El Gobierno nacional está analizando la posibilidad de desprenderse de más de 40 mil hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como parte de una política de reducción del Estado. Según datos publicados por Análisis Digital , el INTA posee alrededor de 101.500 hectáreas distribuidas en 100 predios, de los cuales solo 54.000 están en uso efectivo para actividades de producción agropecuaria o experimentación tecnológica.

Las 47.500 hectáreas restantes “se encuentran sin uso productivo debido a diversos factores, entre ellos: imposibilidad de acceso físico o logístico; usurpaciones o conflictos de tenencia; falta de infraestructura básica para su explotación”, según fuentes del área citadas por el diario.

El análisis oficial no se limita a las tierras actualmente sin uso, sino que también incluye predios en actividad. Se evaluará cuáles son esenciales para la experimentación y transferencia tecnológica del organismo, y cuáles podrían ser vendidos. La decisión dependerá, entre otros factores, del estado de los títulos de propiedad, ya que algunas tierras fueron donadas al Estado con la condición de que no puedan ser vendidas (“donación con carga”), mientras que otras sí podrían ser transferidas (“donación sin carga”).

Actualmente, 60.000 hectáreas del INTA están asignadas a Asociaciones Cooperadoras, entidades privadas que colaboran en la gestión de las estaciones experimentales y canalizan la comercialización de la producción. Otras 30.000 hectáreas están bajo la gestión de INTeA SA, una sociedad en la que el INTA es socio mayoritario y que desarrolla actividades productivas y tecnológicas.

El gobierno también justificó la medida señalando que el INTA duplicó su planta de empleados públicos en los últimos años, pasando de 3.000 a más de 6.000 trabajadores, y que su presupuesto anual de gastos es de$224.000 millones, con recursos asignados por$411.000 millones.

La decisión de vender tierras se enmarca en la reciente transformación del INTA en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el reemplazo de su conducción colegiada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, asistido por un Consejo Técnico ad honorem.

Fuente: Análisis Digital

Un reciente informe elaborado por instituciones técnicas de la provincia de Entre Ríos cuantificó el impacto económico que tienen los derechos de exportación (DEX) sobre los ingresos brutos de los productores agrícolas. El estudio, realizado con datos actualizados y proyecciones del ciclo agrícola 2023/24 y 2024/25, abarcó cuatro cultivos clave: soja, maíz, trigo y sorgo , y arrojó cifras significativas.

Según el análisis, basado en información proporcionada por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y la Bolsa de Comercio de Rosario, el ingreso bruto no percibido por los productores en la campaña 2023/24 ascendió a unos USD 522 millones . Para la campaña actual (2024/25), se estima una disminución de este valor, ubicándose en torno a los USD 400 millones .

Esta reducción se explica principalmente por dos factores: la caída en la producción total de los cultivos (-15%) y la reducción temporal de las alícuotas aplicadas a los derechos de exportación vigentes hasta el 30 de junio de 2025 .

La soja lidera el impacto

El cultivo que más afecta estos números es la soja , que representa más del 70% del ingreso no percibido . Esto se debe tanto a sus mayores volúmenes de producción como a su precio FOB relativamente alto ya una alícuota de retención superior al resto. En detalle:

• Soja (2023/24): 2.529.410 toneladas producidas, un precio promedio de USD 448 por tonelada, alícuota del 33%. Ingreso no percibido: USD 373,9 millones .
• Maíz: 3.159.335 toneladas, precio de USD 192, alícuota del 12%. No percibido: USD 72,8 millones .
• Trigo: 2.286.645 toneladas, precio de USD 244, alícuota del 12%. No percibido: USD 66,9 millones .
• Sorgo: 349.680 toneladas, precio de USD 205, alícuota del 12%. No percibido: USD 8,6 millones .

En la campaña 2024/25, con precios internacionales más bajos y menores alícuotas, el escenario se modifica ligeramente:

• Soja: 2.880.000 toneladas, precio de USD 415, alícuota del 26%. Ingreso no percibido: USD 310,7 millones .
• Maíz: 1.876.520 toneladas, precio de USD 226, alícuota del 9,5%. No percibido: USD 40,3 millones .
• Trigo: 1.965.005 toneladas, precio de USD 229, alícuota del 9,5%. No percibido: USD 42,7 millones .
• Sorgo: 300.700 toneladas, precio de USD 230, alícuota del 9,5%. No percibido: USD 6,6 millones .

Un costo invisible para todos los productores.

Una particularidad relevante del informe es que los derechos de exportación no solo afectan a quienes realmente exportan , sino también a aquellos que venden en el mercado interno. Esto ocurre porque, al tratarse de commodities, los precios internos están ligados a los precios internacionales menos el porcentaje de retención . Es decir, aunque un productor venda dentro del país, percibe un ingreso menor debido al efecto distorsivo de las retenciones.

