Congreso Nacional. Representantes del Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (Cosspra) participaron ayer de una reunión con integrantes de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, para reclamar que el Estado nacional limite los incesantes incrementos de precios que establece la industria farmacéutica y garantice la provisión de los recursos económicos destinados a cubrir tratamientos de alto costo. “Queremos que de una vez por todas desterrar el colonialismo empresarial en medicamentos” afirmó el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete.

Cañete explicó que el encuentro fue convocado por la presidenta de las comisión de Salud de la Cámara Baja Nacional, Carolina Gaillard (FpV, Entre Ríos), y su par de Comercio, Viviana Mazzure, y destacó que tuvo por objetivo elaborar una estrategia para tener el control en los precios de los medicamentos como un bien social.

Cañete afirmó que “preocupa en demasía el impacto que tiene en las obras sociales el aumento del valor de los medicamentos registrado en este último tiempo, por lo que desde la comisión se pretende trabajar en forma conjunta con las diferentes organizaciones para evaluar cómo establecer un criterio para fijar un control sobre el precio de estos productos”.

La Cosspra, que integra Iosper, participó del encuentro porque representa a 23 provincias, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), y brinda servicios a 7.200.000 de argentinos, es decir, el 16 por ciento de la población nacional. “Las obras sociales provinciales, que son las más pobres en el sistema de seguridad social porque sus recursos provienen de la escala salarial de los trabajadores públicos, sufrimos el impacto directo de los precios de medicamentos”, dijo Cañete.

El precio de los medicamentos impacta -primordialmente- a las obras sociales de Argentina desde el punto de vista financiero. “El hecho de brindar cobertura a tratamientos de alto costo hace peligrar prestaciones de otras características para el resto de los afiliados”.

Cañete explicó que cada obra social provincial tiene aportes y contribuciones distintas, pero aclaró que la que menor recursos tiene es Iosper. “La suma del aporte-contribución en Entre Ríos representa el 7,5 por ciento de los haberes; la más alta es Salta, donde el porcentaje es del 12 por ciento, y en promedio, en las 24 jurisdicciones, es del 9,8 por ciento,  porcentaje muy inferiores a los de la obras sociales sindicales”.

Precios por el ascensor

El funcionario precisó que además, se analizaron los aumentos promedios  de los medicamentos para cada patología de Alto costo y Baja incidencia. “No incluimos los medicamentos ambulatorios ya que es una estrategia de la industria mantener sin incrementos a aquellos de bajo costo o de poca venta”.

Así se analizaron los dos bimestres de 2016, y hasta el 25 de abril de 2017. “El 27 de abril se recibieron seis nuevas listas de precios de medicamentos de laboratorios, con productos que fueron objeto del estudio”.

Cañete precisó que en los últimos 16 meses (desde enero de 2016 hasta abril de 2017), los medicamentos oncológicos,  para artritis reumatoidea y trasplantes, aumentaron el 43 por ciento, mientras aquellos para esclerosis múltiple, hemofilia y hepatitis crónica, se incrementaron un 50 por ciento. “Esos aumentos son capaces de hundir a cualquier obra social”.

El dirigente se refirió al aumento de la aparición de nuevas drogas en el mercado, desde el año pasado hasta ahora, en particular, para el tratamiento y cura de la hepatitis crónica, la inmuno oncología, el desarrollo el tratamiento  de enfermedades raras y huérfanas  que, hasta el momento, no tienen un procedimiento adecuado. “Con mucha preocupación mencionamos la multiplicidad de utilidades terapéuticas  para el uso de productos biológicos”, pero además “como muchos de esos productos biológicos son importados, y su valor está asociado al dólar, estamos en serios problemas”.

Cañete afirmó que la creciente judicialización de la medicina “nos obliga a cubrir por amparos nuevos tratamientos de alto costo con medicamentos que no han sido previamente evaluados, y no sabemos si se justifica su utilización respecto a drogas similares de menor costo”.

Esto ocurre porque la mayor parte de los tratamientos de alto costo tienen la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sin una evaluación previa de tecnología sanitaria. “Esta inaceptable situación se da porque sigue en vigencia el articulo cuatro del decreto 150/92, firmado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, que establece que la Anmat debe aprobar automáticamente la comercialización de todos los medicamentos aprobados por países del primer mundo (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Israel y Canadá. Esto es, lisa y llanamente, colonialismo científico”.

Reclamo al Estado nacional

Cañete afirmó que “es necesario que el Estado nacional intervenga  para regular adecuadamente qué medicamentos nuevos deben incorporarse, poner un límite a los incesantes incrementos de precios que establece la industria farmacéutica y garantizar la provisión de los recursos económicos destinados a cubrir estas patologías”.

“Las obras sociales provinciales necesitan tener un financiamiento externo que debe provenir del Estado nacional, para brindar cobertura a estas enfermedades. Por ello, es imprescindible contar con un seguro nacional para las enfermedades de alto costo”.

Mas demandas

Cañete detalló que en la reunión también se reclamó la creación a corto plazo de la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud (Agnet), ya que si eso no se concreta, “se estará poniendo en riesgo el sistema solidario,  porque los avances tecnológicos, el alto costo de la industria del medicamento, y los lobbys de los sectores empresariales, a quienes  no les interesa la evaluación del costo beneficio, permitirían que entre pocos afiliados se lleven el 20 por ciento mensual del presupuesto de todos los demás”, fustigó.

Expositores

Cañete fue expositor en la reunión, junto al doctor Fernando Avellaneda, presidente de la obra social de Tucumán.