Las organizaciones sindicales marítimas y portuarias coincidieron hoy de forma mayoritaria en señalar que «la posible sanción de la Ley de Marina Mercante puede afectar las negociaciones paritarias» sectoriales y aseguraron que existe «una marcada expectativa gremial», aunque realzaron que la nueva norma que regirá la actividad es «muy importante».
Los dirigentes de varias organizaciones del sector señalaron que existe «una marcada expectativa gremial» ante la posibilidad de que esa ley sea aprobada en breve, luego de la convocatoria realizada por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, que decidió su tratamiento tentativo en plenario de comisiones el 23 de este mes.
En ese análisis plenario de comisiones participarán los representantes de las de Intereses Marítimos, Presupuesto e Industria para su revisión conjunta, dictamen y giro al recinto. «Es muy importante su sanción porque ofrecerá un esquema previsible a futuro para tener una flota y una industria naval», aseguró el titular del Centro de Patrones, Julio González Insfrán.
Los voceros gremiales señalaron que la norma también es «fogoneada» desde el Ministerio de Transporte que comanda el ministro Guillermo Dietrich, porque introducirá regulaciones competitivas y contribuirá a reducir los costos laborales, un tema que es prioritario y desvela el esquema del gobierno nacional. Muchos de los contratos de los actuales buques de cabotaje -que ya deberían haber sido firmados- no fueron rubricados aún con los empresarios porque existe «la expectativa» de que ello precisamente baje los costos y produzca despidos masivos, lo que generaría «una gran incertidumbre entre los trabajadores». «Un ejemplo es el costo fijo por barco parado, que asciende a unos 18.000 dólares diarios», confiaron a Télam varios sindicalistas.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuyo mandante es la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), suele ahondar de forma recurrente en «los problemas de abastecimiento y la crisis energética heredada de los gobiernos kirchneristas», en tanto los gremialistas del Centro de Patrones que responden a Insfrán adelantaron que en «los buques hay 500 puestos de trabajo que se perderán en septiembre próximo porque están atados a contratos que no se firman con 10 barcos». «A ello se suma que aún no se convocó a paritarias. Los empresarios no negociarán un aumento salarial para luego producir despidos.
Como telón de fondo está el tema electoral y el impacto que puede generar un grave conflicto», afirmaron las fuentes, que subrayaron también que desde la cartera de Transporte se considera que con la norma aprobada podrían surgir «jugadores nuevos» que desembarquen en el país, permitiendo que sea «más competitivo y determinando nuevas reglas de juego».
Sin embargo, la sanción de la ley no es fácil a partir del inicio de la campaña electoral y la participación de gran cantidad de legisladores, quienes señalaron a los sindicalistas -según afirmaron a Télam las fuentes gremiales- que recomendaron al gobierno extender un año los contratos y, mientras tanto, analizar qué norma se aprueba para aplicar «esas políticas competitivas».
El proyecto ya fue aprobado de forma unánime por el Senado en noviembre último, y se nutrió de las iniciativas de los senadores Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Alfredo Luenzo (Somos Todos). Los diputados acordaron la convocatoria a sus asesores para revisar los varios proyectos presentados y unificar criterios.
La ley adolece aún del compromiso empresario, ya que la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) presentó un escrito en el que reclama que para que la ley sea viable en el actual contexto debe contemplar tres puntos estratégicos.
La capacidad de charteo o benéficos para los armadores argentinos se debe llegar al 200% de carga para quienes hayan construido buques en el país, generando empleo e inversiones frente a los capitales especulativos internacionales. También la FENA reclama modificar la escala de la Hipoteca Naval que está hoy en un séptimo lugar y pasar a un tercer lugar en el ranking de confianza para el recupero.
El punto más delicado que tendría un avalan gremial es la puesta en vigencia de Convenios colectivos internacionales para tener competitividad laboral, avalados por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), la cual hoy integran los sindicatos argentinos en su totalidad.
Fuente mundogremial.com
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