este caso, a través del fortalecimiento de las áreas técnicas que permiten mejorar el análisis de datos, la inteligencia fiscal y enfocar la tarea de fiscalización».

Por su parte, el director de Fiscalización tributaria de ATER, Román Escobar, subrayó que tras un intenso trabajo desde las áreas técnicas los resultados son contundentes ya que «la ley es clara respecto de los contribuyentes no alcanzados en el beneficio de la exención». Las intervenciones a dichas firmas, cuya facturación ascendían a los 1600 millones de pesos, arrojaron ajustes que hasta el momento superan 16 millones en lo referido solamente a impuestos omitidos.

Política de cobranza activa

Por otro lado, Escobar recordó, que las medidas de control son acompañadas de una fuerte política de cobranza descentralizada. «Desde el mes de julio se llevan adelante acciones segmentadas sobre grandes contribuyentes en todos los impuestos que promueven el pago voluntario por sobre las vías de cobro judicial», dijo.

Y ejemplificó: «Tal es el caso de más de las primeras 22.000 intimaciones, como así la ventana vigente hasta el 15 de noviembre para los contribuyentes con planes en mora,donde se busca que estos contribuyentes estén al día».