La comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside la diputada María Elena Romero, se reunió este martes y avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley que habilita a las comunas a contraer crédito público, a través de una modificación a la Ley N° 10.644. De la reunión participó el secretario de Asuntos Políticos del gobierno provincial, Julián Maneiro.

La iniciativa, presentada por Romero, agrega un inciso al artículo 25 de la norma mencionada, con el objetivo de sumar entre las facultades de los consejos comunales, la de autorizar la contratación de empréstitos o crédito público, con el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de su miembros.

“Actualmente no se permite contraer empréstitos a las comunas. Al ser una especie de municipios rurales que tienen sus recursos por goteo diario de coparticipación, necesitan tener esta herramienta para comprar, por ejemplo, maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales, luminaria o todo lo que tenga que ver con la obra pública”, argumentó la autora.

“Esto lo han manifestado las comunas tanto al Ministerio de Gobierno como a la comisión de Asuntos Municipales y Comunales. Hubo consenso en esta comisión, excepto por la necesidad de hacer una mejora en la redacción y la posibilidad de establecer un límite para el empréstito, y próximamente saldría el dictamen favorable”, informó la legisladora.

Acerca de la invitación a Maneiro, indicó que obedeció a la necesidad de contar con su opinión, ya que próximamente se comenzará a proyectar una reforma integral de la Ley de Comunas y es conveniente que las modificaciones parciales que se hagan ahora sean coherentes con el resto de los cambios que se prevé realizar.

Este martes por la mañana, la comisión de Desarrollo Social, cuya titular es Carolina Sreitenberger, trató por primera vez el proyecto que presentó la diputada Mariana Bentos que propone adherir a la ley nacional N° 27.710. Esta norma establece, como política pública la eliminación de las barreras comunicacionales para impulsar la inclusión e igualdad de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas.

A la vez, a nivel provincial, la iniciativa prevé instaurar la capacitación obligatoria, periódica y permanente en Lengua de Señas Argentina para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La diputada Susana Pérez también había hecho lo propio, presentando el proyecto de adhesión, por lo que ambos textos podrían unificarse en una sola norma.

Bentos expresó que la iniciativa “surge de un intercambio con personas que están trabajando con la comunidad sorda e hipoacúsica, particularmente con un equipo de Villaguay; docentes que conocen las barreras que sus alumnos tienen que atravesar, principalmente comunicacionales”.

“Por eso este proyecto busca capacitar a los tres poderes del Estado. Para poder ser verdaderamente inclusivos tenemos que capacitarnos, romper esas barreras con la persona sorda”, sentenció la legisladora.

Fueron invitados especialmente a la reunión Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), que sería según el proyecto el órgano de aplicación de esta ley,  y quien ya había realizado aportes a la norma en el momento de su redacción; y la especialista en Lengua de Señas Argentina y miembro del equipo la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Jazmín Vieytes, para esclarecer algunos puntos en relación a otro proyecto presentado, del diputado Jorge Maier,  que establece la creación de un servicio itinerante de interpretación de lengua de señas.

Por otra parte, en esta misma reunión se analizó el proyecto de la diputada Noelia Taborda, que establece una sustitución terminológica en la ley N° 5.729, correspondiente al Régimen de Asignaciones Familiares para Empleados Públicos Provinciales, de toda mención a las expresiones «hijo incapacitado» o «hijo con capacidades diferentes», reemplazándolas por «hijo con discapacidad». El mismo obtuvo dictamen favorable al final del encuentro.