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Política

Con la mirada puesta en salud y desarrollo social Bordet presenta ante la Legislatura el proyecto de presupuesto 2020

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#EntreRíos #Presupuesto #Gobierno

El gobernador Gustavo Bordet firmó el proyecto de presupuesto provincial 2020 que será elevado a la Legislatura provincial este martes. La norma prevé el fortalecimiento de servicios esenciales como salud y desarrollo social.

El proyecto también contempla la mejora en la calidad del gasto público, el desendeudamiento, y el sostenimiento de obras de infraestructura con recursos propios.

Por otra parte, se observa una merma significativa en las transferencias nacionales, fundamentalmente en programas de salud y desarrollo social, subsidios al transporte y a la tarifa eléctrica y las destinadas a obras públicas.

El mandatario repasó detalles de la iniciativa, que ingresará por la Cámara de Diputados, junto al vicegobernador Adán Bahl; al ministro de Economía, Hugo Ballay; los secretarios de Hacienda, Gustavo Labriola; y de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; y miembros del equipo económico.

Tras el encuentro, concretado en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde el gobernador firmó el proyecto, Ballay indicó que según lo previsto en la Constitución provincial la presentación a la Legislatura debe hacerse el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, tal como se realiza en este caso.

«Es el proyecto de ley más importante porque es el que regula los recursos y autoriza los gastos para el Ejecutivo en 2020. Lo primordial, y como parte de una política del gobernador Bordet, es tratar de destinar los recursos a las áreas más sensibles. Queremos rescatar que tendremos un resultado primario superavitario; y en el financiero, después que se cargan los intereses de la deuda, recién ahí aparece un cálculo negativo», detalló Ballay.

En ese marco, recordó que «dentro del superávit primario positivo se asume el déficit de la Caja de Previsión que está proyectado para 2020 en 13.500 millones de pesos, lo que hace que un 10 por ciento de los recursos de rentas generales sean absorbidos por el déficit de la Caja de Jubilaciones».

Explicó luego que el presupuesto 2020 se hace en base a la ejecución 2019 y apuntó: «Para tener una idea, el promedio de incremento de gastos que se toman en esta ley de presupuesto respecto a la proyección de ejecución de este año ronda en la mayoría de los ministerios un 15 por ciento; y los gastos de funcionamiento de la administración, tal el compromiso del gobernador, acá son solamente el 7 por ciento, mientras que los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social tienen entre un 31 y un 35 por ciento de incremento, fundamentalmente por lo que ha dejado de atender el gobierno nacional durante este ejercicio y que a nosotros se nos refleja».

En otro tramo de sus declaraciones también se refirió a la incidencia del consenso fiscal y apuntó: «Por ejemplo, desaparece el cobro de la Ley 4035, independientemente de que ya venía disminuyendo y que su destino era exclusivamente planes sociales. A todo esto ahora hay que atenderlo con rentas generales», precisó.

Luego explicó que “el presupuesto se hace en base a las leyes; la ley vigente en la provincia establece 10 ministerios, pero el gobernador en una decisión política de hace dos años, los ha reducido a cinco”. En ese marco, apuntó que en la norma “hay secretarías que tienen rango ministerial que, aunque no tengan designado ministro, mantienen y sostienen esas partidas presupuestarias. Luego, en la ejecución, si no se nombra ministro o se reduce la estructura como lo ha venido haciendo este gobierno, se bajan los gastos”.

En materia salarial, hizo notar que «habitualmente las leyes de presupuesto no contemplan una pauta salarial aproximada, aunque si se trabaja con los índices inflacionarios, que son los que también se trabajan para los recursos. En este caso, el proyecto de presupuesto nacional al que tenemos que ligarnos, porque la mayoría de los recursos son de coparticipación, contempla un 34 por ciento la inflación estimada para el año 2020”.

En cuanto a las obras públicas, señaló que «se presentan en el proyecto de presupuesto de dos formas, algunas con financiamiento provincial, que no son tan significativas en montos, pero que el gobierno provincial atiende con rentas generales».

