“Tener hoy la provincia en condiciones saludables financieras y poder realizar inversiones realmente fuertes para atender la pandemia y la obra pública que genera empleo hace que tomemos la decisión de no prorrogar la ley de emergencia”, expresó el gobernador Gustavo Bordet este miércoles.
Al emitir un mensaje a los ciudadanos entrerrianos, Bordet también anunció la necesidad de debatir inequidades en los aportes al sistema previsional de la provincia, agradeció a las y los entrerrianos que colaboraron con las medidas de restricción para frenar la pandemia, y adelantó que se buscará vacunar a la mayor cantidad de personas para inmunizar la población y poder retomar las actividades económicas y sociales.
El mandatario explicó que el ordenamiento y los objetivos para los cuales fue creada la Ley de Emergencia Solidaria Nº 10.806, “se han logrado”, y enmarcó la decisión de no prorrogar la norma en la necesidad de continuar generando “condiciones de desarrollo y crecimiento en nuestra provincia”.
En su mensaje, Bordet recordó que en el marco de la situación generada por pandemia, y agravada por el “descalabro financiero originado en los últimos meses del gobierno nacional de Cambiemos”, se decidió “enviar a la legislatura un proyecto de ley de una emergencia económica solidaria”.
Se trataba, apuntó Bordet, de “una situación que con la pandemia se tornaba incierta y era necesario tomar medidas que permitan darle sustentabilidad a la provincia en medio de un contexto inédito e imprevisible”.
Destacó que en el proyecto, “quienes más ganaban, realizaban aportes extraordinarios, se gravó la renta financiera y donde también se gravaron sectores que tenían determinadas situaciones de privilegio frente a un momento extraordinario”.
“La Legislatura de Entre Ríos, con nuestros bloques del Frente de Todos, acompañó esas iniciativas”, valoró Bordet y dirigió sus “palabras de agradecimiento a todos los legisladores y legisladoras, tanto diputados como diputadas, senadores y senadoras, que estuvieron a la altura de las circunstancias de una emergencia como la pandemia requería en ese momento”.
Decisiones de fondo
Sin embargo, “esta ley que comenzó a regir no fue solamente la única medida que aplicamos”, resaltó y contó que “la necesitábamos para poder realizar también decisiones de fondo que le den previsibilidad a la provincia”. “Fue la tarea que nos ocupó durante todo este tiempo”, enfatizó.
En esa línea, “trabajamos fuertemente para reforzar el sistema sanitario y aplicamos recursos, sobre todo aquellos que derivaban de los fondos obtenidos por esta ley, a mejorar integralmente el sistema de salud”, indicó.
“Pero también, en paralelo, pudimos establecer renegociaciones de nuestra deuda realmente exitosas que nos permiten ahorrar en interés y capital, y sobre todo en plazos, lo cual descomprime una situación no sólo de esta gestión, sino también de las que me seguirán”, añadió el mandatario provincial.
Asimismo, Bordet puso de relieve que esos avances “sumando a otras medidas como el control del gasto público y evitar nombramientos innecesarios, ha hecho que después de un año de aplicación de esta ley, la provincia se encuentre ordenada y previsible, y financieramente muy sólida”.
Interrogantes para el futuro
“Ahora bien, también debo decir que la aplicación de esta ley nos abre varios interrogantes para el futuro de nuestra provincia”, anticipó el mandatario y auguró que “serán fruto de un debate que tenderemos en nuestra Legislatura provincial para poner condiciones de equidad, que esta ley justamente ha desnudado”.
“Muchos entendemos que no es lo mismo que se aporte igual a la Caja de Jubilaciones quien gana más de 200.000 pesos, que quien gana el sueldo mínimo en Entre Ríos, que está en 40.000 pesos. No es equitativo ese aporte y estas cosas hay que corregirlas», adelantó.
Por otra parte, resaltó que “he oído hablar mucho de la intangibilidad de las remuneraciones los magistrados y de los empleados del Poder Judicial, haciendo alusión a un enganche con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los contribuyentes entrerrianos pagan sus impuestos de manera tangible, constante y sonante, que son quienes contribuyen a sostener el sistema de Justicia”.
“También hay que decir que quienes perciben sueldos de sistemas nacionales, como de la Corte Suprema de Justicia, se jubilan por sistemas provinciales con el 82 por ciento móvil cuando lo mismo no ocurre con el sistema nacional. ¿No debería haber quizás un fondo compensador que establezca estas diferencias y ponga equidad para que quien más gana aporte más y para que quien menos gana aporte menos?”, se preguntó Bordet.
“Creo que estas son las cuestiones que tenemos que debatir también en el futuro y que nos ha dejado la pandemia, que nos ha dejado la ley de Emergencia, pero fundamentalmente que nos ha dejado una situación de equilibrio y de equidad que tiene que existir en nuestra provincia de Entre Ríos”, precisó.
Para finalizar, dirigió un agradecimiento a “los entrerrianos y entrerrianas por la comprensión de un momento tan crítico y tan difícil”. Admitió que en este contexto “hay que tomar decisiones permanentemente y muchas de estas decisiones no agradan”, pero “nuestro objetivo es poder superar esta pandemia con la menor tasa de letalidad posible”.
“Nuestro objetivo inmediato es poder vacunar a la mayor cantidad de entrerrianos y entrerrianas en el menor tiempo posible para lograr la inmunización y poder volver cuanto antes a la normalidad tan ansiada por todos y por todas”, concluyó Bordet.
Efectos de la Ley
La aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria permitió contar con 2.000 millones de pesos adicionales que fueron volcados al sistema de salud, a políticas sociales, de seguridad y al sistema previsional en el marco de la pandemia.
