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#Ganancias: “El 76% de los entrerrianos que pagan Ganancias dejarán de hacerlo” aseguró Casaretto

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El diputado nacional Marcelo Casaretto dialogó con ‘La Tarde Informativa’ y expresó la actividad legislativa que tendrá esta semana, donde se encuentra la suba del mínimo no imponible cuyo proyecto de ley se tratará el jueves y su sanción hará que el 76% de los entrerrianos que pagan el impuesto a las ganancias dejen de hacerlo.

“Hoy son 41 mil entrerrianos los que actualmente pagan el impuesto a las ganancias, luego de la sanción de esta ley serán sólo 9 mil”, señaló Casaretto, que fiel a su estilo docente y especialista en economía, detalló los pormenores de un proyecto de Ley que no debería tener grieta, como él mismo señala, “ya que beneficia a los trabajadores y a los jubilados más allá de su ideología política”.

“Se deben gravar las ganancias de las personas que más ganan, que en el origen de la norma era alrededor del 10% de los trabajadores, o sea, el 90 estaba exento. Pero como no se actualizaron los mínimos no imponibles se fue gravando cada vez más”, indicó, y detalló que “cuando asumió Alberto Fernández había 2.200.000 personas que pagaban el impuesto a las ganancias. En enero bajamos la cantidad a 2.000.000 al aumentar el mínimo no imponible y, ahora, la idea es aumentar el mínimo no imponible a 150 mil pesos, o sea, que todo trabajador que gane menos de esa suma no pague nada de impuesto a las ganancias”.

En este sentido, Casaretto afirmó que “esto beneficiaría a 1.200.000 argentinos de los cuales 32 mil son entrerrianos. O sea, de 2.200.000 que pagaban al inicio de la gestión de Alberto Fernández ahora quedarían pagando solamente 800 mil personas”.

Ante la consulta sobre el tratamiento del proyecto de Ley en las comisiones, el legislador sostuvo que “la idea es que rápidamente se trate y se sancione en el Congreso, y se aplique para que esos fondos que hoy le retienen al trabajador le queden en su bolsillo para aumentar su capacidad de consumo”, y ejemplificó que “en el caso de los jubilados, aquel que gane hasta ocho jubilaciones mínimas no pagará impuesto a las ganancias. Hoy la jubilación mínima está en 19 mil y pico de pesos, se va actualizando trimestralmente, el primer aumento se dará en el mes de marzo”

Además, en los pormenores de la normativa que eximiría a 32 mil entrerrianos de abonar impuesto a las ganancias, el diputado del Frente de Todos por Entre Ríos dio más detalles. “Ponemos una pauta de ajuste automática para que se vayan actualizando los valores y no suceda más lo que pasaba en años anteriores que no se actualizaba el mínimo no imponible. La idea es que se actualice, anualmente en un caso, y trimestralmente, en el otro, que se vayan actualizando los valores, para que nunca sean más del 10% de los trabajadores los que paguen el impuesto a las ganancias, es decir, los que más ganan realmente, aquellos que están con más de 150 mil pesos de salario en actividad en este momento”.

En la charla que mantuvo con Julio Lallana, a través de la señal de RemansoTV.com, Casaretto advirtió que “cuando la Argentina crecía, el ingreso nacional se concentraba en pocas manos. Cuando la Argentina cae, los ingresos se concentran en pocas manos, cuando vuelve a crecer se sigue concentrando en pocas manos. Y esto es lo que ve la mayoría de los trabajadores, que siempre los ingresos se van concentrando”.

“Por eso es que promovimos una ley previsional para permitir que en esta recuperación los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y ahora promovemos esto, que los trabajadores que están negociando paritarias van a negociar sin piso y ni techo, el Gobierno nacional con esto trata que los salarios de los trabajadores, privados y públicos, tengan aumento por encima del a inflación pero, además, le vamos a bajar la carga impositiva. En definitiva, no sólo va a tener aumento por la paritaria de su sector sino que van a pagar menos impuestos”, graficó.

Casaretto se refirió a la polémica con el campo y la advertencia del presidente si los aumentos en los alimentos se siguen sosteniendo. “La economía nacional tiene dos formas de crecer: por un lado, con las exportaciones, y por el otro, con el consumo interno. Queremos que la Argentina exporte más, pero alrededor del 20% de la economía argentina está vinculado a las exportaciones, el 80% está vinculado al mercado interno”, expresó, y puntualizó: “Esta es la discusión que ustedes ven con ciertos dirigentes agropecuarios. Porque ellos dicen ‘queremos vender al exterior en dólares a cualquier precio y que los argentinos paguen los precios en función del valor de los precios internacionales y del dólar’, y eso es lo que el gobierno no quiere”.

