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Ley de Marina Mercante: los gremios la apoyan pero temen por las paritarias

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Las organizaciones sindicales marítimas y portuarias coincidieron hoy de forma mayoritaria en señalar que «la posible sanción de la Ley de Marina Mercante puede afectar las negociaciones paritarias» sectoriales y aseguraron que existe «una marcada expectativa gremial», aunque realzaron que la nueva norma que regirá la actividad es «muy importante».

Los dirigentes de varias organizaciones del sector señalaron que existe «una marcada expectativa gremial» ante la posibilidad de que esa ley sea aprobada en breve, luego de la convocatoria realizada por la Comisión de Intereses Marí­timos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, que decidió su tratamiento tentativo en plenario de comisiones el 23 de este mes.

En ese análisis plenario de comisiones participarán los representantes de las de Intereses Marítimos, Presupuesto e Industria para su revisión conjunta, dictamen y giro al recinto. «Es muy importante su sanción porque ofrecerá un esquema previsible a futuro para tener una flota y una industria naval», aseguró el titular del Centro de Patrones, Julio González Insfrán.

Los voceros gremiales señalaron que la norma también es «fogoneada» desde el Ministerio de Transporte que comanda el ministro Guillermo Dietrich, porque introducirá regulaciones competitivas y contribuirá a reducir los costos laborales, un tema que es prioritario y desvela el esquema del gobierno nacional. Muchos de los contratos de los actuales buques de cabotaje -que ya deberían haber sido firmados- no fueron rubricados aún con los empresarios porque existe «la expectativa» de que ello precisamente baje los costos y produzca despidos masivos, lo que generaría «una gran incertidumbre entre los trabajadores». «Un ejemplo es el costo fijo por barco parado, que asciende a unos 18.000 dólares diarios», confiaron a Télam varios sindicalistas.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuyo mandante es la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), suele ahondar de forma recurrente en «los problemas de abastecimiento y la crisis energética heredada de los gobiernos kirchneristas», en tanto los gremialistas del Centro de Patrones que responden a Insfrán adelantaron que en «los buques hay 500 puestos de trabajo que se perderán en septiembre próximo porque están atados a contratos que no se firman con 10 barcos». «A ello se suma que aún no se convocó a paritarias. Los empresarios no negociarán un aumento salarial para luego producir despidos.

Como telón de fondo está el tema electoral y el impacto que puede generar un grave conflicto», afirmaron las fuentes, que subrayaron también que desde la cartera de Transporte se considera que con la norma aprobada podrían surgir «jugadores nuevos» que desembarquen en el país, permitiendo que sea «más competitivo y determinando nuevas reglas de juego».

Sin embargo, la sanción de la ley no es fácil a partir del inicio de la campaña electoral y la participación de gran cantidad de legisladores, quienes señalaron a los sindicalistas -según afirmaron a Télam las fuentes gremiales- que recomendaron al gobierno extender un año los contratos y, mientras tanto, analizar qué norma se aprueba para aplicar «esas polí­ticas competitivas».

El proyecto ya fue aprobado de forma unánime por el Senado en noviembre último, y se nutrió de las iniciativas de los senadores Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Alfredo Luenzo (Somos Todos). Los diputados acordaron la convocatoria a sus asesores para revisar los varios proyectos presentados y unificar criterios.

La ley adolece aún del compromiso empresario, ya que la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) presentó un escrito en el que  reclama que para que la ley sea viable en el actual contexto debe contemplar tres puntos estratégicos.

La capacidad de charteo o benéficos para los armadores argentinos se debe llegar al 200% de carga para quienes hayan construido buques en el país, generando empleo e inversiones frente a los capitales especulativos internacionales. También la FENA reclama modificar la escala de la Hipoteca Naval que está hoy en un séptimo lugar y pasar a un tercer lugar en el ranking de confianza para el recupero.

El punto más delicado que tendría un avalan gremial es la puesta en vigencia de Convenios  colectivos internacionales para tener competitividad laboral, avalados por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), la cual hoy integran los sindicatos argentinos en su totalidad.

Fuente mundogremial.com

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#Ajuste: El Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos

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El Gobierno nacional resolvió restituir la normativa vigente en distintos organismos luego del rechazo del Congreso a cinco decretos delegados que habían impulsado modificaciones profundas en entes públicos y en materia laboral.

A través de los DNU 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , así como las reformas planteadas para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) , entre otros. También se retrotrajo la medida que restringía el derecho a huelga en la Marina Mercante y la desregulación del cabotaje marítimo.

