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El orden en las cuentas públicas volverá a ser prioritario en el presupuesto 2020

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#EntreRíos #Presupuesto2020 #Equilibrio

El gobernador Gustavo Bordet analizó junto a sus ministros las pautas para el presupuesto 2020. Destacaron la falta de certezas que vive el país y ratificaron el compromiso con el ordenamiento y la transparencia de las cuentas públicas, el pago de salarios, jubilaciones y la inversión social y en salud.

Junto al vicegobernador Adán Bahl, y los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Salud, Sonia Velázquez, de Gobierno, Rosario Romero y de Planeamiento, Luis Benedetto, el mandatario entrerriano analizó los avances en el proyecto de presupuesto que próximamente enviará a la legislatura provincial.

«Estamos recibiendo las distintas necesidades de los distintos organismos, y después vendrá la tarea nuestra con la Dirección de Presupuesto de rearmar todo eso para elevarlo como proyecto de presupuesto para el próximo año», contó Ballay luego del encuentro que tuvo lugar en el Centro de Convenciones.

El titular de la cartera económica resaltó que el 2020 será «el inicio de la segunda gestión de Gustavo Bordet en la provincia y que obviamente estará enmarcado en lo que se trabajó en los cuatro años de esta primera gestión, que es el ordenamiento de las cuentas públicas y darle prioridad sobre todo a los compromisos asumidos tanto en salarios y jubilaciones, y el permanente hincapié en las áreas de desarrollo social y salud».

Sin embargo, el ministro se mostró cauto al observar que «tenemos que esperar los lineamientos del presupuesto nacional porque siempre se toman los parámetros que define la Nación», y recordó que «hace dos años atrás se proyectó un presupuesto con una inflación del 17 por ciento y después fue superior al 40».

En ese contexto, Ballay aclaró que «el 70 por ciento de los recursos que tienen las provincias provienen de coparticipación de impuestos nacionales», y que se deben tomar «los parámetros de inflación, del tipo de cambio y del crecimiento o decrecimiento de la economía que se proyectará para el año próximo a través del Ministerio de Economía de Nación».

Por otra parte, el ministro se refirió a las medidas adoptadas por el Presidente de la Nación esta semana y aclaró que «son beneficios que el gobierno nacional realiza pero con recursos que pertenecen a las provincias». También contó que esta opinión es compartida por sus pares de otras jurisdicciones, incluso provincias alineadas con el gobierno Nacional como Mendoza.

«A los entrerrianos, las medidas anunciadas por el gobierno nacional nos cuestan 1.100 millones de pesos aproximadamente», lo que impacta más fuertemente en la provincia teniendo en cuenta  que el acuerdo salarial de este año incluyó una cláusula de ajuste salarial. «Hoy no sabemos cuánto va a ser la inflación de este mes porque todas las estimaciones previas, a partir de esta nueva devaluación se distorsionaron», resaltó.

Además Ballay se mostró preocupado porque con estas medidas «va a haber menos recursos para la Anses, producto de esta suspensión de los aportes patronales» y reiteró que «no son medidas económicas, ni de cambio de rumbo en la economía, sino meramente electorales y que tienen costo fiscal para todas las provincias».

No obstante, el gobernador Bordet se comprometió a «fortalecer el cumplimiento de lo que formamos en paritaria», ratificó. «Después analizaremos con los gremios, como lo hacemos siempre, y en el marco de lo que podamos cumplir», precisó.

«Recuerdo largas reuniones con los gremios previo a cerrar las paritarias; y realmente nosotros siempre planteábamos que el esfuerzo que hacíamos lo hacíamos para poder cumplirlo; y para poder cumplirlo dentro de los términos que lo estamos haciendo que es pagar los salarios en cinco o seis días hábiles de inicio de cada mes, salarios a activos y jubilados. Pero, obviamente, con esa responsabilidad analizaremos puntualmente los pedidos de los gremios y nos reuniremos con ellos oportunamente», agregó Ballay.

Por último, y respecto a la incertidumbre que rodea a la economía del país por estos días, el funcionario provincial aseguró que «vamos a cumplir los compromisos que asumimos» y recordó que «la prioridad absoluta es la de sostener el pago de haberes a activos y jubilados, la inversión social, especialmente la alimentaria, y la salud». «Va a haber mayor demanda por la disminución del poder adquisitivo y gente que va a perder su trabajo», adelantó.

También descartó que la provincia entregue algún tipo de bono dado que «son pagos en negro», afirmó y caracterizó los anuncios del gobierno nacional como «medidas realmente aisladas, porque no hablamos de un plan económico, sino de medidas de corte electoralistas».

«Son más medidas de un candidato que de un presidente, porque son pensando en octubre, pensando en revertir algo que es muy difícil», planteó al tiempo que explicó que «las modificaciones del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo le van a costar 1.100 millones de pesos menos hasta fin de año para la provincia, de los cuales cerca de 200 millones se distribuyen con los municipios».

«Este nuevo impacto de la devaluación va a generar mayores costos y mayor gente sin trabajo», describió Ballay, y continuó: «La gente que se queda sin trabajo es más gente en nuestros hospitales públicos, demandantes del Ministerio de Desarrollo Social».

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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#AGMER convocó a un Congreso Extraordinario en Colón para definir su plan de lucha

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un encuentro este jueves 9 de abril. Los congresales de toda la provincia analizarán el conflicto salarial con el Gobierno de Entre Ríos.

El sindicato docente mayoritario de la provincia se reunirá desde las 9 en la sede de la seccional de la ciudad de Colón. Durante la jornada, los representantes de los diecisiete departamentos debatirán la situación actual de las negociaciones y determinarán las próximas acciones gremiales.

La convocatoria ocurre en un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo provincial. El gremio mantiene un plan de lucha ante la falta de una resolución satisfactoria en las discusiones por recomposición de haberes.

En las últimas semanas, los docentes entrerrianos concretaron medidas de fuerza que incluyeron un paro total de actividades y movilizaciones en diferentes ciudades. En Paraná, el sindicato encabezó una marcha de antorchas donde se exigió la reapertura de la paritaria y se manifestó el rechazo a posibles cambios en el sistema previsional.

Referentes de AGMER señalaron durante las protestas que no es posible alcanzar la calidad educativa sin salarios adecuados para los trabajadores. Además, cuestionaron la escasez de avances en el diálogo con las autoridades provinciales.

El Congreso Extraordinario de este jueves servirá para evaluar la continuidad de las protestas y el alcance de las nuevas medidas que se adopten en el marco del conflicto.

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