“El gobierno dice que la única manera de crecer es aumentando los salarios y las jubilaciones que es lo que dinamizan el 80% de la economía nacional. En este caso vamos a dejar la plata en el bolsillo del trabajador y del jubilado de cada localidad, que va a poder mejorar su nivel de consumo, este es el objetivo del gobierno para todos los argentinos más allá de su ideología política”, remarcó.

En cuanto al futuro inmediato de la economía argentina fue optimista y lo argumentó: “La economía nacional se va a recuperar de la pandemia. Este año va a crecer más de un 5% y la idea es que crezca integrando la sociedad. Estos son nuestro valores, para eso nos votaron, no para hacer lo que hizo Macri, sino para hacer algo distinto, algo mejor y dar beneficio a los de abajo. Que paguen los impuestos los de arriba que tienen poder económico y aliviemos la carga para los de abajo, los que menos ganan”.

“Este proyecto debería salir en su tratamiento por unanimidad”, opinó, ya que “todos deberían votar en beneficio de los trabajadores y los jubilados, pero no lo sé, porque Macri lo dijo en su campaña que lo iba a hacer y no lo hizo en los cuatro años que estuvo. O que alguno de Juntos por el Cambio no lo vaya a votar o aproveche la oportunidad para criticar otra cosa pero, en definitiva, nosotros lo vamos a aprobar con nuestra mayoría y con los aliados que se requieran”, enfatizó.

“La Argentina el principal problema que tiene son los precios. Macri dejó una inflación del 54% anual, en 2019, la bajamos al 36%, la bajamos mucho pero no nos conforma ya que queremos bajarla más. El ministro (de Economía, Martín) Guzmán se planteó bajar 5% por año, para esta meta del año 2021 estaría entre el 29 y 30%. Pero hay sectores que están aumentando los precios por encima de lo que debieran, sobre todos aquellos vinculados a la alimentación de las familias”.

En este sentido, Casaretto se refirió específicamente al conflicto en puerta con algunos sectores productivos. “Entendemos que hay un precio internacional bueno de los commodities, que hay una alternativa de exportar, por ejemplo carne o maíz, o carne que contiene maíz”, señaló, y planteó la postura oficial: “Lo que el gobierno dice es ‘queremos exportar, pero no queremos que se den vuelta quienes tienen esos recursos y que digan que acá cualquier vecino va a pagar los precios que hay que pagar en el mercado mundial porque estamos en la Argentina’”, entonces el gobierno ha creado mesas de diálogo pero yo veo que hay sectores productivos que están defendiendo una renta extraordinaria y quieren cobrar caro los precios acá, o dar menor calidad o menos cantidad”.

“Eso no lo vamos a consentir, si los precios evolucionan como deben no va a haber problemas, ahora si se siguen resistiendo y siguen queriendo sacar ventaja de esta situación el gobierno va a tomar medidas como lo indicó el presidente”, concluyó.

En la agenda legislativa de esta semana, entre los temas importantes para tratar, además de la suba del mínimo no imponible, están la deuda pública, leyes vinculadas a promover la construcción, el fortalecimiento de los fondos para ciencia y técnica y una reparación para los familiares del ARA San Juan. Sobre este tema se expresó, también, Marcelo Casaretto: “El Estado asume que hay una negligencia de los funcionarios del Estado y ofrece una compensación, que sería un monto de alrededor de 6 millones de pesos para los familiares de cada uno de los 44 que fallecieron en esa tragedia”.

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#BancoNación: Anuncian el cierre de 60 sucursales en todo el país: buscan ahorrar más de$1.000 millones

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El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, en el marco de un proceso de reordenamiento y ajuste impulsado por el gobierno nacional. La medida, que forma parte del Plan Estratégico 2024-2027, apunta a reducir costos y optimizar la estructura de la entidad, con un ahorro estimado superior a los$1.000 millones anuales.

Según informó el banco, la cantidad de sucursales pasó de 769 a 709, y el ahorro mensual ya alcanza los$139 millones, cifra que se proyecta a$836 millones para lo que resta del año. Además, se está transformando el modelo de atención de 45 centros PyME, que ahora visitarán a los clientes en vez de recibirlos en sucursales, generando un ahorro adicional de$30 millones mensuales en alquileres.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, explicó que la readecuación también incluye la reducción de Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29, buscando una distribución más equitativa y eficiente de los recursos. La entidad remarcó que estas buscan “mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero, enfrentando los desafíos de la competencia y medidas mejorando la eficiencia y transparencia”.

¿Cuáles son las sucursales afectadas?

Si bien el Banco Nación no publicó oficialmente la lista completa de las 60 sucursales que cerrarán, tras ascendido que la provincia de La Pampa fue una de las primeras afectadas, con el cierre de nueve sucursales en Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. Esta decisión se tomó en respuesta a la suba de la alícuota de Ingresos Brutos en esa provincia.