En cuanto a las otras, hizo notar que “el Fondo de la Soja, que era uno de los afectados a obra pública también desapareció, por lo que frente a eso lo que hacemos con el resto de las obras es nominarlas en el presupuesto de acuerdo a los pedidos de cada uno de los intendentes actuales y futuros porque es un requisito indispensable para ejecutarlas, pero supeditadas a conseguir el financiamiento”.

Por otro lado, advirtió que «tenemos que diferenciar lo que es el presupuesto, de la cuestión financiera; hoy la Nación tiene deudas con el IAPV, con Vialidad, con el Ministerio de Gobierno; el Anses con la Caja de Jubilaciones; todos esos reclamos se continúan y lo que nosotros expresamos en la ley de Presupuesto es en función de que eso le corresponde a la provincia de Entre Ríos”. Y remarcó: “En la ley de presupuesto se contemplan todos los derechos y lo que le corresponde a la provincia de Entre Ríos”.

Detalles del proyecto

En  relación a los recursos, presentan en su proyección un crecimiento en sus rentas generales del orden del 39%, con una participación de los nacionales de aproximadamente un 70%.

En general, se observa un crecimiento de los recursos tributarios nacionales del orden del 46%, por encima de la inflación proyectada por Nación en 12 p.p., contribuyendo a esto el efecto de 3% extras recibidos en cumplimiento del acuerdo de la restitución del 15% para Seguridad Social, y por efecto arrastre de la inflación 2019.

Mientras que los provinciales muestran una variación positiva del 28,5% que responde al efecto del Consenso Fiscal, disminuyendo alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, y eliminando lo referido a la Ley Nº4035.

Además, se observa una merma significativa en las transferencias nacionales, fundamentalmente en programas de salud y desarrollo social, subsidios al transporte y a la tarifa eléctrica y las destinadas a obras públicas.

La disminución de transferencias nacionales señalada anteriormente, ha generado la necesidad de sostener diversos programas sensibles para la población con fondos del Tesoro Provincial, esto sin que afecte el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en cuanto a que la variación del gasto corriente no puede superar la experimentada por el IPC promedio, y a que los compromisos de la deuda no superen el 15% de la recaudación.

El nivel de gastos totales de las rentas generales presenta hacia el Ejercicio 2020 un incremento del orden del 34% en relación al año 2019, por debajo del IPC promedio que se estima en 43,1%. Del total, el gasto en personal insume 62%, la coparticipación a Municipios y Comunas 15%, el déficit del sistema previsional 11%, gastos de funcionamiento 9% y el 4% los intereses de la deuda.

Si consideramos el Gasto en Personal, fue decisión del Gobierno Provincial, preservar el poder adquisitivo del salario del sector público, lo que fue reflejado en acuerdo paritario con los gremios estatales. Sin embargo se ha seguido una política de riguroso control de los ingresos de personal a la Administración Pública, cubriendo los cargos que quedan vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación que sean estrictamente necesarios para no resentir los servicios que se prestan a la sociedad. Esto permitió reducir la planta ocupada con respecto a 2018 en el orden del 2%, esto sin cesantear a ningún agente público, cumpliendo además con las exigencias del régimen de responsabilidad fiscal.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, si se los compara en relación al cierre del ejercicio 2015, registran en términos relativos con respecto a los ingresos, una disminución próxima al 20%, sin embargo se garantizan partidas suficientes para la atención de aquellos servicios esenciales como lo son salud con un incremento del 33%, programas sociales un 31%, seguridad, minoridad, discapacidad, becas, con incremento promedio del orden de 40%, y una fuerte contención de todos aquellos gastos de estructura cuya variación se ubica en el 7%, todos ellos medidos en relación a la proyección estimada al cierre del Ejercicio 2019.

Producto de diversas medidas que han sido ajenas al Ejecutivo Provincial, el Tesoro Provincial ha incrementado el financiamiento para inversión pública, previendo en 2020 una suma cercana a los $5.000 Millones, lo que representa un incremento cercano al 35% con respecto al 2019.

Además, si sumamos diversos recursos que son propios de distintos organismos provinciales, la toma de créditos, como los fondos nacionales que aún financian algunos programas, el total previsto para la inversión en el Proyecto de Presupuesto asciende a $16.294 Millones, con lo que queda garantizada la continuidad de todas aquellas obras en ejecución, como también a dar inicio a nuevos proyectos que son necesarios para el desarrollo provincial.

