Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados pretende eximir del pago de tributos inmobiliarios y de ingresos brutos a productores y ciudadanos en general afectados por las graves crecidas de los ríos Uruguay y Paraná.El diputado Esteban Vitor (Cambiemos) propuso eximir del pago del impuesto inmobiliario de este año a los propietarios de inmuebles urbanos, rurales y subrurales afectados por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, que comenzó en diciembre del 2015 y que aún está presente en las costas de la provincia. El proyecto, que ingresó en la sesión de este martes, también incluye al pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

«La medida de prórroga de vencimientos de los impuestos como el inmobiliario y el de ingresos brutos, luce insuficiente como herramienta para hacer frente a la grave situación que atraviesan quienes han sido perjudicados por el agua», se justifica. Algunas ciudades entrerrianas, por ejemplo Concordia, aprobaron ordenanzas locales que eximen de impuestos municipales a afectados por las inundaciones. El proyecto de Cambiemos pretende extenderlo a nivel provincial.

A su vez, se estipula que el Ejecutivo determine en un plazo no mayor a treinta días las condiciones de acceso a las exenciones, «que podrán ser totales o parciales, según la afectación patrimonial y/o de actividad económica que se acredite ante el organismo de aplicación», indica el texto del proyecto de ley.

Fundamentos
En los fundamentos de la iniciativa, que cuenta con el respaldo del bloque de Cambiemos, se remarca que «las inclemencias climáticas provocaron serios daños sanitarios, personales y materiales en todos los segmentos de la provincia y un grave perjuicio a las actividades económico–productivas de las zonas afectadas».

Vitor, que es dirigente de la Sociedad Rural, advierte que “numerosos comercios han padecido pérdidas de mercaderías y daños en la infraestructura, mientras que en el sector ganadero los perjuicios ocasionados se ven potenciados por la intensificación de la utilización de islas y zonas bajas para la actividad ganadera, situación que comprende y afecta a un número importante de productores”.

A su vez, se agrega que productores apícolas, frutícolas y hortícolas «también están imposibilitados de utilizar los inmuebles y se ven obligados a la realización de ventas forzadas», sumado a «el mayor costo de alimentos, los altos gastos de traslado, arrendamiento».