El Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Luis Caputo, envió una solicitud formal a las provincias instándolas a tomar medidas para evitar incrementos en la presión tributaria. En la nota, se destacó la importancia de adecuar las tasas municipales a la legislación vigente, promoviendo la derogación de aquellas que «no guarden proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio».
El Gobierno calificó estas tasas como «ilegales y arbitrarias», argumentando que incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales . En particular, se señaló que deben eliminarse aquellas que:
- Coinciden con hechos imponibles o bases de impuestos nacionales coparticipables.
- Contravengan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Palacio de Hacienda también se solicitó que, en caso de incumplimiento, los municipios sean intimidados. Si persiste la falta de adecuación, el Ministerio propuso suspenderlos de la masa coparticipable, como medida de presión para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Impacto económico
El comunicado oficial subrayó que estas tasas municipales afectan los costos de bienes y servicios, dificultan la reducción de la inflación nacional y perjudican tanto a los ciudadanos como a las diferentes jurisdicciones del país. Además, la Ley de Coparticipación prohíbe que los municipios graven materias imponibles sujetas a impuestos nacionales coparticipables a través de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, independientemente de su denominación.
Perjuicio para el Estado Nacional y las provincias
Por último, el documento enfatizó que estos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, lo cual disminuye la masa coparticipable. Este hecho, según el Ministerio, genera un perjuicio directo tanto al Estado Nacional como a las jurisdicciones provinciales, afectando sus recursos coparticipables «sin que exista justificación alguna».
Con esta solicitud, el Gobierno busca alinear las prácticas tributarias municipales con la legislación nacional, protegiendo tanto a los ciudadanos como a los recursos fiscales del país.