De una vista general, continuando en el análisis de las rentas generales, el proyecto de presupuesto evidencia un resultado operativo positivo cercano a los $1.000 Millones, lo que marca una sana y prudente administración en el uso de los recursos públicos afectados a los gastos que generan la gestión diaria.

Si consideramos el resultado financiero, el mismo arroja un déficit de $3.595 Millones, que surgen de considerar ingresos corrientes por un total de $128.906 Millones, un gasto corriente estimado en $127.958 Millones, otros recursos por un total de $387 Millones y una inversión en obras publicas de $4.931 Millones. Es decir, que el déficit está explicado en el financiamiento de la obra pública con remanentes y uso del crédito.

En cuanto al Resultado Primario (Resultado Financiero – Intereses de la Deuda) se proyecta un resultado positivo de $1.467 Millones, lo que representa el 1,1% del total de los recursos.

El proyecto de Presupuesto prevé una autorización de endeudamiento para el financiamiento de una parte de los vencimientos de la deuda y para la realización de obras por la suma de $10.611,33 Millones, lo que significa una previsión que podrá ser utilizada en forma total o parcial de conformidad a la evolución de las necesidades financieras.

Vale destacar que la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2018 contenía autorizaciones de endeudamiento por un total de $6.847 Millones, y de ese total sólo se hizo uso de un financiamiento por la suma de $900 Millones, mientras que en la Ley de Presupuesto 2019, la autorización de endeudamiento aprobada fue de $3.570,28 Millones, de los cuales a la fecha sólo se utilizaron $600 Millones.

Este comportamiento en la administración de la deuda ha venido definiendo un perfil de marcado desendeudamiento, aún con el efecto de la devaluación de nuestra moneda contra el dólar en los 2 últimos años.

Así, si medimos la Deuda Pública con respecto al Producto Bruto Geográfico (PBG) estimado, se observa que en 2017 representaba un 13,12% mientras que proyectado a 2020 la misma sería de un 12,25%. Si a esta comparación la hacemos con el total de Recursos, en 2017 arrojaba un 62% mientras que proyectado a 2020 sería de 49%.

Política

#Diputados: La Cámara baja aprobó el proyecto que modifica la Ley de Juicio por Jurados

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Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.

“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) al abrir el debate.

Luego, precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.

En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”, señaló, antes de describir que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”, añadió.

Posteriormente, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) expresó su voto en general a favor de la iniciativa, pero en contra en la votación en particular, ya que se mostró en desacuerdo con la modificación del artículo 46.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) anunció el voto dividido dentro de su bloque, debido a la existencia de diversidad de miradas acerca del dictamen de comisión. Adhirió a las consideraciones de Lena sobre la trascendencia de esta herramienta, pero consideró que era necesario darle más tiempo de funcionamiento a “una institución joven”. Y señaló: “En este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un dictamen que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene hoy nuestra ley actual, lo cual nos parece una contradicción”, advirtió.

En lo sucesivo, Sergio Castrillón (Más para ER) hizo público su voto positivo, debido a la necesidad de mejorar las instituciones. Débora Todoni (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto por entender que “lejos de representar un avance para el sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional”.

Fabián Rogel (JxER) sostuvo: “Vamos sumando y perfeccionando derechos. Agradezco a los peronistas que acompañen en lo que ellos creen que es positivo”. Roque Fleitas (LLA) dijo que votaría a favor en general pero en contra en particular, porque quedan fuera de estos juicios una serie de delitos.

Homenajes

Fabián Rogel hizo referencia a la conmemoración de los fallecimientos de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen y el triunfo de Arturo Illia como presidente. Liliana Salinas (PCP) hizo un homenaje al general Francisco “Pancho” Ramírez, de cuyo fallecimiento se cumplirá un nuevo aniversario el 10 de julio.

Enrique Cresto (Más para ER) recordó a Juan Domingo Perón, fallecido el 1 de julio de 1974, así como también a Hipólito Yirigoyen. Lorena Arrozogaray (Más para ER) hizo referencia al 5 de julio, Día Internacional del Cooperativismo.

