El gobierno provincial anunció medidas inmediatas y de fondo para hacer frente al daño ambiental que genera la quema de pastizales en el Delta, entre ellas, constituirse como querellante en la causa penal; convocar a los propietarios de las tierras, en su mayoría santafesinos, a un encuentro en Victoria; presentar de oficio documentación ante la justicia federal; e impulsar un proyecto de ley para regular el uso de las tierras fiscales, entre otras.

Las decisiones se tomaron luego de un encuentro que encabezó el gobernador Gustavo Bordet en la Casa Gris con la vicegobernadora Laura Stratta, el fiscal de Estrado Julio Rodríguez Signes, y los ministros de Producción y Turismo, Juan José Bahillo y de Economía, Hugo Ballay. El mandatario entrerriano está en permanente contacto con su par santafesino, Omar Perotti, para delinear estrategias conjuntas.

La quema de pastizales impulsada por productores ganaderos en las islas de Entre Ríos, que es una práctica que lleva años y se agudizó en las últimas semanas, sigue produciendo una invasión de humo y cenizas en Rosario y en distintas localidades de la región.

Los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas, especialmente los registrados en cercanías a viviendas rurales. Este trabajo se realiza junto con Protección Civil de Santa Fe y la Policía entrerriana.

A su vez, el gobierno entrerriano avanza con acciones ante la justicia contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.

Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.

Querellante
En ese marco, Bordet decidió este lunes que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular” en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

“La constitución como querellante implica ya que tomamos parte del ejercicio de la acción penal, con lo cual podemos producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante. Eso es lo que el gobernador decidió hacer en el día de la fecha”, explicó el Fiscal de Estado.

En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.

“Patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño del inmueble”, expresó el funcionario entrerriano, y agregó: “entonces nuestra idea es concientizar a los propietarios que acá no solamente hay una cuestión de sanción penal, sino también civil, de daño ambiental que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.

El objetivo es que los arrendatarios y los propietarios “colaboren con el Estado en el control, porque la provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas. Entonces ninguna jurisdicción tiene capacidad de prevención sobre toda esa superficie”.

Multas
Por otra parte, Rodríguez Signes adelantó que la provincia modificará el régimen de multas hacia los propietarios. “Se creará un mecanismo que permita ejecutar las multas administrativamente, desde un principio, para que sean efectivamente cobradas, y no como puede suceder actualmente que se pierde en el proceso judicial”, detalló el funcionario.

Traslados de oficio
También desde la Secretaria de Ambiente se le trasladaron de oficio a la justicia las actas de infracción labradas por la provincia, como así también se aportó toda la información solicitada por parte del Juzgado Federal de Victoria.

Convocatoria
El gobierno entrerriano convocó a los propietarios de las tierras, en su mayoría santafesinos, a un encuentro el viernes en Victoria del que participarán autoridades provinciales y municipales, prefectura, defensa civil y fuerzas de seguridad.

Regulación del uso de tierras fiscales
Por otra parte, el mandatario acordó impulsar una ley que establece un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica.

A través de este proyecto se permite el uso productivo sustentable de los bienes sirviendo de marco jurídico para una reglamentación acorde que compatibilice aspectos productivos y ambientales.

Todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley quedarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental que establezca la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, mientras que se faculta al Ministerio de Producción a otorgar permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas sustentables mediante procedimiento público.

También se faculta al Ministerio a otorgar permisos de uso gratuitos a favor de pobladores o residentes habituales de islas y anegadizos, estableciéndose en la reglamentación los requisitos para acceder a los mismos y una unidad productiva.
Plan de vigilancia y observación

Finalmente, se avanza junto con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y el gobierno nacional en el relanzamiento del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (Piecas), un trabajo que se viene haciendo desde el año 2008 y que se vio interrumpido en los últimos años.

El Piecas consiste en un modelo de gestión que busca superar los abordajes parciales y facilitar compromisos entre las jurisdicciones involucradas en un mismo ecosistema compartido, además de fortalecer al conjunto para llevar adelante las iniciativas de sostenibilidad necesarias.