Desde el 14 y hasta el 22 de junio inclusive, se dispone que la asistencia a los lugares de trabajo del ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada será con un aforo máximo del 50 por ciento, debiendo promoverse la conformación de burbujas sanitarias y su rotación.
A través de un nuevo decreto, el gobierno provincial dispone que la asistencia a sus lugares de trabajo del personal con prestación de servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, en el período comprendido entre el lunes 14 de junio de 2021 y el martes 22 de junio de 2021 inclusive, será con un aforo máximo del 50 por ciento, debiendo promoverse la conformación de burbujas sanitarias y la rotación de las mismas.
La medida, se fundamenta en la necesidad de “extremar las medidas urgentes y precautorias con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”, por lo que se “considera adecuado tomar medidas integrales de prevención en el contexto de la COVID-19, entre ellas disponer la presencialidad de las y los agentes de todas las jurisdicciones en la Administración Pública Provincial Centralizada con un aforo máximo del 50 por ciento”.
Se exceptúa al personal con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, Policía de la Provincia, Dirección General del Servicio Penitenciario, Subsecretaría de Políticas Alimentarias incluyendo al Personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia y al de los Registros Públicos dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia, conforme la organización y convocatoria de agentes que cada Ministra Secretaria de Estado o el Presidente del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia efectúen en su jurisdicción, como así también al personal declarado esencial y/o los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables.
Asimismo, se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada de 60 años o mayores y a las que posean factores de riesgo.
La dispensa concedida y la no presencialidad del personal alcanzado, se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.
También, se dispone que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberá estar disponible en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente.
En el decreto de faculta a los ministros Secretarios de Estado y al secretario General de la Gobernación, en la jurisdicción Gobernación, mediante el dictado de resoluciones, a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota y a disponer en sus ámbitos los lineamientos de trabajo a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten.
Por último, se invita a las autoridades máximas del Poder Judicial de la provincia, Poder Legislativo, a los presidentes Municipales y Comunales, a las autoridades de las empresas y sociedades del Estado y a los organismos nacionales con asiento en la ciudad de Paraná, a adoptar medidas análogas.
Resolución nacional
Dicho decreto se da en el ejercicio de las facultades otorgadas por la autoridad nacional por la cual los empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos quienes fueron dispensados, “que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.
En dicha resolución, se indica también que los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición, dispensados del deber de asistencia al trabajo “podrán ser convocados una vez transcurridos 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo”.
En ese marco, los trabajadores convocados deberán presentar “constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación”.
Además, se menciona que quienes “tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieran originar”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para el próximo lunes 20 de julio. La medida de fuerza afectará a las instituciones educativas de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y todo el territorio provincial. Los dirigentes del sindicato confirmaron que la decisión gremial determinará el no inicio del ciclo lectivo tras la finalización del receso escolar de invierno.
Los representantes del sindicato tomaron la determinación luego de realizar un plenario general para debatir la situación del sector. La conducción de Agmer justificó la huelga ante lo que consideraron una decisión arbitraria por parte del Gobierno provincial para dar por finalizada la negociación paritaria.
Rechazo al decreto y reclamo de recomposición salarial
La comisión directiva de la entidad gremial rechazó de forma unánime la última oferta económica del Poder Ejecutivo por considerarla insuficiente para cubrir el costo de vida actual. Asimismo, los docentes cuestionaron la decisión de la administración provincial de aplicar el incremento salarial de forma unilateral a través de un decreto administrativo, clausurando los ámbitos de negociación colectiva.
A través de un comunicado oficial, el sindicato docente exigió la apertura de instancias de diálogo reales para acordar una recomposición que mitigue el impacto de la inflación sobre los sueldos del sector. Los referentes gremiales manifestaron su rechazo a cualquier medida de ajuste sobre el presupuesto de la educación pública entrerriana y reclamaron la urgente asignación de salarios dignos para los trabajadores activos y jubilados.
De abril a la fecha, 206 establecimientos firmaron los convenios de adhesión al nuevo programa Sumar +. A partir de ello, los efectores están en condiciones de facturar prestaciones reportadas mediante la historia clínica electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud.