Por lo tanto, el impacto económico total supera la simple recaudación fiscal del Estado nacional. Se trata de una transferencia indirecta de recursos desde los productores hacia otros actores de la cadena comercial o incluso al consumidor final, que enfrenta precios más bajos producto de la menor base de costos.

Comparación con bienes tangibles

Para facilitar la comprensión del volumen de dinero involucrado, el informe incluye una comparación con bienes clave del sector agrícola. Por ejemplo, considerando el valor promedio de una maquinaria agrícola en Argentina —alrededor de USD 130.000—, los USD 400 millones estimados para la campaña 2024/25 equivaldrían a cerca de 3.080 maquinarias , lo que da una medida del peso real de esta pérdida en términos productivos.

Conclusiones técnicas

El informe aclara que la metodología utilizada se basa en fechas claves de liquidación de precios y valores FOB representativos del período, sin considerar variaciones intermedias ni políticas públicas específicas que puedan haber alterado momentáneamente los flujos comerciales.

Además, deja abierta la posibilidad de seguir profundizando estudios futuros, especialmente en relación con el volumen real de exportaciones realizadas , la recaudación efectiva asociada a cada cultivo y el impacto en los precios finales de productos derivados , como carnes o harinas, donde estos granos son insumos esenciales.

Fuentes del Informe CEER:

• Sistema Integrado de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER)
• Bolsa de Comercio de Rosario
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina
• INDEC – Informe de la industria de la maquinaria agrícola
• A3 Mercados

Equipo técnico responsable del informe:
Lautaro Albarracín (Bolsa de Cereales), Victoria Facendini (UNER), Pablo Fontanini (Bolsa de Cereales), Manuel Quiroga (CEER), Sofía Pennachini (CEER) y Gabriel Weidmann (UNER).

La Federación Agraria Argentina (FAA) Distrito III, que representa a pequeños y medianos productores de Entre Ríos, advirtió que la situación económica del sector sigue deteriorándose, a pesar de los buenos rendimientos en los principales cultivos de la provincia. “Por más que los rindes sean buenos, los números están cada vez más en rojo”, sostuvo el director del Distrito III de la FAA, Matías Martiarena, reflejando la preocupación generalizada entre los productores.

Martiarena explicó que la continuidad de las retenciones y la falta de medidas concretas para aliviar la presión fiscal ponen en jaque la rentabilidad del agro entrerriano: “De no prorrogarse y aplicar un mayor porcentaje a la baja de retenciones, los productores podrían atravesar una de las peores campañas. La soja sigue arrojando pérdidas y, en el mejor de los casos, apenas empata”, advirtió. A este escenario se suman la saturación de la logística, la escasa demanda y la consecuente caída de precios, que agravan aún más la situación.

El referente de FAA también manifestó el malestar del sector por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei y de legisladores que, según Martiarena, “con liviandad minimizan la carga impositiva que soporta el sector agropecuario”. “Al parecer nada ha cambiado con respecto a gobiernos anteriores, nos vinieron a convencer con libertad, pero siempre y cuando seamos nosotros los que paguemos la fianza”, cuestionó.

Presión fiscal y márgenes negativos

La situación de los productores entrerrianos está marcada por una presión impositiva récord y márgenes negativos en los principales cultivos. Según informes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado retiene el 65% de la renta agrícola de los productores entrerrianos, el porcentaje más alto del país. En el caso de la soja, la participación estatal llega al 68,5%, en trigo al 69,5% y en maíz al 56,6%. Además, la mayor parte de estos impuestos no se coparticipan a las provincias, lo que profundiza el reclamo del sector.

A esto se suma que, según un estudio de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la UNER, los costos de producción agrícola crecieron más del 150% en el último año, mientras que el valor en pesos de los cultivos aumentó apenas un 95%. En soja, por ejemplo, los costos subieron cerca del 150% y el precio solo un 84%, profundizando la pérdida del poder de compra del productor.

Llamado a la unidad y a políticas urgentes

Desde la FAA Distrito III reclaman que el entramado político, tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo, comprenda la asfixiante situación que atraviesa el productor agropecuario. “Las entidades gremiales del agro, sin distinción de escala o tamaño, debemos estar en sintonía para defender los reclamos del sector”, subrayó Martiarena.

“Hoy los números hablan por sí solos. Quien no quiera entenderlo, tal vez sea la historia la que lo juzgue”, concluyó el dirigente, reiterando la urgencia de políticas que alivien la presión fiscal y mejoren la competitividad para evitar una crisis aún mayor en el campo entrerriano.