Sin embargo, dadas las políticas de austeridad y la mejora en la calidad del gasto público, la provincia pudo incrementar la inversión total en lo que va de la emergencia sanitaria en casi 4.000 millones.
En vísperas de la finalización del plazo establecido en la Ley provincial Nº 10.806, que se concretará el 30 de junio, el mandatario provincial decidió no hacer uso de la facultad de prorrogar sus efectos por 180 días. De esta manera, los aportes personales de los trabajadores activos y pasivos de la administración pública de mayores ingresos volverán a los porcentajes fijados por las leyes precedentes.
Pablo Aceñolaza, director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, estuvo en los estudios de Radio Diputados para referirse a la ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos con la incorporación de dos nuevas reservas a través de sendos proyectos de ley promovidos por diputados que tuvieron sanción definitiva.
Se trata de la Reserva Natural Río de los Pájaros, ubicada en Colón, y El Potrero Jardín Botánico, de Victoria. “La creación de estas áreas siempre son positivas para la naturaleza y el ambiente de la provincia y eso nos llena de alegría”, dijo el entrevistado.
“Las áreas protegidas tienen un gran abanico de categorías y no necesariamente tienen que excluir la gente para preservar la biodiversidad del lugar. Son lo que llamamos paisajes protegidos, reservas de usos múltiples y monumentos naturales”, explicó.
Respecto del jardín botánico El Potrero, dijo que tiene un gran valor histórico. Es un casco de estancia de propiedad privada que preserva la infraestructura edilicia y un bosque que está en los alrededores, que fue diseñado por el paisajista Carlos Thays.
Sobre la reserva Río de los Pájaros, dijo que es un área del municipio de Colón que está totalmente inmersa en el ambiente urbano y que forma parte de un circuito de paseo. Con su incorporación al sistema se busca valorizar este lugar.
Por otro lado, Aceñolaza destacó que se trabaja en lo que se denomina “sello verde”, que identifique a los productos que son elaborados dentro de áreas naturales protegidas, lo que significará un agregado de valor especial a la hora de la promoción. Estos productos pueden ser alimenticios, artesanales o incluso turísticos. Este sello verde llevará el nombre de «Raíz Nativa» y funcionará como una certificación de origen con trazabilidad.
La comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside la diputada María Elena Romero, se reunió este martes y avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley que habilita a las comunas a contraer crédito público, a través de una modificación a la Ley N° 10.644. De la reunión participó el secretario de Asuntos Políticos del gobierno provincial, Julián Maneiro.
La iniciativa, presentada por Romero, agrega un inciso al artículo 25 de la norma mencionada, con el objetivo de sumar entre las facultades de los consejos comunales, la de autorizar la contratación de empréstitos o crédito público, con el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de su miembros.
“Actualmente no se permite contraer empréstitos a las comunas. Al ser una especie de municipios rurales que tienen sus recursos por goteo diario de coparticipación, necesitan tener esta herramienta para comprar, por ejemplo, maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales, luminaria o todo lo que tenga que ver con la obra pública”, argumentó la autora.
“Esto lo han manifestado las comunas tanto al Ministerio de Gobierno como a la comisión de Asuntos Municipales y Comunales. Hubo consenso en esta comisión, excepto por la necesidad de hacer una mejora en la redacción y la posibilidad de establecer un límite para el empréstito, y próximamente saldría el dictamen favorable”, informó la legisladora.
Acerca de la invitación a Maneiro, indicó que obedeció a la necesidad de contar con su opinión, ya que próximamente se comenzará a proyectar una reforma integral de la Ley de Comunas y es conveniente que las modificaciones parciales que se hagan ahora sean coherentes con el resto de los cambios que se prevé realizar.
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Marcelo López, abordó este martes dos proyectos de ley. Uno de ellos, que tiene media sanción del Senado, propone la creación del Colegio Público de Productores Asesores de Seguros y de esa manera regular esta actividad. El restante, autoría de la diputada María Elena Romero, dispone la conformación del Registro Único, Público y Unificado de Agencias del Modelaje e Imagen Publicitaria.
Para el abordaje de la primera iniciativa estuvo presente Silvia Bechir, quien preside la Asociación Productores Asesores de Seguros de Entre Ríos (APASER), junto a otros representantes de la entidad. El diputado López informó que no se emitió dictamen, pero los integrantes de la comisión acordaron “hacer una revisión del texto para que los legisladores terminen de sacarse alguna duda, antes de firmarlo”.
Los invitados comentaron “cuál es la problemática que tienen en la actualidad y cómo esta iniciativa legal puede ayudar a solucionarla, en lo que tiene que ver con la venta irregular de seguros por parte de personas que no tienen la habilitación necesaria para hacerlo o agencias de brokers que no tienen domicilio en la provincia”.
“Tratamos después un proyecto que crea un registro único obligatorio de agencias de modelaje. Recibimos también invitadas que expusieron sobre la necesidad que tienen de contar con esta herramienta legal. Esta norma queda en estudio para una próxima reunión de comisión”, dijo Marcelo López. Del encuentro participó Susana Scalvinoni, asesora de imagen y protocolo, acompañada de otras representantes de este sector, quien expuso sobre la necesidad de brindar respaldo legal a quienes se dedican a esta actividad.
Durante la reunión se habló sobre la posibilidad de incorporar a esta propuesta algunas regulaciones que contenía un proyecto presentado años atrás por la diputada mandato cumplido Rosario Romero, que apuntaba a la protección de las modelos.
Finalmente, se trató un proyecto de declaración de la diputada María Elena Romero, que declara a 2025 como el “Año del Décimo Aniversario de la Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación».