Desde el 14 y hasta el 22 de junio inclusive, se dispone que la asistencia a los lugares de trabajo del ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada será con un aforo máximo del 50 por ciento, debiendo promoverse la conformación de burbujas sanitarias y su rotación.
A través de un nuevo decreto, el gobierno provincial dispone que la asistencia a sus lugares de trabajo del personal con prestación de servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, en el período comprendido entre el lunes 14 de junio de 2021 y el martes 22 de junio de 2021 inclusive, será con un aforo máximo del 50 por ciento, debiendo promoverse la conformación de burbujas sanitarias y la rotación de las mismas.
La medida, se fundamenta en la necesidad de “extremar las medidas urgentes y precautorias con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”, por lo que se “considera adecuado tomar medidas integrales de prevención en el contexto de la COVID-19, entre ellas disponer la presencialidad de las y los agentes de todas las jurisdicciones en la Administración Pública Provincial Centralizada con un aforo máximo del 50 por ciento”.
Se exceptúa al personal con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, Policía de la Provincia, Dirección General del Servicio Penitenciario, Subsecretaría de Políticas Alimentarias incluyendo al Personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia y al de los Registros Públicos dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia, conforme la organización y convocatoria de agentes que cada Ministra Secretaria de Estado o el Presidente del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia efectúen en su jurisdicción, como así también al personal declarado esencial y/o los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables.
Asimismo, se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada de 60 años o mayores y a las que posean factores de riesgo.
La dispensa concedida y la no presencialidad del personal alcanzado, se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.
También, se dispone que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberá estar disponible en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente.
En el decreto de faculta a los ministros Secretarios de Estado y al secretario General de la Gobernación, en la jurisdicción Gobernación, mediante el dictado de resoluciones, a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota y a disponer en sus ámbitos los lineamientos de trabajo a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten.
Por último, se invita a las autoridades máximas del Poder Judicial de la provincia, Poder Legislativo, a los presidentes Municipales y Comunales, a las autoridades de las empresas y sociedades del Estado y a los organismos nacionales con asiento en la ciudad de Paraná, a adoptar medidas análogas.
Resolución nacional
Dicho decreto se da en el ejercicio de las facultades otorgadas por la autoridad nacional por la cual los empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos quienes fueron dispensados, “que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.
En dicha resolución, se indica también que los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición, dispensados del deber de asistencia al trabajo “podrán ser convocados una vez transcurridos 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo”.
En ese marco, los trabajadores convocados deberán presentar “constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación”.
Además, se menciona que quienes “tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieran originar”.
El Congreso Extraordinario de AGMER, realizado en Villaguay, declaró al gremio docente en “estado de alerta y movilización” y reclamó al gobierno de Entre Ríos la urgente convocatoria a paritarias para discutir condiciones laborales e infraestructura escolar.
En un comunicado, AGMER detalló que la demanda incluye “mantenimiento y mejoras edilicias, adecuación tecnológica, provisión de insumos y materiales didácticos, titularizaciones, estabilidad en suplencias, carga horaria y políticas de formación docente que responden a los intereses de las comunidades educativas y no a los del mercado”. Además, el gremio pidió medidas para afrontar las temperaturas extremas y proteger la salud laboral del personal.
El sindicato también manifestó su rechazo a la Resolución N° 1431/25 del Consejo General de Educación (CGE), por considerar que “atenta contra la participación democrática de los trabajadores al impedir la realización de asambleas dentro de la jornada laboral”, y exigió su derogación inmediata.
Otro de los puntos tratados fue el rechazo a la creación de la OSER, señalando que “despoja a los trabajadores del control sobre su obra social”, y responsabilizó al gobierno ya la Legislatura provincial por las consecuencias que esto pueda tener sobre millas de familias entrerrianas.
AGMER también se pronunció en contra del cierre de centros educativos, advirtiendo que la medida “no sólo menoscaba el acceso a la educación, sino que, además, vulnera derechos laborales y supone pérdida de puestos de trabajo”.
El gremio exigió el pago del trabajo realizado por los equipos de Orientación Pedagógica del Plan de Alfabetización, el cumplimiento del pago del RAM y partidas para comedores escolares, y la garantía del transporte escolar para estudiantes. Finalmente, denunció el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo paritario firmado el 6 de marzo, en lo relativo al Boleto Docente y la Comisión de Nomenclador.
El cronograma de pagos para los haberes de junio a activos y pasivos de la administración pública provincial se iniciará el martes 1 y finalizará el 8 de julio. En tanto, entre el 16 y el 18 se abonará el Sueldo Anual Complementario. Así se informó desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas. El cronograma de pagos es el siguiente:
Martes 01/07/2025: Sueldos hasta $ 590.000.
Miércoles 02/07/2025: Desde $ 590.001 hasta $ 803.000.
Jueves 03/07/2025: Desde $ 803.001 hasta $ 974.000.
Viernes 04/07/2025: Desde $ 974.001 hasta $ 1.250.000.
Sábado 5/07/2025: Desde $ 1.250.001 hasta $ 1.746.000
En una reunión realizada en Santiago del Estero, los gobernadores del Norte Grande y el Litoral resolvieron presentar en el Congreso nacional un proyecto de ley para implementar una tarifa eléctrica diferencial en ambas regiones. La iniciativa busca compensar las asimetrías en el costo de la energía eléctrica que afecta a provincias con climas cálidos y muy cálidos.
El proyecto, que será presentado en los próximos días, propone subsidiar el 25% de la tarifa eléctrica durante los meses de verano, de diciembre a marzo, y establece de dónde deben salir los fondos para cubrir ese subsidio. El objetivo es reducir los precios diferenciales de la energía, la potencia y el transporte en los distritos más afectados por las altas temperaturas.
Entre las provincias que impulsan la medida se encuentran Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y algunos departamentos de Córdoba y Santa Fe. La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó en representación de la provincia.
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, explicó que la propuesta responde a un reclamo histórico de las provincias del Norte y busca garantizar mayor equidad en el acceso a la energía. El comunicado oficial de la liga de gobernadores remarca que la iniciativa no altera el equilibrio fiscal ni genera nuevos impuestos, y que los principales beneficiarios serán los usuarios residenciales, manteniendo la autonomía de las provincias.
La presentación de este proyecto se suma a otros reclamos recientes de los gobernadores, como la distribución de los recursos del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios esperan que el Congreso trate la propuesta y se abra el diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en una solución que contemple las particularidades de cada región.
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