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Se ejecutan las obras del nuevo edificio e internado de la escuela Facundo Arce de Pto. Víboras con fondos entrerrianos

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Una vez finalizada la obra, se verán beneficiados los más de 120 alumnos que asisten al establecimiento, 50 de los cuales se alojan en el internado. Ambas obras que fueran licitadas en febrero pasado presentan un avance del 10 y 9 por ciento respectivamente.

Con una inversión de 34,7 millones de pesos entre ambos proyectos se trata de la construcción de un nuevo internado y la reforma integral del establecimiento educativo, en ambos casos el financiamiento es aportado por el gobierno provincial.

El ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, visitó este martes el lugar, a fin de supervisar y evaluar los avances de las obras que están a cargo de la empresa Antolín Fernández.

Al respecto mencionó “tal como ha destacado el gobernador Bordet, nuestra prioridad es seguir trabajando en llevar soluciones a los problemas de los vecinos. El inicio de esta obra fue una prioridad de la actual administración provincial, y su culminación es también uno de los principales objetivos”.

Cabe destacar que se había llamado a licitación en reiteradas oportunidades durante los años pasados y tras arduos procesos en febrero se pudo realizar la apertura de sobres, firmándose el contrato que dio inicio a las obras el pasado 17 de junio.

Detalles de la obra

Constructivamente se trata de un internado para varones y mujeres desarrollado en dos edificios separados que cuentan con dormitorios, grupos sanitarios, office y dormitorio para preceptores. Conectados por galerías contarán además con un espacio común cerrado para la realización de tareas complementarias de la escuela.

Se prevén instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, llegándose a un total de 598 metros cuadrados cubiertos.

Por otro lado, la intervención en el edificio educativo, el cual tiene características propias de su época de construcción que data de 1906, pretende restaurar y devolver el valor arquitectónico a este histórico inmueble.

Se adaptarán los espacios, antes destinados a albergues, a fin de crear lugares comunes para la realización de múltiples actividades. Además se incorporarán aulas, una nueva biblioteca y un Salón de Usos Múltiples abierto a la comunidad.

La refacción prevé intervenir unos 900 metros cuadrados cubiertos y las ampliaciones incorporarán 620 metros cubiertos más.

Entre las tareas previstas se encuentran la adaptación a normas de seguridad del sistema eléctrico y de seguridad, reparación de cubiertas, pisos y umbrales, demolición de muros, restauración y nueva carpintería, grupos sanitarios nuevos, veradas y cercos perimetrales.

Ambos proyectos son financiados con fondos provinciales y son parte de las 63 obras escolares que está ejecutando actualmente el gobierno de Entre Ríos por un monto total de 758 millones de pesos.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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