Provinciales

La justicia actualizó los aranceles en los Juzgados de Paz

Published

7 años ago

16/02/2019

Los valores, que fueron modificados por Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia debido a la desactualización de los mismos, representan un 25% menos que los establecidos por profesionales en el sector privado. Asimismo se garantiza el acceso a la Justicia sin gastos para las personas de escasos recursos económicos. La medida fue adoptada luego de considerar el costo de mantenimiento operativo de los 57 Juzgados de Paz en las 18 jurisdicciones y los escasos ingresos generados. En todo el fuero de la provincia durante 2017 se recaudaron 750.737 pesos; en 2018 los ingresos se incrementaron a 1.094.548 pesos; y en lo que va de este año se obtuvieron 38.437 pesos.

Los valores establecidos a las tasas judiciales o aranceles, que perciben los Juzgados de Paz por aplicación de la Ley 8.948, están un 25% por debajo de las tarifas aplicadas por los escribanos en el sector privado.

Se actualizaron teniendo en cuenta el costo que representa la estructura de la Justicia de Paz, que está presente en todo el territorio provincial pero sin desatender el acceso a los servicios de Justicia de ningún ciudadano. Y menos aún para aquellos que carezcan de disponibilidad económica.

Esta última circunstancia está expresamente señalada en el tercer punto del Acuerdo 01/19, que el STJ celebró el 19 de febrero pasado, en el que se explicita “la garantía al acceso de Justicia mediante el beneficio de litigar sin gastos para las personas de escasos recursos económicos”. En la actualidad 57 organismos están funcionando en las 18 jurisdicciones judiciales y la recaudación del año pasado por los servicios prestados en toda la provincia fue de 1.094.548 pesos. Una cifra de escasa consideración para atender el cúmulo de inversión en el mantenimiento del costo operativo.

Asimismo, es dable destacar que con esta actualización se espera ampliar y mejorar la gestión de la competencia de los Juzgados de Paz, de modo que abarquen la mayor cantidad de temáticas posibles en el universo de la solución de conflictos, y con mayor y creciente grado de complejidad.

También se prevé la profesionalización de sus recursos humanos, de que la Justicia de Paz sea letrada, abonando esa tendencia de política institucional que pretende garantizar el acceso a la Justicia en la base primaria del sistema.

Los aranceles que perciben los Juzgados de Paz por aplicación de la Ley 8.948, representan recursos genuinos que se adicionan a otras fuentes de financiamiento del gasto operativo de los tribunales. Por eso y tomando en consideración el volumen de trabajo que tienen y la escasa o nula recaudación que arrojan como resultado de su actuación, los importes debían actualizarse.

Los mismos quedaron en los siguientes valores:
Certificación de firma de autorización para viaje al exterior de menores, 1.800 pesos; de firma de autorización de viajes de menores en micro dentro del país, 800 pesos; de firma de formulario para el Registro Nacional de Armas, 360 pesos; de servicios, 360 pesos; de firma de formulario de transferencia de uso de marcas y señales, 360 pesos; de firma de persona física, 300 pesos; de firma de persona jurídica, 400 pesos; de fotocopias (con excepción de los que tengan Carta de Pobreza), 200 pesos más otros 10 por foja; demás certificaciones, 360 pesos; homologación de convenio laboral, 360 pesos; y legalización judicial de firma de instrumentos dirigidos al exterior del país, 200 pesos.

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Provinciales

#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

Published

23 horas ago

20/04/2026

Redaccion

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

Provinciales

#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

Published

2 semanas ago

08/04/2026

Redaccion

El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).
Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.
Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

Provinciales

#AGMER convocó a un Congreso Extraordinario en Colón para definir su plan de lucha

Published

2 semanas ago

06/04/2026

Redaccion

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.

El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.

La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.

En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.

Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.

El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.