El resto de los cierres se distribuye en distintas provincias, aunque hasta el momento no se difundió el listado completo. El banco indicó que la selección de sucursales responde a criterios de eficiencia, costos y presencia estratégica, y que se priorizará la atención digital y la visita a clientes en zonas donde se cierran puntos físicos.

Contexto y repercusiones

La medida se enmarca en la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el gobierno nacional, y busca llevar la cantidad de puntos de atención del Banco Nación a los niveles de 2015. Desde la entidad aseguran que la transformación permitirá “seguir reduciendo gastos” y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios, que cada vez utilizan más los canales digitales.

El cierre de sucursales generó preocupación en varias localidades, especialmente en zonas rurales y del interior, donde el banco cumple un rol clave en la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios.

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#RecursosCoparticipables: Gobernadores impulsan una ley para redistribuir impuestos y fortalecer el federalismo

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En una reunión realizada este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias argentinas acordaron impulsar un proyecto de ley conjunto para redistribuir impuestos y mejorar la asignación de fondos nacionales. El encuentro contó con la presencia de mandatarios de diferentes espacios políticos, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), así como representantes de otras 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El principal objetivo de la iniciativa es eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), permitiendo que esos recursos sean destinados según las prioridades de cada jurisdicción. Además, los gobernadores solicitaron que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548.

En el comunicado difundido tras la reunión, los mandatarios provinciales aseguraron que la sanción de esta ley “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y, complementariamente, generará más federalismo”. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: «Hoy todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordamos la presentación de un proyecto de ley para coparticipar directamente recursos que nos pertenecen, sin afectar las finanzas nacionales. Son fondos imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones».

La reunión se dio en un contexto de baja recaudación y reclamos de las provincias por la caída de las transferencias automáticas y discrecionales desde Nación. Según datos citados por Infobae, la recaudación nacional cayó un 18% interanual en mayo, afectando especialmente a los impuestos coparticipables, lo que motivó a los gobernadores a buscar alternativas para garantizar los recursos necesarios para sus gestiones.

Durante el encuentro, el Gobierno nacional presentó una contrapropuesta a los pedidos originales de fondos, aunque las negociaciones continuarán en mesas de trabajo. La discusión se da en la antesala de la primera reunión formal del Consejo de Mayo, donde las provincias estarán representadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La iniciativa de los gobernadores busca fortalecer el federalismo y garantizar una distribución más equitativa de los recursos, en un contexto de crisis económica que afecta tanto a la Nación como a las provincias.

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#Hidrovía: Entre Ríos propone una profundidad de 34 pies para los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo en la futura licitación de la Hidrovía

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El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este martes en la ciudad de Rosario de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Hidrovía, donde propuso una profundidad de 34 pies para el tramo que comprende los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, zonas donde se ubican los principales puertos entrerrianos.

“La Hidrovía, especialmente en el tramo inferior del Paraná, debe contar con doble acceso y circulación a través del canal Martín García, el Paraná Bravo y el Paraná Guazú hasta la bifurcación, y desde allí continuar”, afirmó Rodríguez Signes, quien también subrayó la necesidad de “una profundidad homogénea en todo el sistema de navegación”.

Durante su exposición, el funcionario indicó que la provincia trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral para sortear las limitaciones técnicas del sistema Bravo-Guazú-Talavera. “Somos conscientes de las limitaciones que presenta el sistema (…) y por eso estamos trabajando con especialistas de gran experiencia en la materia”, explicó.

Asimismo, el fiscal de Estado remarcó el interés de la provincia en acompañar el proceso en todas sus fases, incluyendo la evaluación de esquemas de financiamiento. “Estamos analizando cómo la actividad de nuestros puertos contribuye al sostenimiento del sistema”, precisó.

Rodríguez Signes también destacó que los aspectos ambientales serán abordados en coordinación con el resto de las provincias del Litoral. “Todas las provincias (…) han puesto a disposición sus capacidades de coordinación para abordar de manera conjunta estos temas complejos”, dijo, y adelantó que se trabaja en un mecanismo de acuerdos para que las cuestiones ambientales no representen un freno para la licitación.

Visión de las organizaciones ambientales

Distintas organizaciones ambientales de Entre Ríos han manifestado reparos frente al dragado de los ríos en el marco de la Hidrovía. Entre ellas, el Foro Ecologista de Paraná y la Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista, advierten sobre los impactos acumulativos de las obras de profundización y rectificación del cauce.

Según estas entidades, el dragado permanente del río Paraná en zonas sensibles puede provocar alteraciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, erosión de márgenes e impacto sobre humedales. También sostienen que los estudios de impacto ambiental deben ser previos, exhaustivos y contar con participación ciudadana efectiva.

Además, cuestionan que no siempre se respeta el enfoque de cuenca ni los principios de precaución y equidad intergeneracional consagrados por la legislación ambiental vigente. En este sentido, piden que cualquier intervención en el río se someta a procesos de evaluación ambiental estratégica y consulta pública con enfoque regional.

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