El gobernador Gustavo Bordet calificó a la situación generada por la segunda ola de la pandemia como «sumamente crítica” y adelantó que «vamos a tomar medidas de postergación de vencimientos tributarios o de exención de tributos» para los sectores afectados por las restricciones.
El mandatario provincial valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de destinar “66.500 millones de pesos para paliar la situación de los sectores que resulten afectados por la pandemia”, y sostuvo que se trata fundamentalmente de “los sectores de servicios, operadores turísticos, hoteles, gastronomía y algunas otras actividades”.
“La industria y el agro no detienen sus actividades, tampoco la construcción. Entonces se focaliza la ayuda justamente en quienes tienen este tipo de inconvenientes producidos por las medidas restrictivas», explicó.
Además resaltó que «el ATP va a volver a cubrir parte de los salarios de quienes resulten afectados y desde la provincia vamos a tomar medidas de postergación de vencimientos tributarios o de exención de tributos en el caso de que estén cerrados los locales por efecto de este tipo de pandemia». Agregó que «los municipios también siempre toman medidas similares».
Por otra parte se refirió a los controles para el cumplimiento de las medidas establecidas en el nuevo DNU y adelante que desde la provincia se trabaja “con las fuerzas de seguridad para que no haya circulación innecesaria de personas”. “También vamos a controlarlo con las intendencias, a través de los cuerpos de inspectores municipales”, puntualizó.
Sin embargo, Bordet insistió con la necesidad de que “cada uno cumpla con las normas de autocuidado y aislamiento». «Si todos cumplimos con lo que tenemos que hacer, evidentemente los contagios se reducen, y no se producen los relajamientos que luego traen aparejados picos elevados», subrayó.
Responsabilidad de gobierno
“Estamos atravesando quizás el momento más crítico desde que comenzó la pandemia”, expresó el mandatario y recordó que la segunda ola “ha pasado en todo el mundo”. “Ocurrió en los países del norte y aquí, con la llegada del otoño y el invierno que se aproxima, también tiene su correlato», describió.
En ese marco, Bordet se refirió a las nuevas restricciones que se implementaron a nivel nacional y provincial, que «nacen de la “responsabilidad de gobierno”, para “proteger la salud de la población”, y “evitar que se produzcan decesos o fatalidades porque el sistema sanitario no pueda responder».
Luego Bordet recordó que desde que comenzó la pandemia, «preparamos el sistema sanitario en todos los niveles, desde los hospitales hasta el de prevención en los centros de salud». «Esto nos permitió, además de duplicar camas de terapia intensiva e intermedia, formar nuevos médicos terapistas, trabajar en equipamiento para que cuando se llegue a una situación crítica como ésta nos encuentre bien estructurados».
No obstante «hoy nos preocupa el número de contagios y el número de ocupación de camas, y si no se toman medidas anticipadas luego tendremos que lamentar un colapso del sistema sanitario», explicó.
Medidas integrales
Por otra parte, el mandatario habló del nuevo DNU del Presidente y resaltó que «se tomó esta decisión en todo el país porque las medidas focalizadas no dan resultados”. En ese sentido “hay que tomar medidas integrales”, “en todo el país”, y “nosotros por supuesto adherimos, porque lo que pase en AMBA automáticamente va a pasar en Entre Ríos, ya que nos separa muy poca distancia».
“Entiendo la situación de cansancio que muchas personas tienen a esta altura”, reconoció Bordet, pero recordó que «el cansancio en los médicos, en las enfermeras, es mucho mayor”, ya que “están expuestos todos los días al virus”. Frente a ello “no tenemos otra alternativa que implementar estas medidas para evitar la circulación de personas porque es la única forma de disminuir los contagios”.
Tras recordar que los contagios se multiplicaron “por más de 10” en dos meses, y que la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica en “82 por ciento de ocupación”, dijo que “suenan las luces de alerta y tenemos que tomar este tipo de decisiones». Además, puntualizó: “Son nueve días”, y “va a permitir bajar los contagios, que el sistema de salud pueda estabilizarse y seguir progresiva y paulatinamente con todas las actividades».
El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.
El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma es el siguiente:
Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.
Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.
Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.
Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.
La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un fallo a favor de la educación pública
Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.
El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:
El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.
Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.
Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.
El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.
El eje del reclamo: sumas no remunerativas
El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:
FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).
Conectividad (CPC).
Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.
Impacto en jubilados y aportes patronales
La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:
Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.
Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.
Un escenario de ruptura
Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».
Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.
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