Entre los puntos alcanzados se encuentran:

  • La vuelta atrás con el decreto que transformaba al INTI y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en dependencias de otros ministerios.
  • La suspensión de la disolución de la Vialidad Nacional y organismos de control vial.
  • La restitución del carácter descentralizado del BNDG , que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación.
  • La anulación de la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
  • El freno a la desregulación del cabotaje que habilitaba la operación de buques y tripulaciones extranjeras.

Según justificó el Ejecutivo, la medida busca “no comprometer la continuidad operativa de la administración pública nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”

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#CongresoNacional: La oposición marca la agenda, no se pueden modificar INTA, Vialidad entre otros

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La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación le infligió una dura derrota política al gobierno de Javier Milei en una sesión especial cargada de tensión. Con una amplia mayoría, lograron aprobar la declaración de emergencia pediátrica por el ajuste presupuestario al Hospital Garrahan.

Durante la sesión, los bloques opositores, incluyendo el peronismo, radicales, el bloque de Miguel Pichetto y otros bloques provinciales, se unieron para votar a favor de la medida con 159 votos contra 65. Además, la oposición también emplazó a las comisiones para discutir proyectos clave para las provincias, como los de ATN e Impuesto a los Combustibles, que ya contaban con media sanción del Senado.

Vetos Presidenciales: Un revés para el Gobierno

En un movimiento significativo, cerca de la medianoche, se rechazaron decretos que le otorgaban facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases. Los diputados tumbaron modificaciones a organismos clave, demostrando la debilidad del oficialismo en el Congreso para sostener sus medidas.

La oposición logró rechazar los cambios en los siguientes organismos:

  • INTI e INTA: Se defendió el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con 141 votos.
  • Organismos de Cultura: Con 134 votos, se frenaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo.
  • Banco Nacional de Datos Genéticos: Este organismo, crucial para la búsqueda de personas desaparecidas, fue defendido con 133 votos.
  • Marina Mercante y Vialidad Nacional: Los cambios propuestos para estos organismos también fueron rechazados con 118 y 138 votos, respectivamente.

El resultado de la sesión evidencia la falta de una mayoría consolidada por parte del oficialismo en el Congreso, dejando al descubierto su dificultad para avanzar con su agenda legislativa y sostener los decretos presidenciales.

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#BancoNación: Anuncian el cierre de 60 sucursales en todo el país: buscan ahorrar más de$1.000 millones

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El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, en el marco de un proceso de reordenamiento y ajuste impulsado por el gobierno nacional. La medida, que forma parte del Plan Estratégico 2024-2027, apunta a reducir costos y optimizar la estructura de la entidad, con un ahorro estimado superior a los$1.000 millones anuales.

Según informó el banco, la cantidad de sucursales pasó de 769 a 709, y el ahorro mensual ya alcanza los$139 millones, cifra que se proyecta a$836 millones para lo que resta del año. Además, se está transformando el modelo de atención de 45 centros PyME, que ahora visitarán a los clientes en vez de recibirlos en sucursales, generando un ahorro adicional de$30 millones mensuales en alquileres.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, explicó que la readecuación también incluye la reducción de Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29, buscando una distribución más equitativa y eficiente de los recursos. La entidad remarcó que estas buscan “mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero, enfrentando los desafíos de la competencia y medidas mejorando la eficiencia y transparencia”.

¿Cuáles son las sucursales afectadas?

Si bien el Banco Nación no publicó oficialmente la lista completa de las 60 sucursales que cerrarán, tras ascendido que la provincia de La Pampa fue una de las primeras afectadas, con el cierre de nueve sucursales en Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. Esta decisión se tomó en respuesta a la suba de la alícuota de Ingresos Brutos en esa provincia.

El resto de los cierres se distribuye en distintas provincias, aunque hasta el momento no se difundió el listado completo. El banco indicó que la selección de sucursales responde a criterios de eficiencia, costos y presencia estratégica, y que se priorizará la atención digital y la visita a clientes en zonas donde se cierran puntos físicos.

Contexto y repercusiones

La medida se enmarca en la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el gobierno nacional, y busca llevar la cantidad de puntos de atención del Banco Nación a los niveles de 2015. Desde la entidad aseguran que la transformación permitirá “seguir reduciendo gastos” y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios, que cada vez utilizan más los canales digitales.

El cierre de sucursales generó preocupación en varias localidades, especialmente en zonas rurales y del interior, donde el banco cumple un rol clave en la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios.

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