Al inicio de la sesión, con motivo de la celebración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

 

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#Diputados: En comisión debatieron una modificación del Código Procesal Laboral

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La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este martes por la mañana para debatir un proyecto de ley que propone introducir una modificación al Código Procesal Laboral de la Provincia, presentado por la diputada María Elena Romero. Como invitados, participaron Pablo Tanger, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) Sección Paraná, y José Daniel Ruiz, director del Instituto del Derecho de Trabajo del CAER.

Luego del encuentro, la autora explicó que se busca cambiar el inciso a del artículo 125º del llamado Rito Laboral, con el objetivo de proteger a micro, pequeñas y medianas empresas. “Cuando un empleador es condenado porque ha perdido un juicio laboral y, como sucede muchas veces, se trata de sentencias arbitrarias o que no son justas, es necesario acudir en segunda instancia a la Cámara Laboral. Frecuentemente, el empleador se ve desfavorecido, porque para poder apelar necesita realizar el depósito de montos de dinero que no siempre tiene o deben embargar sus bienes”, indicó.

En ese sentido, precisó sobre su iniciativa: “En mi proyecto, agrego un seguro de caución, de manera que un tercero, que sería una aseguradora, dé la garantía suficiente como para que el empleador pueda apelar”.

“Si bien los grandes empleadores son los que cuentan con este seguro de caución, hago una excepción para que los microemprendedores o empleadores de personas que trabajan en casas particulares, tengan que depositar solamente el 40% del monto para poder apelar”, señaló Romero. “Si no ayudamos al empleador, vamos perdiendo cada vez más la posibilidad de que haya trabajo. Nunca se va a desproteger al trabajador”, agregó.

Acerca de la continuidad del debate, la diputada comentó: “Cuando presenté este proyecto el año pasado, desconocíamos que hay propuestas de una reforma integral del Código Procesal Laboral. Más allá de eso, mi propuesta es un disparador que debemos seguir trabajando con el aporte de cada uno de los bloques”.

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Política

#Diputados: Trataron proyectos sobre energías renovables y seguridad en rutas

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Este martes por la tarde se reunieron en conjunto las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, que preside Noelia Taborda, y de Energía, que encabeza Jorge Maier, para abordar un proyecto de este último que propone que las nuevas obras públicas en la provincia incorporen fuentes renovables de energía en al menos un 10% de sus espacios comunes, siempre que ello sea técnica y económicamente viable.

La iniciativa de Maier prevé incorporar el artículo 7º ter a la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas. Taborda indicó que dicho cambio implicaría “incorporar energías renovables y sustentables, que son acordes al cuidado del ambiente, en barrios que se realicen en distintas localidades de la provincia o en instituciones escolares, por ejemplo”.

La legisladora informó que durante el encuentro se acordó continuar con el tratamiento en comisiones de esta propuesta, en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener dictamen lo antes posible.

Seguridad en rutas

Las comisiones de Comunicaciones y Transporte y de Obras Públicas y Planeamiento, que presiden Andrea Zoff y Noelia Taborda respectivamente, trataron en conjunto un proyecto de ley de Liliana Salinas para disponer medidas de seguridad y protección en paradas de transporte público en rutas provinciales.

“Se trata de la instalación de garitas en las rutas provinciales, pero también en los trayectos de las rutas nacionales por Entre Ríos. Esto lleva un costo bastante importante, porque no en todos lados existe una calzada para que pueda parar el transporte público. Vamos a seguir en diálogo en reuniones de comisión y también con Vialidad provincial y con la Secretaría de Transporte para presentarles este proyecto”, comentó la diputada Taborda.

Según la legisladora, esta propuesta beneficiaría a los usuarios habituales del transporte público de la provincia, como los docentes y estudiantes, que en días fríos y lluviosos esperan el colectivo en condiciones precarias.

Además, Noelia Taborda comentó que se prevé la posibilidad de celebrar convenios con empresas para que se ocupen del mantenimiento de estas garitas y puedan difundir publicidad en esos lugares.

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