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Bordet envió el proyecto de Ley de Juicio por Jurados a la Legislatura

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Con la firma del gobernador Gustavo Bordet, el Ejecutivo envió al Senado este viernes el proyecto de Ley de Juicio por Jurados.

Se trata de una ley con un amplio consenso de la comunidad jurídica y política que establece que los juicios criminales deben realizarse por jurados populares. Serán juzgados por jurados todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión. El jurado estará integrado por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez, que decidirán por unanimidad si el acusado es culpable o no culpable.

Este proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

El procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.

El proyecto fue remitido este viernes y tuvo una elaboración conjunta de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezada por la ministra Rosario Romero, contando con los valiosos aportes y propuestas de la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados) y del INECIP, (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), instituciones pioneras en la implementación de juicio por jurados en Argentina y América Latina. Además, fueron actores claves en el presente proyecto de ley, las contribuciones realizadas por parte del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos.

Asimismo, se destaca que el desarrollo de las Jornadas “Juicio por Jurados, la concreción de un mandato constitucional”, que se llevaron a cabo en el mes de junio en Paraná, organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, del Superior Tribunal de Justicia en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, fueron cruciales tanto para que el tema haya tomado relevancia en la agenda pública, como para que se lograran los consensos en la necesidad de su aplicación en el territorio entrerriano.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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#AGMER convocó a un Congreso Extraordinario en Colón para definir su plan de lucha

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.

El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.

La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.

En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.

Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.

El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.

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