Tras la aprobación, en diciembre pasado, del convenio marco para la implementación del nuevo programa Sumar + mediante el decreto Nº 3.762, la Dirección de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud inició el proceso de firma de convenios de adhesión con hospitales, centros regionales de referencia y centros de atención primaria. La firma de estos convenios permite a los establecimientos informar las prestaciones del plan de servicios de salud que son financiadas por el programa.
Desde la cartera sanitaria se propuso la adhesión de 299 establecimientos y se los habilitó para incorporarse al programa. A tres meses del inicio del proceso, 206 ya se encuentran activos y cuentan con la autorización correspondiente para reportar prestaciones al programa Sumar +. Uno de los principales requisitos para hacerlo es utilizar los módulos de historia clínica electrónica (HCE) de la plataforma Salud Digital de Entre Ríos (Sader).
«Sumar + es un plan de salud del Estado nacional que busca fortalecer la atención médica gratuita para todas las personas que no tienen obra social ni prepaga, a través del financiamiento público basado en resultados, donde se transfieren recursos a hospitales y centros de atención primaria. Su objetivo es garantizar que todos tengan el mismo acceso a una salud de calidad», indicó el director de Estrategias Sanitarias, Gustavo Ramírez El referente precisó que «los fondos recibidos por los efectores se destinan exclusivamente a la compra de equipamiento médico, insumos y mejoras edilicias».
Esta herramienta de gestión tiene como antecedentes los programas Sumar y Nacer, cuya instrumentación se desarrolló a lo largo de 18 años, por lo cual se requirió reunir la documentación de cada efector para armar sus nuevos legajos y darle forma a cada uno de los compromisos de gestión.
Cabe citar que el programa establece un plan de Servicios de Salud que garantiza prestaciones gratuitas organizadas por etapas de la vida: Maternidad e Infancia (que comprende controles prenatales, atención del recién nacido, vacunas obligatorias y seguimiento del crecimiento); Adolescencia (contempla consultas clínicas periódicas, salud bucal, visual y talleres de prevención o salud reproductiva); y Adultos (incluye chequeos clínicos anuales, prevención y detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y tamizajes preventivos clave, como los de cáncer de cuello uterino, mama y colorrectal).
Los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial rechazaron la última propuesta salarial del Ejecutivo entrerriano y confirmaron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones para esta semana. La decisión impactará en la actividad de las dependencias estatales de Villa Hernandarias, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y todo el territorio provincial.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general Oscar Muntes ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles. El dirigente calificó la negociación como «muy tensa» y aseguró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo «muy lejos de la realidad» que atraviesan los empleados públicos frente a la inflación.
Muntes sostuvo que la propuesta es «imposible de aceptar» y detalló que el incremento representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior. Además, cuestionó la ausencia de un plan de recuperación salarial, señalando que desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%. «Los trabajadores no llegamos a fin de mes y tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado», graficó.
La medida de fuerza de ATE se realiza en rechazo a la oferta salarial y al proyecto de reforma jubilatoria, «en defensa del salario, del Estado y de nuestro sistema previsional», indicó el titular del gremio.
UPCN se retiró de la paritaria y define fecha de paro
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también rechazó la propuesta oficial y se retiró de la mesa paritaria, aunque aclararon que pretenden mantener abierta la negociación. La secretaria adjunta, Carina Domínguez, consideró que la oferta fue apenas una modificación de la anterior y lamentó la falta de respuestas a otros reclamos.
Domínguez señaló que el incremento propuesto no supera los 40.000 pesos en la mayoría de los salarios. Desde el gremio reclamaron que la discusión incorpore temas pendientes como asignaciones familiares, el piso salarial y la situación de sectores críticos como enfermería. Además, denunciaron errores en la liquidación del medio aguinaldo, con trabajadores que cobraron hasta 70.000 pesos menos.
En este contexto, UPCN anticipó que esta semana definirá la fecha de un «paro activo» si no existen avances en la negociación. «Queremos explicar a la sociedad qué está pasando con los salarios y las condiciones laborales», expresó la dirigente.
Pese al rechazo de ambas organizaciones, el diálogo paritario continuará. El Ejecutivo provincial, por su parte, confirmó que aplicará por decreto el incremento correspondiente al mes de julio y prevé retomar las negociaciones durante agosto.
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