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#Ambiente: La Provincia y Parques Nacionales acordaron proyectos comunes para preservar el humedal

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“La toma de decisiones políticas para preservar el humedal, que es un tesoro ecológico que genera agua, pasturas y disminuye el impacto de las crecidas, debe estar sustentada en información de calidad”, sentenció el ministro de Producción y Turismo Juan José Bahillo.

Fue al firmar este miércoles en Victoria un convenio marco de cooperación con Daniel Somma, presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales.

Según consigna el texto del convenio, el objetivo es establecer vínculos de colaboración, articulación, asistencia y cooperación entre la Provincia y el organismo a fin de optimizar los recursos disponibles y fortalecer lazos entre actores estratégicos de la comunidad, colaborando recíprocamente para el logro de objetivos comunes.

Fruto de ese convenio marco, la Provincia facilita tierras del dominio público del Estado entrerriano con la finalidad de ser utilizados por Parques Nacionales para el desarrollo de actividades de conservación de los recursos naturales, investigación, capacitación, promoción del desarrollo sostenible y monitoreo y control de riesgos ambientales, con especial referencia al incremento de acciones preventivas y al combate de potenciales y efectivos focos de incendio, incluyendo la instalación de equipamiento para tales fines.

Se trata de un área sensiblemente superior a las 5.712 hectáreas de islas del Departamento Victoria. En rigor, el convenio específico de comodato, cuya duración es de 20 años, determina que se trata de inmuebles “individualizados como Lote N° 30 “A”, Lámina 2 Sur, ejido de Victoria, zona de islas del departamento Victoria, Provincia de Entre Ríos con una superficie de 3860,4800 hectáreas” y el “Lote N° 48, Lámina 4 Sur, ejido de Victoria, zona de islas del departamento Victoria; con una superficie de 1852,4929 hectáreas”.

“Para controlar el fuego y el daño que produce es primordial la alerta temprana y la atención precoz de los incendios” comentó Bahillo, al poner en valor el tenor del acuerdo impulsado por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet. “Todos los actores sociales e institucionales con responsabilidad en el humedal hoy estamos sumando organización y capacidad instalada para dar respuestas” confirmó el ministro.

El acuerdo marco permitirá articular y desarrollar proyectos de interés común tendientes a la concreción de los objetivos de ambas organizaciones; formular y ejecutar una estrategia inclusiva de conservación de la naturaleza a fin de proteger y resguardar los diversos componentes del patrimonio natural y cultural entrerriano, el manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo local. En el marco de dicha estrategia, se realizarán actividades conjuntas o combinadas de promoción, difusión, educación, capacitación, investigación, planificación y gestión.

Por su parte, Somma especificó que “todos deberíamos tener en el más alto valor al humedal, son casi dos millones de hectáreas. Y no sólo hay que cuidarlo sino que debemos reaccionar para repararlo del daño que ocasionan los incendios, los efluentes arrojados al agua y los residuos de productos químicos depositados en su lecho. La situación del humedal no es buena”.

Somma llegó acompañado de funcionarios de la administración que conduce y de la Jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la entrerriana Soledad Cantero.

La funcionaria participó de la firma de las actas y destacó que la estrategia del gobierno fue generar un espacio de participación de todas las jurisdicciones que, aportó, “dio sus frutos con este trabajo interdisciplinario que apunta, entre otras cuestiones, a motivar el compromiso social. Necesitamos que los incendios sean advertidos y esa misión es difícil de cumplir sin el compromiso social”.

El comodato firmado en la sede de la comuna de Victoria determina que el propósito es que Parques Nacionales desarrolle actividades de “conservación de los recursos naturales, investigación, capacitación, promoción del desarrollo sostenible, monitoreo y control de riesgos ambientales con especial énfasis en el incremento de acciones preventivas en relación al combate de incendios en defensa del ambiente, el cual incluirá la instalación de equipamiento a tales fines”.

La firma se concretó en la sede del Concejo Deliberante de Victoria, ámbito donde el intendente Domingo Maicco dijo que “desde el municipio siempre hemos estado para colaborar, para participar en todo lo necesario. Sabemos que la crisis desatada con los incendios obedece a una multiplicidad de factores y que las soluciones llegan con la participación de todos”.

Además de los citados, entre otras autoridades se destacó la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri, la diputada provincial Gracia Jaroslavsky y el senador Gastón Bagnat.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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