Si bien se fija un tope de 300 pesos por mes de devolución, ese monto será ajustado en base a la evolución del Indice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec que comenzará a ser difundido la próxima semana con la medición de mayo respecto a abril.

Minutos después de su aprobación, el Presidente Mauricio Macri expresó a través de un comunicado su satisfacción por la sanción del proyecto. Consideró que el aval parlamentario para esa norma «contribuirá a fortalecer» las políticas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno nacional para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

El proyecto vino de Diputados con un error que, según se acordó, será subsanado cuando sea reglamentado por el Ejecutivo.
El punto en cuestión es el artículo 10, que prohíbe la «aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en el estipulado en la Ley realizadas con tarjeta de débito».

El espíritu del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo es que a los pequeños comerciantes se les subsidien los costos del posnet y que no tengan que pagar una comisión del 1,5 por ciento del total de sus operaciones.

Pero como quedó redactado también se verían beneficiados los hipermercados.

El proyecto alcanza a 9,2 millones de argentinos, entre los que se cuentan a 3,6 millones de jubilados, 1,5 millones de pensionados, 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y 100.000 de la Asignación Universal por Embarazo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, elogió el proyecto al sostener que beneficia «a los sectores más vulnerables de la Argentina».
Dijo que se «comenzó a transitar el camino hacia un régimen impositivo más progresivo frente a un régimen regresivo».

«Frente a un gobierno nacional que muchas veces parece tener dos velocidades y que es bastante más rápido para hacer las medidas que benefician a los que más tienen y mucho más lento para tomar medidas para los que menos tienen, sin duda este proyecto es una muy buena noticia», afirmó.

El radical Luis Naidenoff elogió que a través de la devolución del IVA se vaya a combatir la informalidad económica y reconoció que «la situación económica es compleja y difícil, pero la prioridad del gobierno es la cuestión social».

Además, respondió a las críticas hechas por un sector del Frente para la Victoria y del peronismo federal sobre el costo fiscal que implicaba una parte de la Coparticipación.

«Lo que las provincias pierden por Coparticipación se gana en el mercado formal a través del Impuesto a los Ingresos Brutos», añadió.
La kirchnerista Virginia García, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; y el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá cuestionaron que una parte del dinero de la devolución del IVA salga de la Coparticipación Federal.

La santacruceña García anunció que presentará un proyecto de ley para que el «costo del programa de reintegro de IVA sea únicamente a cargo de los recursos del tesoro nacional».

Por su parte, Rodríguez Saá dijo que «no se pueden afectar a los fondos de las provincias» y le pidió a sus colegas que «no se rindan antes de tiempo».

En tanto, el rionegrino Pichetto cuestionó que se afecten «fondos provinciales» y advirtió que «eso va a ser motivo de controversia judicial».
«Ya lo resolvió así la Corte Suprema de Justicia: una ley del Congreso no puede violentar la Coparticipación Federal. Es imprescindible, para eso, tener la conformidad de los estados provinciales», anunció.