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#Salud: El gobierno sostiene la cobertura de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia

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El Ministerio de Salud de Entre Ríos tiene a su cargo la cobertura de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (Pacbi). Se trata de medicamentos, cirugías, estudios, equipamientos, insumos de biotecnología médica, entre otros, que son de uso menos frecuente y de altísimo costo.

La directora general de Prestaciones, María Eva Famín, indicó: «Para aquellas personas que tengan un diagnóstico poco frecuente y que requieran prestaciones de alto costo, es importante saber que la provisión se ha mantenido como en años anteriores; en la provincia no ha habido merma ni suspensión de ningún tipo, pero hemos tenido que asumir costos ante modificaciones de Nación».

En este marco, explicó que el Gobierno Nacional se ha demorado en la designación de determinados funcionarios al frente de las áreas intervinientes, «lo que ha provocado un atraso en muchos procesos que vinculan a la provincia con la Nación en distintas cuestiones de financiamiento, no solamente de medicación o de tratamientos, sino inclusive respecto a la continuidad de programas».

En esta línea, puso de relieve que las prestaciones se sostienen porque el Ministerio de Salud provincial siempre se ocupó de asegurar y garantizar el acceso a estos tratamientos para todas las personas que lo necesiten, lo cual conlleva un gran esfuerzo económico. «Se trata de casos específicos de enfermedades poco frecuentes, con tratamientos costosísimos. Por ejemplo, hay medicamentos que es necesario importar y requieren autorizaciones donde debe intervenir la Anmat», completó Famín.

Precisiones y datos de coberturas

En principio, desde la Dirección General de Prestaciones se reseñó que la cobertura de las Pacbi comprende a dos sectores: los pacientes ministeriales (son aquellos que no poseen cobertura social ni están afiliados al Programa Incluir Salud), y a los titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas, que se encuentran afiliados a Incluir Salud.

En el primer caso, cada mes se reciben por correo electrónico todas las indicaciones efectuadas por médicos especialistas de la red pública sanitaria provincial (junto a la documentación respaldatoria correspondiente) y se procede a formular un padrón de alto costo. Una vez confeccionado, se giran los fondos a los hospitales de referencia para que realicen las compras autorizadas. Finalmente, se efectúa la rendición de fondos a la cartera.

En este marco, en lo que va de 2024 ya se han realizado desembolsos por 1.607 millones de pesos. En promedio se han cubierto 123 prestaciones cada mes, con lo cual en el transcurso del año se han financiado más de 600 tratamientos farmacológicos de Alto Costo para un promedio mensual de 115 pacientes entrerrianos.

Por su parte, en lo que respecta a afiliados de Incluir Salud, desde el tesoro provincial ya se han girado más de 1.300 millones de pesos en 2024. Para estos casos, en promedio son financiadas 133 prestaciones cada mes; mientras que el promedio de beneficiarios alcanzados asciende a 121.

En tanto, para los pacientes hemofílicos o con diagnóstico de enfermedades poco frecuentes del mismo programa Incluir Salud, debido a sus complejidades y particularidades de sus tratamientos, las drogas son provistas directamente por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a partir de la tramitación que se realiza en la Unidad de Gestión Provincial en coordinación con el hospital de referencia de cada beneficiario. En este sentido, cabe señalar que la provincia gestiona los tratamientos de alto costo de 18 pacientes con diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, mientras que son 19 los que reciben tratamiento por hemofilia.

Si bien los tratamientos son enviados directamente desde la Andis a los hospitales tratantes, se estima que en lo que va del año, los valores de tratamientos correspondientes a la cobertura de Enfermedades Poco frecuentes (EPOF) ascendería a aproximadamente 4.771 millones de pesos (ya que se trata de insumos que deben costearse en dólares); a lo que se suman más de 23 millones de pesos para sostener los tratamientos de pacientes hemofílicos.

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#EntreRíos: Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

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El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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#AMET Entre Ríos se suma al reclamo judicial para recuperar fondos de escuelas técnicas

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos oficializó su adhesión como «amicus curiae» en una demanda colectiva que busca declarar inconstitucional el desfinanciamiento de la educación técnica en el país. La medida judicial apunta contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual eliminó los recursos destinados a escuelas agrotécnicas, formación profesional e institutos superiores técnicos.

La firma de esta adhesión se realizó en la sede gremial con la presencia del secretario general, Andrés Besel, y el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón. El objetivo de la entidad es aportar argumentos técnicos y gremiales al proceso que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Un fallo a favor de la educación pública

Hace pocas semanas, la justicia emitió un dictamen favorable ante una presentación realizada originalmente por padres de alumnos de escuelas técnicas. El juez a cargo resolvió declarar la acción como colectiva, definiendo que la clase afectada está conformada por todos los estudiantes regulares de establecimientos de Educación Técnico Profesional (ETP) de gestión estatal en la República Argentina.

El cuestionamiento legal recae sobre la Ley N° 27.798, la cual deroga artículos clave de tres normativas fundamentales:

  • El artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
  • El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
  • Artículos centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico.

Desde el sindicato explicaron que la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) permite que terceros ajenos a la disputa, pero con un interés justificado, expresen opiniones técnicas para ayudar a la resolución del litigio. En este sentido, AMET busca frenar el desfinanciamiento y lograr que el Estado Nacional retome su función de sostener el sistema educativo.

Los dirigentes gremiales destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en las actividades cotidianas de aprendizaje dentro de los talleres y espacios productivos. Por ello, iniciaron una campaña de recolección de firmas entre sus afiliados y la comunidad para fortalecer el pedido de una medida cautelar que proteja los fondos de la ETP.

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#AGMER judicializó el conflicto: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500

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El gremio docente mayoritario de Entre Ríos recurrió a la Justicia provincial para impugnar la última medida salarial del Ejecutivo. Cuestionan la inclusión de montos «en negro» y exigen el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Iosper.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 GOB. La presentación judicial apunta directamente contra la naturaleza de los incrementos dispuestos de manera unilateral por el Gobierno provincial, tras el rechazo sindical en la mesa paritaria.

El eje del reclamo: sumas no remunerativas

El sindicato solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo que respecta al carácter «no remunerativo» (en negro) de los montos asignados a los rubros:

  • FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente).

  • Conectividad (CPC).

Según AGMER, esta práctica está expresamente vedada por la Constitución de Entre Ríos, ya que desfinancia el sistema de seguridad social y no computa para el cálculo de beneficios futuros.

Impacto en jubilados y aportes patronales

La demanda no solo busca regularizar los haberes de los trabajadores activos, sino que también exige:

  1. Movilidad jubilatoria: Que se abone a los docentes pasivos el proporcional correspondiente al 82% móvil sobre los rubros FOPID y Conectividad.

  2. Aportes de Ley: El envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER/Iosper) en concepto de aportes patronales.

Un escenario de ruptura

Desde el gremio advirtieron que el Decreto 500/26, además de ser considerado ilegal por su composición, «está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia».

Con esta acción judicial, el conflicto docente suma un nuevo capítulo de tensión, trasladando la discusión técnica sobre la política salarial del Ejecutivo a los estrados del Poder Judicial de la Provincia.

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