La provincia vuelve a recurrir a la Justicia para que Nación salde una deuda que asciende a los 175 millones de dólares, derivados de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

En línea con las presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, las primeras en la historia de Entre Ríos, el Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

La nueva presentación del Gobierno de Entre Ríos ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es «recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande» y, al mismo tiempo, «modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales», explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ofreció una conferencia de prensa este jueves junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata. Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según indicó el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es «la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá», lo cual ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación «no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999». De este modo, el precio no genera excedentes y «si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo», agregó.

Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige «que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999».

Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda «por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares», amplió el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como «fundamental». Zapata subrayó que «se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos».